Con apoyo de legisladores dialoguistas y parte de otros sectores alternativos, el oficialismo logró aprobar un presupuesto que elimina garantías de inversión mínima en educación y ciencia, generando fuertes críticas de universidades, gremios y sectores opositores.
El Senado argentino aprobó este jueves el proyecto de Presupuesto 2026 impulsado por las políticas de “motosierra” de Javier Milei, en una sesión marcada por tensiones y acusaciones cruzadas.
La iniciativa, respaldada por legisladores dialoguistas y algunos peronistas, introduce recortes profundos en áreas estratégicas como Educación, Ciencia y Tecnología, lo que ha desatado un amplio rechazo de la comunidad académica y científica.
Uno de los puntos más polémicos es el Artículo 30, ya aprobado en la votación en particular, que deroga leyes que garantizaban mínimos obligatorios de inversión en sectores clave.
Hasta ahora, la normativa establecía un piso del 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a educación y una senda progresiva para alcanzar el 1 por ciento del PIB en ciencia y tecnología. Con la nueva disposición, esos compromisos quedan sin efecto, abriendo la puerta a una reducción drástica de los fondos públicos para universidades, enseñanza técnica y proyectos científicos.
La medida impacta especialmente en la educación técnico-profesional, un sector que ya venía denunciando recortes y atrasos en la ejecución de recursos. Organizaciones gremiales y universidades nacionales alertaron que el presupuesto proyectado para 2026 no alcanza siquiera para garantizar el funcionamiento básico de las instituciones, lo que podría traducirse en cierres de programas, paralización de investigaciones y deterioro de la calidad educativa.
Durante el debate, las voces opositoras fueron contundentes. El senador José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria, calificó el proyecto como una muestra de “decadencia y corrupción” del gobierno, al que acusó de disfrazar un ajuste severo bajo el argumento de equilibrio fiscal. En la misma línea, la legisladora Juliana Di Tullio advirtió que el presupuesto “va a cagarle la vida a los argentinos” y sostuvo que Milei terminará enfrentando consecuencias judiciales al concluir su mandato. Para Di Tullio, el articulado refleja una intención deliberada de “demoler el Estado-Nación” construido a lo largo de la historia argentina.
En contraste, sectores aliados al oficialismo defendieron la iniciativa como un paso necesario para dar previsibilidad a la economía.
La senadora tucumana Beatriz Ávila, del bloque Independencia, reconoció que el proyecto “no es el ideal”, pero lo consideró una herramienta que brinda certidumbre en un contexto de crisis. Por su parte, la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aseguró que el presupuesto refleja el mandato popular expresado en las urnas el pasado 26 de octubre, cuando Milei y su alianza obtuvieron la victoria electoral.
El trasfondo de la discusión revela un choque de visiones sobre el rol del Estado en la educación y la ciencia. Mientras el oficialismo insiste en aplicar la llamada “motosierra” para reducir el gasto público, los sectores opositores y académicos advierten que el ajuste compromete el futuro del país, debilitando áreas estratégicas para el desarrollo nacional y la soberanía tecnológica. La eliminación de los pisos de inversión, señalan, no solo afecta a las universidades y centros de investigación, sino también a la formación de profesionales y técnicos indispensables para la industria y la producción.
La aprobación del presupuesto marca un nuevo capítulo en la política de ajuste del gobierno de Milei, que ha convertido la reducción del gasto estatal en bandera de su gestión. Sin embargo, las consecuencias de estas medidas podrían sentirse en el mediano plazo, con un sistema educativo debilitado y una comunidad científica sin recursos para sostener proyectos de innovación. En un país históricamente reconocido por sus aportes en ciencia y tecnología, el recorte amenaza con profundizar la fuga de talentos y limitar la capacidad de respuesta frente a los desafíos globales.
La votación en particular de los artículos restantes continuará en las próximas horas, pero el aval al polémico Artículo 30 ya anticipa un escenario de confrontación entre el gobierno y los sectores que defienden la educación pública y la investigación científica como pilares del desarrollo nacional. En ese contexto, las universidades, gremios docentes y organizaciones científicas se preparan para intensificar las movilizaciones y denunciar lo que consideran un retroceso histórico en materia de derechos sociales y soberanía educativa.
FUENTE: TELESUR