La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en diciembre de 1993, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la Unesco. La fecha conmemora la Declaración de Windhoek de 1991 y actúa como un recordatorio a los gobiernos sobre la necesidad de respetar su compromiso con una prensa libre, al tiempo que sirve como una jornada de reflexión para los profesionales de los medios sobre su ética y su situación en el mundo.
El monitoreo sistemático que Último Minuto realiza sobre el estado de la libertad de prensa en Bolivia registra un deterioro que ningún indicador puede soslayar. La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia presentó esta mañana su más reciente radiografía del periodismo nacional: la autocensura alcanza niveles récord, los ataques digitales se multiplican sin consecuencias y la judicialización contra periodistas se ha vuelto una posibilidad. Los datos que arroja la plataforma de monitoreo de la entidad gremial muestran un oficio que trabaja bajo amenaza, intimidación y una creciente sensación de desamparo institucional.
En los últimos treinta días, tres medios digitales bolivianos denunciaron públicamente ataques que revelan los mecanismos contemporáneos de censura. El periodista Junior Arias Paravicini, director de la Red DTV, documentó la suspensión de cuatro de sus cuentas en redes sociales en menos de un mes, un hecho que calificó como un ataque coordinado. «Hoy es DTV, mañana otros medios», advirtió el comunicador cruceño, en medio de la inhabilitación de páginas que acumulaban más de un millón de seguidores, bloqueadas mediante denuncias fraudulentas de suplantación de identidad y derechos de autor. Al mismo tiempo, la cuenta del portal Urgente.bo fue eliminada de TikTok en la noche del sábado 25 de abril y restituida recién al día siguiente. Su director, el periodista Grover Yapura, denunció el hecho como un «atentado contra la libertad de prensa» y reclamó la intervención de la comunidad internacional. Casi simultáneamente, la periodista Brissa Pabón sufrió la suspensión de su cuenta «Explainer Noticias» en esa misma plataforma por un lapso de cuatro horas, luego de publicar entrevistas críticas sobre la crisis en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. A la fecha, ni los responsables de estas inhabilitaciones han sido identificados, ni las víctimas recibieron una reparación completa.
El cuadro de situación no es nuevo, pero registra un avance sostenido de los mecanismos de presión contra la prensa. La Sociedad Interamericana de Prensa, días antes del 3 de mayo, alertó que la región vive un proceso de «normalización de la hostilidad contra la prensa» que se manifiesta en Bolivia a través de cuatro frentes claramente identificados: exclusión de la publicidad estatal, persecución tributaria contra medios independientes, un discurso oficial de descalificación permanente y la violencia material que emana de esas estigmatizaciones. La entidad hemisférica ubicó al país en la categoría de «alta restricción» dentro de su Índice Chapultepec 2026, un diagnóstico compartido por Reporteros sin Fronteras, cuyos datos colocan a Bolivia en el puesto 91 entre 180 naciones, evidenciando una situación que la organización define como «difícil» desde hace años.
El deterioro del ecosistema informativo no se agota en la censura digital. La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia denunciaron a mediados de febrero el secuestro y la violenta agresión sufrida por el periodista Jesús Z.S. en El Alto: fue interceptado por desconocidos cuando retornaba a su domicilio, reducido por la fuerza, trasladado 15 kilómetros hasta un terreno baldío y sometido a agresiones físicas con un arma cortopunzante que incluyeron el corte de su lengua. “Durante el ataque, sus agresores le profirieron amenazas explícitas: ‘Ahora sí, periodista de mierda te vas a morir… ahora vas a hablar, vamos a ver si puedes’”, evidenciando que el ataque estuvo dirigido a silenciar su voz. Ese mismo mes, la Defensoría del Pueblo condenó enérgicamente el hecho, calificándolo como una “violación grave al ejercicio del periodismo y a la libertad de expresión”. Hasta la fecha, el caso no ha tenido avances significativos.
La violencia física contra quienes informan tiene también un rostro institucional. El 22 de abril, policías antimotines agredieron a periodistas que cubrían una protesta de maestros en la Plaza Murillo. Ojos irritados, dolores de cabeza y equipos dañados fueron el saldo de la agresión física y el maltrato emocional sufrido, que afectó especialmente a mujeres periodistas. La corresponsal Erika Segales reclamó: “No basta con una disculpa, debe sancionarse a los responsables de la brutal agresión policial”. La Defensoría del Pueblo deploró los hechos y recordó que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas de prevención durante operativos de control, evitando afectaciones a trabajadores de prensa. “Ninguna acción de mantenimiento del orden público puede justificar vulneraciones al derecho a la libertad de prensa, a la integridad personal ni al ejercicio libre del trabajo periodístico”, enfatizó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
El clima restrictivo se refleja también en las estadísticas. La Defensoría del Pueblo y otras organizaciones de sociedad civil registraron 62 vulneraciones a la libertad de prensa entre septiembre de 2025 y febrero de 2026. Las agresiones contra periodistas, que incluyen estigmatización, violencia verbal y física, reflejan un clima restrictivo para el ejercicio de derechos fundamentales. La Asociación Nacional de la Prensa advirtió, además, que el daño a la libertad de expresión en Bolivia no es solo político sino también estructural. La suspensión de la edición impresa del periódico cochabambino Opinión se suma a la desaparición de al menos tres medios escritos en la última década, víctimas de una asfixia económica que combina la pérdida de pauta publicitaria estatal con un entorno adverso para la inversión privada. El silencio de un periódico, ha remarcado la ANP en reiteradas oportunidades, equivale a la pérdida de una voz libre y del derecho ciudadano a acceder a información plural. A ese vacío se suma la ausencia de una ley de acceso a la información pública, que Bolivia aún no ha logrado aprobar pese a ser uno de los pocos países de la región que carece de una normativa de esta naturaleza.
Último Minuto, que desde su origen ha asumido como tarea central el acompañamiento y la vigilancia del ecosistema informativo, no puede dejar de señalar estas evidencias. La libertad de prensa no es un privilegio gremial: es la condición de posibilidad del periodismo independiente y del derecho ciudadano a estar informado. Agregar noticias, contextualizar datos y analizar tendencias pierde todo sentido si quienes producen la información original trabajan bajo amenaza, con empleos precarizados, con perfiles bloqueados sin explicación, con fiscales que no investigan las agresiones y con policías que los gasifican mientras intentan hacer su trabajo.
El Estado boliviano tiene una deuda pendiente de más de quince años con el periodismo independiente. No basta con condenar las agresiones en comunicados oficiales cuando los responsables siguen en libertad y los casos emblemáticos como Las Londras, el secuestro y tortura de siete periodistas en Guarayos ocurrido en 2022, continúan sin condenas. El Estado debe garantizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial de cada agresión —sea física, digital o judicial— que sufra un periodista en el ejercicio de su profesión; se requieren reformas legales estructurales que incluyan una ley de acceso a la información pública y un mecanismo nacional de protección a periodistas, demandas que el gremio lleva años planteando sin obtener una respuesta legislativa; es necesario que las fuerzas policiales respeten los estándares internacionales en contextos de conflicto social y no conviertan a los reporteros en objetivos de represión; y la impunidad, que se ha normalizado en el sistema judicial boliviano, debe ser desmontada con acciones concretas que demuestren que el silencio forzado de un periodista no quedará sin castigo. El futuro de la democracia y el derecho de los bolivianos a estar informados dependen de que estas tareas pendientes se conviertan en prioridades efectivas.
Fuente: ULTIMO MINUTO
