En medio de una escalada de ataques armados y hechos que evidencian graves fisuras en el sistema de seguridad, el Gobierno anunció anoche la creación de un Grupo Táctico de Seguridad que operará desde Santa Cruz, integrado por élite policial especializada en narcotráfico y terrorismo.
En paralelo, activó el Consejo Sectorial de Seguridad Ciudadana (Ley 264 de 2012), con base en La Paz, y ordenó reforzar la presencia militar en ciudades fronterizas.
La decisión asumida por las principales autoridades del Estado presentes en la reunión de emergencia: Ministro de Gobierno, el Fiscal General, Roger Mariscal, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, el gobernador electo, de Sabrá Cruz, Juan Pablo Velasco, el alcalde Manuel Saavedra comandantes de la Policía y Fuerzas Armadas llega tarde y bajo presión, tras una seguidilla de hechos criminales que han encendido las alarmas:
El asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, en plena vía pública de la ciudad de Santa Cruz, la noche del jueves 30 de abril de 2026.
El sábado 2 de mayo de 2026 en la zona del cuarto anillo y canal Isuto, Santa Cruz, otro ataque armado dejó un ciudadano colombiano muerto y un herido a plena luz del día.
Y más grave aún: la toma del aeródromo “El Coloradillo” por un grupo de encapuchados entre las 05:30h y 06:00h del viernes, 1 de mayo que logró ingresar al hangar 116 y sacar una avioneta perteneciente a Marset y despegar luego, sin autorización, desde el aeropuerto crucero «El Trompillo», según denunció el «zar antidroga», Ernesto Justiniano.
Cabe recordar que el 24 de abril, el mismo aeródromo El Coloradillo fue intervenido por un grupo de 30 encapuchados que sustrajeron objetos valiosos de Marset de tres hangares bajo custodia del Ministerio de Gobierno, informó esta repartición.
La avioneta de Marset robada el viernes 1 de mayo de «El Coloradillo» despegó desde “El Trompillo” esa misma noche, sin autorización. La aeronave debía ser sometida a un peritaje de succión para hallar rastros de droga.
¿Cómo un grupo armado irrumpe en una instalación bajo control del Estado y despega la aeronave sin ser detenida?
La pregunta expone posibles fallas estructurales —o algo más profundo— en los sistemas de control y seguridad.
En Yacuiba, Tarija, el viernes, 1 de mayo, a las 21:00h un hombre fue acribillado presumiblemente por un ajuste de cuentas en inmediaciones del estadio Fabián Tintilay.
Una seguidilla de crímenes en pocas horas a cargo del sicariato del crimen organizado.
El Grupo Táctico y el Consejo Sectorial de Seguridad llegan en un momento de grave crisis de seguridad.
Sin embargo, las medidas contrastan con un dato clave:
El país sigue sin viceministro de Seguridad Ciudadana, tras la renuncia del Cnel. de Policía, René Montaño por falta de coordinación interna.
La sombra de Marset
El caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset vuelve al centro del debate. Su captura en Bolivia el 13 de marzo de 2026 y entrega inmediata a la DEA dejaron más preguntas que respuestas.
Versiones de prensa señalan que su salida exprés habría impedido identificar la red de protección que operaba dentro de estructuras estatales. A esto se suma la misteriosa desaparición y posterior reaparición de una caja fuerte que contenia un celular de Marset con contactos clave, alimentando sospechas sobre encubrimiento.
Crisis de seguridad en desarrollo
Las decisiones fueron tomadas en una reunión de emergencia en Santa Cruz, con presencia de autoridades nacionales, judiciales y regionales, tras la presión del Comité pro Santa Cruz.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que existe un compromiso para defender la seguridad y el Estado de derecho.
Sin embargo, los hechos recientes muestran un escenario más complejo:
crimen organizado operando con violencia abierta
infraestructuras vulneradas
vacíos en la estructura de seguridad
y posibles redes de protección aún no esclarecidas
A propósito de las declaraciones del Vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, y del presidente del Tribunal de Justicia, Romer Saucedo, que afirmaron que el Estado está perdiendo el control frente al crimen organizado, la pregunta de fondo ya no es solo cómo responder, sino cuánto control ha perdido el Estado en territorios clave y si los acuerdos y declaraciones tendrán efecto práctico.
