El Gobierno de Argentina anunció este miércoles una serie de reformas significativas para endurecer su política migratoria, abarcando desde la expulsión de extranjeros con condenas penales hasta el cobro de servicios sanitarios a aquellos en situación irregular o con residencia temporal.
El portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, calificó la legislación migratoria actual como una invitación al «caos» y al «abuso» por parte de individuos que no llegan al país con la intención de construir un futuro de manera honesta.
Puntos clave de las nuevas reformas:
- Expulsión de extranjeros con condena: Adorni criticó la permisividad de la ley actual que permite el ingreso de personas condenadas por delitos menores a tres años. Bajo las nuevas normas, cualquier extranjero con antecedentes penales será rechazado en la frontera, y aquellos condenados por cometer delitos en Argentina serán deportados. «El que las hace, la paga», sentenció el portavoz.
- Cobro de servicios sanitarios: Se implementará el cobro por la asistencia sanitaria en hospitales públicos a residentes transitorios, temporales e irregulares. Además, se exigirá a estos grupos ingresar al país con un seguro médico privado. El Gobierno justificó esta medida argumentando la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema de salud pública, denunciando el «turismo sanitario» de extranjeros que utilizan los servicios gratuitos y regresan a sus países de origen. Adorni señaló que el año pasado ocho hospitales argentinos gastaron el equivalente a 90 millones de euros en atender a extranjeros.
- Tasas adicionales en educación universitaria: Las universidades públicas tendrán la potestad de imponer tasas adicionales a estudiantes extranjeros con residencia temporal.
- Ciudadanía y residencia más restrictivas: La ciudadanía argentina solo se otorgará a quienes hayan residido de manera continua durante dos años o hayan realizado una inversión relevante para el país. Para obtener la residencia, los solicitantes deberán acreditar medios de subsistencia suficientes o carecer de antecedentes penales.
Adorni lamentó que en las últimas dos décadas haya ingresado de manera irregular al país un millón de personas y que no se haya expulsado a quienes infringieron la ley. Sin embargo, aclaró que Argentina seguirá recibiendo a aquellos que lleguen con la intención de contribuir al bienestar del país.
Vía: El Economista
