El presidente Luis Arce promulgó este miércoles la Ley 1623 que autoriza un crédito de $us 176 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para financiar la construcción del Tramo 2B Confital-Bombeo de la doble vía Caracollo-Colomi, una obra estratégica para la conectividad del departamento de Cochabamba. El proyecto, que forma parte de la Ruta Nacional 4 de la Red Vial Fundamental, había permanecido bloqueado en la Asamblea Legislativa desde 2023 hasta su reciente aprobación.
El financiamiento, establecido mediante la Adenda N°1 al Contrato de Préstamo CFA 9545, incrementa en $us 88 millones el monto original pactado entre el Estado boliviano y la CAF en julio de 2023. Según la normativa promulgada, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación, será el encargado de asumir las obligaciones de repago del crédito.
La obra contempla la construcción de más de 44 kilómetros de pavimento rígido con una loza de 25 centímetros de espesor, además del puente Vilayaque, una estructura de 123 metros de longitud que cruzará una zona de topografía montañosa en el municipio de Tapacarí. Marcel Claure, presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), destacó que este tramo vial forma parte del corredor Oeste-Este y será clave para mejorar la transitabilidad de la población, el transporte de carga y las actividades productivas en la región.
El proyecto se enmarca en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 «Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien», que establece como meta para este año incrementar la infraestructura vial construida y rehabilitada en el país. Las autoridades aseguran que la doble vía Caracollo-Colomi no solo mejorará la conectividad entre regiones, sino que también contribuirá a reducir los costos logísticos y dinamizará el comercio en el eje central de Bolivia.
Sin embargo, algunos sectores han manifestado preocupación por la transparencia en la ejecución del proyecto, exigiendo que se hagan públicos los detalles de los procesos licitatorios y los plazos de construcción. La obra, considerada prioritaria por el gobierno, ahora enfrenta el desafío de su implementación en un contexto económico complejo, marcado por restricciones fiscales y presiones inflacionarias.
Con esta aprobación, el Ejecutivo busca reactivar una infraestructura clave para el desarrollo del transporte en Bolivia, aunque su impacto real dependerá de la eficiencia en la ejecución y el manejo de los recursos. La CAF, por su parte, consolida su rol como uno de los principales financiadores de obras de infraestructura en el país.
