Bolivia reconfigura su política soberana de lucha contra el narcotráfico mediante un modelo que reabre los canales de financiamiento y datos tácticos proporcionados por Washington, 18 años después del quiebre de relaciones operativas. La DEA vuelve al país bajo la figura de apoyo logístico.
El nuevo convenio sustituye los antiguos patrullajes armados en el trópico de Cochabamba por un soporte enfocado en la tecnología y la fiscalización del lavado de dinero, entre otros. Esta estructura técnica reinserta al país en los bloques de inteligencia hemisférica bajo un esquema de coordinación institucional que preservará las competencias legales y operativas del Estado, informó la Cancillería.
El documento, suscrito el martes pasado por el canciller Fernando Aramayo y la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Debra Hevia, oficializa una transferencia de hasta 20 millones de dólares para luchar contra el narcotráfico. Los recursos económicos fortalecerán las capacidades institucionales de interdicción sin comprometer la autonomía territorial del Estado.
La oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), una agencia dependiente del Departamento de Estado del país del norte, gestionará de manera directa el destino de estos fondos para el trabajo de las fuerzas del orden locales.
En la década de 1980
La era de la erradicación forzosa y la intervención armada se suscitó en las décadas de 1980 y 1990, la política antidroga de Bolivia dependió de los recursos y lineamientos de la administración estadounidense bajo la Ley 1008. En ese periodo, la presencia de la Administración de Control de Drogas (DEA) y el despliegue del Plan Dignidad (1997-2001) lograron la mayor reducción histórica de cultivos de coca, al registrar un descenso de 33.800 hectáreas a 7.900 hectáreas de cultivos del arbusto en el trópico de Cochabamba. No obstante, informes de organismos internacionales de derechos humanos documentaron que la estrategia de erradicación forzosa provocó enfrentamientos civiles recurrentes en las zonas productoras, así como denuncias por detenciones arbitrarias, torturas y muertes atribuidas a las fuerzas de interdicción uniformadas, lo que fue repudiado.
Expulsión
La dinámica de interdicción cambió radicalmente en 2008, cuando el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales, ordenó la expulsión de la DEA y suspendió los convenios operativos suscritos con Washington. A partir de ese hito, Bolivia implementó un modelo de “nacionalización” de la lucha contra el narcotráfico y control social de los cocales. De acuerdo con los datos históricos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodd), durante los años de ausencia de la agencia estadounidense, la Policía incrementó de forma sostenida los volúmenes anuales de incautación de pasta base y clorhidrato de cocaína en comparación con los registros de la década de 1990, aunque el país recibió la descertificación anual continua de la Casa Blanca.
Nuevo pacto
El nuevo marco normativo establecido por el actual Gobierno de Rodrigo Paz restablece el flujo de cooperación internacional mediante directrices.
La Cancillería precisó que el texto del acuerdo excluye el retorno operativo de agentes armados extranjeros o personal de la DEA a territorio nacional, y enfoca todas las acciones antidrogas en forma de asistencia técnica.
El financiamiento se distribuye en componentes tales como el equipamiento policial, con la compra de tecnología de comunicación, sistemas informáticos y suministros tácticos para las unidades de investigación penal; vigilancia fronteriza, para el fortalecimiento técnico de los puestos de control limítrofes para detectar el desvío de precursores químicos; delitos financieros que tienen que ver con la capacitación técnica para la identificación de operaciones de lavado de activos.
