Argentina, 15 de mayo de 2025. El Gobierno de Javier Milei anunció una inminente reforma migratoria a través de un decreto, con un discurso que recuerda al del presidente estadounidense, Donald Trump. “Argentina no será tierra fértil para la llegada de los delincuentes”, afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien también es candidato a diputado por La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires.
Entre las medidas anunciadas se encuentran el rechazo a condenados que intenten ingresar al país, la deportación de quienes entren de forma irregular y el cobro por la atención médica a extranjeros no residentes. Además, el Ejecutivo busca que las universidades públicas también comiencen a cobrar a los estudiantes extranjeros, rompiendo con más de siete décadas de educación gratuita para todos. Aunque esa decisión depende de cada institución, el Gobierno presiona mediante recortes presupuestarios.
Organizaciones de derechos humanos advirtieron que varios de los cambios propuestos no pueden ser aplicados por decreto y requieren la aprobación de la Asamblea Legislativa. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostuvo que “no se puede establecer un régimen excepcional para ciertas personas sin debate en el Congreso”, ya que está en juego el derecho a la defensa.
La nueva postura oficial representa un giro respecto a la histórica política migratoria argentina, que por décadas fue abierta y receptiva, especialmente con inmigrantes europeos. Adorni contrastó el pasado con la situación actual, al señalar que la inmigración anterior era “virtuosa, a base de trabajo y respeto por la ley”, mientras que hoy “entra casi cualquiera, incluso condenados con penas menores a tres años”.
El Gobierno también argumenta que los extranjeros significan una carga económica para el Estado. En un comunicado, la Oficina del Presidente cuestionó que “los pagadores de impuestos deban sufrir las consecuencias de extranjeros que ingresan únicamente para hacer uso y abuso de recursos que no son suyos, como los denominados tours sanitarios”.
Aunque el Ejecutivo insiste en la urgencia de aplicar estas reformas, datos oficiales muestran que los extranjeros representan menos del 1% de los usuarios del sistema público de salud. Aun así, desde diciembre de 2023, al menos cinco provincias comenzaron a cobrar por la atención médica programada a personas no residentes. La ciudad de Buenos Aires fue la última en sumarse.
Las medidas fueron anunciadas pocos días antes de las elecciones legislativas en la capital argentina, donde el oficialismo busca ampliar su presencia. Mientras tanto, especialistas y organizaciones sociales anticipan que, de aprobarse en los términos actuales, la reforma migratoria terminará siendo judicializada.