La Paz, 10 de julio de 2025 – La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, denunció este jueves que el Gobierno, a través del Decreto Supremo 5413, autorizó la transferencia de más de 6,7 millones de bolivianos al Ministerio de Gobierno para la contratación de consultores. Campero acusó que estos fondos estarían siendo utilizados con fines proselitistas para apoyar la candidatura presidencial del oficialista Eduardo Del Castillo.
Campero detalló que el Decreto Supremo 5413, promulgado el 28 de junio y firmado por Luis Arce, autoriza traspasos presupuestarios internos para contratar «Consultores individuales de línea» y «Consultorías por producto». Según la legisladora, esto «demuestra con claridad y contundencia que esos recursos serán utilizados para la campaña del candidato Eduardo Del Castillo». La excusa para estos contratos es el programa de «Apoyo a la estrategia contra el narcotráfico y cultivos de coca».
La diputada señaló que los fondos, provenientes del Tesoro General de la Nación, se destinan específicamente a:
- Más de Bs 4,8 millones para la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI).
- Bs 1,9 millones para el Observatorio de Seguridad Ciudadana.
Campero afirmó que estos recursos serán utilizados para «contratar personas afines al MAS, que actuarán como operadores políticos de campaña, pagados por el Estado», calificándolos de «consultores a dedo y con fines electorales». Además, mencionó que el Director de Comunicación del Ministerio de Gobierno, quien maneja estos recursos sin fiscalización, sería el jefe de campaña de Eduardo Del Castillo.
Las declaraciones de Campero generaron una rápida respuesta por parte del oficialismo. Eduardo Del Castillo, exministro de Gobierno y actual candidato presidencial del MAS, negó cualquier vinculación con el uso de recursos estatales para fines electorales. «Es absolutamente falso. La mayoría del presupuesto del Gobierno va para sueldos y salarios», afirmó. En tono irónico, agregó: «Mis ahorros se están acabando, mi esposa se va a enojar».
Campero insistió en su denuncia y retó al Ejecutivo a responder la Petición de Informe enviada desde la Asamblea Legislativa para comprobar que los fondos públicos no están siendo desviados. “Si no tienen nada que ocultar, que respondan el informe. La ciudadanía merece transparencia sobre cómo se usan los recursos del Estado”, concluyó la parlamentaria opositora.
