A menos de cuatro meses de los comicios generales, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) enfrenta una presión crítica tras la presentación de cuatro recursos de amparo que cuestionan la convocatoria electoral del TSE. Los magistrados, cinco de ellos auto prorrogados, deberán decidir si garantizan el proceso o repiten el escenario de paralización que marcó las elecciones judiciales de 2024.
El legislador oficialista Israel Huaytari impulsa el primer recurso, exigiendo paridad de género en los binomios presidenciales. Mientras tanto, el exmagistrado Gualberto Cusi —aliado de Tuto Quiroga— y organizaciones indígenas como la CIDOB y la nación Qhara Qhara demandan participación directa en las elecciones sin intermediación de partidos políticos, basándose en el artículo 209 de la Constitución.
El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, advierte que estos reclamos están «mal planteados», ya que la convocatoria no regula los requisitos de candidaturas, y recuerda que el Legislativo ignoró un proyecto sobre paridad presentado en 2024. Sin embargo, el fantasma de la injerencia del TCP ronda el proceso: en 2024, sus resoluciones fragmentaron las elecciones judiciales.
«El escenario ha empeorado. El mismo magistrado que paralizó comicios desde la Sala Cuarta ahora preside el TCP», alerta el constitucionalista Marco Antonio Baldivieso. Con los plazos corriendo y la desconfianza creciendo, Bolivia espera si el TCP honrará su acuerdo con el TSE o si, una vez más, el proceso electoral quedará a merced de decisiones judiciales.
