Opinión

Por Raúl Gustavo Ferreyra y Eugenio Raúl Zaffaroni 8 de enero de 2024 Todos sabemos que los medios de comunicación crean realidad, que pueden mentir, que hay “fake news” a montones, que en todo eso se manipulan intereses enormes, que nada de lo que se informa es del todo inocente y muchas otras cosas más. Pero, a pesar de todo lo que ya sabemos, a veces hay hechos que tan insólitos que todavía nos asombran. Se ha dicho que la capacidad de asombro es una condición indispensable para el filósofo y, aunque no cultivemos en particular la filosofía, nos estimula saber que este mundo de inteligencia artificial no nos ha hecho perder la capacidad de asombro. Al final, aunque no lo sepa, todo ser humano es un filósofo, pues en algún momento de su vida se pregunta ¿Quién soy? Pero volviendo a nuestro asombro actual, el hecho trepidante que lo motiva es la noticia –difundida a grandes titulares o a fuertes alaridos por todos los medios de comunicación- acerca de que el máximo tribunal boliviano decidió que Evo Morales (foto) no podrá ser candidato a presidente en las elecciones del año próximo. Esa información explotó y se expandió por todo el mundo y es muy posible que el lector de estas líneas esté convencido de que Evo está judicialmente proscripto como candidato presidencial en Bolivia. Pues bien: eso es falso. Es una mentira. Es una “fake new” de dimensiones siderales, que deforma lo decidido en una sentencia larga, farragosa y de pesadísima lectura, que resuelve otra cosa y que cita -sin ninguna razón lógica- jurisprudencia internacional que a su vez se refiere también a otra cosa. Como siempre, detrás de una gran mentira o de una estafa hay algo que le proporciona el pie al ardid o engaño. En este caso es una sentencia de una de las salas del máximo tribunal (no de su pleno), pero que, por increíble que sea, tampoco decidió la proscripción de Evo. Se supone que las sentencias deben ser claras, para que el lector siga cierta coherencia argumental y comprenda las razones del decisorio, pero este curioso documento procede a amontonar sin orden citas jurisprudenciales acumuladas por algún secretario poco letrado, con el conocido método de “corte y pegue” de computadora, para acabar resolviendo correctamente lo que en verdad se le planteaba, que es la declaración de inconstitucionalidad de una norma absurda, según la cual todo candidato a una función en el judicial, para inscribirse en el concurso respectivo, debía acreditar que antes no había emitido opiniones políticas públicamente. Pues bien: los jueces de la Sala –o mejor el secretario con tijera- en lugar de resolver eso en diez hojas, se extienden a ochenta y tres páginas de abigarradas e inútiles citas sobre cuestiones que no hacen a lo que los jueces deben juzgar, como si fuese un desordenado apunte de cuestiones elementales de derecho constitucional e internacional. Como cualquier ciudadano puede ver, la cuestión que se sometió al máximo tribunal –y que resolvió correctamente- no tiene nada que ver con el sistema electoral ni con la reelección presidencial: se trataba, simplemente, de decir que es un despropósito que alguien se inhabilite para concursar a un cargo por el hecho de expresar públicamente sus opiniones políticas. Pero muchas veces, en las sentencias se dicen algunas cosas al margen del asunto que se debe resolver; es algo así como “ya que estamos” o “de paso decimos”. Se llama a eso técnicamente “obiter dictum”: “obiter” en latín significa “a propósito de”, y “obiter dictum” significa “a propósito de lo dicho”. Pues bien: en el caso de esa sentencia es “a propósito de cucarachas” –como suelen decir los mexicanos en estos casos- porque el tema tratado no tiene absolutamente ninguna vinculación con el sistema electoral boliviano ni con la reelección presidencial ni con el estatuto del poder. Se trata de algo que está claramente traído de los pelos, aunque por lo insólito, ilógico e inexplicable, no se sabe de qué parte del cuerpo son los pelos. Páginas y páginas se llenan con citas jurisprudenciales, con la obvia obligación de ejercer el control de convencionalidad respecto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y, para completarlo, se cita una opinión consultiva de esa Corte que decidió que es contraria a la Convención Americana la reelección indefinida de los presidentes. Aquí se produce otro fenómeno particular no menos llamativo: lo que decidió la Corte Interamericana es la inconvencionalidad de las reelecciones indefinidas, es decir, seguidas y que, según esa jurisprudencia, serían violatorias de la Convención Americana, como el caso del presidente Roosevelt, que fue reelecto tres veces, aunque no pudo asumir el cuarto mandato porque falleció. Salvo algún republicano furioso, a nadie se le puede ocurrir la peregrina idea de que por eso Roosevelt haya sido un dictador, pero eso es harina de otro costal. Cabe aclarar que la Corte Interamericana decidió eso en una Opinión Consultiva solicitada por Iván Duque, el entonces presidente de Colombia, siempre atento a las sugerencias de la Secretaría de Estado de ese momento y que casi tiñe de sangre nuestro continente con una guerra entre hermanos. La solicitud de Opinión Consultiva formulada por este personaje estaba claramente dirigida contra Evo Morales, solo que llegó tarde. Pero obviamente, lo que resolvió la Corte Interamericana, cualquiera sea la opinión al respecto, no es el caso de Evo Morales ni los previstos por constituciones como las de Argentina o Brasil, que permiten solo una reelección seguida, pero no impiden la reelección después de un período. Con el método de la tijera del secretario apresurado, se la trae a cuento y, luego en una rara interpretación de tres palabras perdidas en el tumulto de la farragosa sentencia, la Sala dice que Evo no podría ser candidato, como opinión particular de los jueces y totalmente al margen de lo que están resolviendo. Es claro que la sentencia no resolvió si Evo podrá o no ser candidato, porque se trata solo de un comentario al margen de lo que decidió y

En este artículo analizaremos como el crecimiento de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra ha sido gobernado por intereses capitalistas y patriarcales, donde las mujeres, niños, personas con discapacidad, minorías sexuales y de género son omitidos en la planificación urbana. Para abordar este tema es necesario entender sus antecedentes históricos; así que empecemos recordando que, tras la Segunda Guerra Mundial, a sugerencia de EEUU, Bolivia dio asilo a fugitivos nazis alemanes y a miembros de la USTACHA, partido fascista croata, que en su mayoría eran hombres (parte del Plan Ratlines). Y que para preservar su asentamiento en Santa Cruz y mejorar su condición económica, los inmigrantes nazis decidieron establecer alianzas familiares con la burguesía cruceña, que también tenía influencia fascista, ya que su posición económica privilegiada se debía a beneficios de gobiernos neoliberales. Ya en su posición de líderes familiares, estos hombres demarcaron la división de roles de género de producción (trabajo) y reproducción (vivienda), con el fin de tener el control económico de sus nuevas familias; impusieron un modelo familiar patriarcal, donde el padre actúa como la máxima autoridad y delega la administración controlada de su capital al resto del clan familiar. Estos clanes familiares impusieron el régimen de género en todo Santa Cruz, dando como resultado hombres organizados tanto económicamente como políticamente, conformaron logias sumamente machistas y elitistas, desde donde podían negociar sus intereses económicos. En la actualidad estas logias manejan el Comité Cívico Pro Santa Cruz, para defender sus intereses de clase, con el apoyo de diferentes fracciones de clase, que tienen como líderes exclusivamente a hombres y donde las mujeres son subordinadas como objetos. El régimen de género de Santa Cruz coexiste como resultado de las relaciones del género con las derivadas de la clase social, la cultura (el regionalismo, la comparsa carnavalera a la que perteneces), la religión, lo étnico (si eres cruceño, camba, cunumi, colla o cualquier diferencia étnica que van identificando), etc. Robert Connell, escribe desde una perspectiva gramsciana (Gramsci analizó los aspectos no coercitivos del poder, que operan a través de la cultura, en oposición a las formas más directas y brutales de dominación) y afirma que las ideas sobre la sexualidad y los papeles atribuidos a cada género no sólo se sostienen a fuerza de poder y opresión, sino gracias a la satisfacción que encuentran los sujetos en su posición dentro de un régimen de género determinado (Connell, 1987, 1995).   La ciudad también es representación de como la ocupamos, en el caso de Santa Cruz se dio una marcha multitudinaria de mujeres pidiendo que saquen de la cárcel a su gobernador (quien emula la identidad machista camba), esto demuestra que estas mujeres han aceptado e incluso defienden su situación en el sistema de relaciones patriarcales (connivencia femenina con el patriarcado). Esto se debe a que las mujeres dependen de las relaciones los clanes familiares, de las logias y del Comité Cívico Pro Santa Cruz, su interés por apoyar el sistema reside en que va en ello su supervivencia a largo plazo y su bienestar material, aún cuando suponga la opresión para ellas y para sus hijas. Son las mujeres las que ayudan mantener este régimen de genero con tinte religioso (para ser incuestionable) y familiar (para ser transmitido de generación en generación), llegando a impregnarse en toda la sociedad que habita el Oriente boliviano. Vale recordar que las mujeres no pueden acceder a la presidencia del Comité Cívico, a su estructura patriarcal, y para ellas crearon un Comité Cívico Femenino, sin ningún peso político en la red de poder local de la oligarquía cruceña. Tampoco pueden acceder a las candidaturas los indígenas tanto del occidente o del oriente. Aquí la pigmentación de la piel vale tanto cuanto el capital que el candidato tiene acumulado. Como dueños incuestionables de Santa Cruz, los hombres burgueses han diseñado la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, según sus intereses, por eso podemos ver una distribución segregada a partir de funciones; con áreas netamente comerciales, industriales, residenciales y de ocio; que no toman en cuenta las prácticas del resto de los ciudadanos, que a lo largo del día vamos encarando diferentes actividades, más aun siendo mujeres, ya que asumimos roles de cuidado, lo que implica desplazamientos extras, como, llevar al colegio a los hijos, acompañar a un adulto mayor a cobrar su renta dignidad, acompañar a un familiar a sacar ficha para ser atendido en un centro de salud, etc. Este modelo corporativo urbano lo que está haciendo es que tengamos que dedicar un mayor tiempo y un mayor desplazamiento para poder llevar a cabo nuestras tareas del día a día.  La forma en que este régimen va diseñando la ciudad favorece a los hombres heterosexuales, cisgénero, sin discapacidades y con acceso a un auto y pone en constante peligro a los adultos mayores, las mujeres, los niños, las minorías sexuales y de género, y las personas con discapacidad, que además son clase trabajadora; estos grupos infrarrepresentados en el diseño de la ciudad, ocupan de diferente manera la ciudad, no tienen acceso a áreas de recreación seguras, que se han convertido en un privilegio de clase en Santa Cruz, del que solo disfrutan los que viven en condominios cerrados. El resto de la población es susceptible de sufrir un asalto, una violación o incluso un asesinato, si se dispone a ir a sentarse a una plaza pública. La auto-segregación de las élites en condominios privados, puede brindar seguridad a sus moradores, pero por fuera representan un peligro para los peatones sobre todo para las mujeres, ya que los muros que rodean esos condominios parecen laberintos silenciosos, sin aceras y oscuros en las noches, óptimos para cualquier agresión sexual. En un contexto regional de inseguridad e incremento de la violencia de género, la condición de las mujeres se fragiliza, las prácticas urbanas también hacen del espacio público un escenario magnífico para que sea factible la reproducción de la violencia contra las mujeres, esto se ha visto con la violación de una menor