Camila Azeñas Uzquiano
A una semana de la gran movilización del 31 de enero, marcha que lejos de ser invención y mérito primigenio de alguna personalidad u organización, es la respuesta masiva y colectiva a las constantes arremetidas del sistema patriarcal capitalista. Las violencias machistas no son un trastorno del orden regular de las cosas, es una dinámica endémica de ese sistema al que estamos dados y que se ha profundizado durante estos dos últimos años de crisis sanitaria global.
Esta coyuntura pandémica absorbió una normalidad en estos términos, la excepcionalidad fáctica hizo del aislamiento y la reclusión un exacerbante en la erosión de la epidermis colectiva respecto las formas corruptas, negligentes y criminales que tiene el proceder del aparato judicial y policial boliviana, frente a los múltiples casos de feminicidios, violaciones y violencias machistas irresueltos.
La marcha del pasado lunes que tuvo como detonante los casos de Iris y Lucy vinculados a Richard Choque que ha destapado una red de consorcios cómplices, ha materializado la demanda masiva por justicia, la urgencia por una respuesta verosímil del Estado, mecanismos prácticos e inmediatos que viabilicen y garanticen su acceso y su efecto real para dejar de producir y reproducir una justicia a la medida de quienes gozan de los capitales suficientes para deslindarse de cualquier responsabilidad y sentencia cabal, y esto a su vez ha logrado inyectar la impunidad feminicida en la conciencia colectiva de la sociedad boliviana.
¿Las violencias machistas tienen raíces estructurales arraigadas en la reproducción de un orden social equivalente? Si, se ha hablado y se ha señalado esto. ¿Que la respuesta es una reforma al órgano judicial y a toda instancia vinculada a la producción de justicia, como a su prevención? También ¿Se necesita la reforma de la ley 348 para garantizar incluso el correcto proceder de cualquier instancia que asuma la tarea pendiente? Efectivamente.
Pero las víctimas y las familias no pueden esperar el tiempo que lleva una reforma estructural del órgano judicial y policial. Nos matan, nos violan, nos violentan y no hay tiempo para burocracia (inevitable) Entonces ¿Es posible dar una respuesta sostenible y real sin esta? estamos inmersos en una paradoja agria.
La comisión ¨de excepcionalidad histórica¨ planteada por Mujeres Creando contemplaba si, una esfera de alto nivel que pueda conjuncionar los diferentes poderes del Estado contando así con la capacidad de revertir sentencias de determinadas características, pero haciendo énfasis en la necesidad de un equipo numeroso, técnico, profesional y que involucre la participación activa de la sociedad civil.
Experiencia en comisiones se tiene, no solo el precedente y error, si no la vigente comisión mixta de investigación de casos de feminicidio y violencia de la ALP como referencia. La voluntad gubernamental de responder a la demanda es innegable, y es la que ha llevado a la conformación de la Comisión (cerrada y obtusa) que tenemos ahora, la pregunta es ¿Esa voluntad es suficiente para dar soluciones inmediatas y prácticas? va a tener que responder a la movilización y acción de la sociedad civil organizada e inconforme. La Federación Regional de Gremiales de El Alto y juntas vecinales realizarán una marcha de protesta hoy lunes 7 de febrero, contra el accionar de jueces, fiscales y policías, es decir, contra el aparato judicial y policial y van a exigir acciones inmediatas.
Declarar el 2022 como el Año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres, plantea justamente estas reformas estructurales y no puede quedar en un slogan como si de una marca se tratara, pues supondría una articulación perfecta con los modos de producción de un capitalismo patriarcal-colonial. Que la respuesta política desde el Estado se disuelva en un relativismo impotente frente a la injusticia, NO es una opción.
La autora es politóloga y activista feminista
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