La anulación de los procesos judiciales por las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas en noviembre de 2019, causaron preocupación e indignación entre las asociaciones de víctimas. A seis años de los hechos, las familias denunciaron que la justicia ha retrocedido «a fojas cero», reinstalando un escenario de impunidad que desconoce las recomendaciones internacionales y que, según advirtieron, reescribe la tragedia política y humana de aquel noviembre.
El 15 de noviembre de 2019, en Sacaba, una marcha de cocaleros y simpatizantes del entonces presidente Evo Morales fue reprimida por policías y militares, dejando al menos 10 muertos y decenas de heridos. Cuatro días después, el 19 de noviembre, en Senkata, un operativo combinado contra un bloqueo en torno a la planta de YPFB terminó con 11 muertos y decenas de heridos por impactos de bala, hecho que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), impulsado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificó como graves violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, pese a los informes internacionales, a las pericias balísticas y a los testimonios recogidos en ambos escenarios, los procesos por las dos masacres han quedado anulados. La decisión judicial se produjo tras un instructivo que ordenó revisar causas vinculadas a autoridades de alto nivel de 2019, lo que –según denuncian las víctimas– se tradujo en un efecto dominó que terminó por borrar los expedientes.
En este contexto, Leonardo Jora, vicepresidente de la organización de víctimas de Sacaba, afirmó a ANF que el retroceso en los casos “es equivalente a decir que no pasó nada”. Y advirtió que, aunque hubo nueve muertos y más de un centenar de heridos por impactos de bala, la justicia hoy sostiene que no existen responsables.
Según Jora, la audiencia que revisó las causas derivadas del gobierno interino de Jeanine Añez dejó el caso Sacaba en “fojas cero”, anulando el proceso y liberando de toda medida a quienes antes estaban imputados o con detención domiciliaria. “Nadie está con arraigo, nadie está con medidas. Se ha borrado todo, como si nuestros muertos no existieran”, denunció.
Mientras las víctimas de Sacaba denuncian el colapso del caso, en El Alto las familias afectadas por la masacre de Senkata viven una situación similar. David Inca, representante de la asociación de víctimas, sostuvo que la anulación de los procesos responde a una decisión política antes que jurídica, impulsada por autoridades que—según afirmó—“han privilegiado el cálculo político sobre la justicia”.
Inca señaló que el Instructivo 18, firmado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ordenó revisar expedientes vinculados a Jeanine Añez, Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho. Esa revisión, explicó, terminó anulando investigaciones clave sobre Sacaba, Huayllani y Senkata.
“La señora Añez queda totalmente sin responsabilidad penal. Eso es lo que han hecho”, aseguró a la ANF.
Para las víctimas, este retroceso no solo impacta en las investigaciones de 2019, sino que revive impunidades anteriores. Inca recordó que el 11 de noviembre, días antes de los hechos en Senkata, hubo 19 heridos de bala en El Alto y que ningún responsable policial fue identificado. En otro caso, en los hechos de violencia en Pedregal, con muertos y heridos, en la zona Sur de La Paz, solo un oficial recibió sentencia, mientras los comandantes quedaron libres.
Frente a este panorama, Jora cuestionó la actuación de los jueces que manejan la causa Sacaba. Aseguró que han “aplicado erróneamente” la figura del juicio de responsabilidades para procesar a militares y policías que actuaron directamente en los operativos. “No corresponde ese tipo de proceso para quienes dispararon. Ese error garantiza impunidad”, sostuvo, señalando que incluso los registros de heridos —más de 150 en Sacaba según su asociación— han sido minimizados.
El dirigente también lamentó que ninguna institución estatal haya respondido al cierre de los casos. Dijo que su organización llevó el tema ante la CIDH, el 19 de noviembre, donde el Ministerio de Justicia se comprometió a reinvestigar porque se habían cerrado las causas y a trabajar con las víctimas en la reglamentación de una ley de reparación integral pendiente desde 2021.
Desde la perspectiva de las víctimas de Senkata, la impunidad tiene un componente ideológico. Inca argumentó que los hechos de 2019 fueron posibilitados por un discurso político que justificó el uso excesivo de la fuerza. Mencionó que personas como la expresidenta Añez, el entonces candidato Carlos Mesa, el expresidente Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina promovieron narrativas que, según él, sirvieron para avalar la represión. «La ideología ordena matar. Y hoy esa misma ideología los libera», afirmó.
Inca sostuvo que los responsables han construido su defensa sobre la base de dos narrativas contrapuestas: el «golpe» y el «fraude». Ambas, dijo, han servido para excluir a las víctimas del relato oficial. «Para quienes defienden a los responsables, el 19 de noviembre no pasó nada. Nuestros muertos son fantasía. Eso es lo que nos están diciendo», criticó.
El representante también cuestionó el traslado de los casos a un juicio de responsabilidades —que llama «juicio de privilegio»—, ya que requiere dos tercios de la Asamblea Legislativa para avanzar. «Los diputados de derecha no votarán por las víctimas. Votarán por la victimaria», señaló, en referencia a Añez.
Las dos masacres fueron calificadas como violaciones graves de derechos humanos por instancias internacionales, ya que ocurrieron en un momento en que el gobierno interino de Jeanine Añez emitió un decreto (DS 4078) que eximia a las Fuerzas Armadas de responsabilidad penal por sus acciones durante dichas operaciones represivas.
A esta situación se suma lo que inca denunció como «protección estatal» a los responsables. Aseguró que el gobierno actual de Rodrigo Paz ha profundizado la revictimización al eliminar el Ministerio de Justicia, instancia que antes tenía el mandato de implementar las recomendaciones del GIEI.
Ambas asociaciones han llevado sus denuncias a instancias internacionales. Jora e Inca confirmaron que están presentando documentación ante la CIDH argumentando que el Estado boliviano ha incumplido la recomendación de iniciar procesos de oficio y de garantizar verdad, Justicia y reparación.
Fuente: ANF
