Andrea Condori Nina

La Paz, Bolivia, 27 de mayo de 2025. El ministro de Justicia, César Siles, descartó que el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) pueda inscribir candidatos para las elecciones generales, pese a que una sala constitucional de La Paz le otorgó tutela parcial en una acción de amparo. Aclaró que el fallo no habilita al partido a revertir su situación ni a participar en los comicios. Según explicó la autoridad, la Sala Constitucional Cuarta de La Paz instruyó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitir una nueva resolución sobre la cancelación de la personería jurídica de Pan-Bol, debido a una supuesta falta de fundamentación en el fallo anterior. Sin embargo, la misma decisión ratificó que no se puede ampliar el plazo para el registro de candidaturas. “El calendario electoral no se modifica. PAN-BOL no podrá inscribir a ningún candidato porque los plazos legales ya vencieron”, afirmó Siles. Recordó que el partido no presentó listas en el periodo establecido por el TSE. Esto implica que tampoco podrá postular a Evo Morales, quien había sido propuesto como candidato presidencial por esa organización. En paralelo, el ministro informó que una sala constitucional del Beni concedió tutela a una acción de cumplimiento presentada por Peter Berkhauser contra el TSE, en la que se denuncia el incumplimiento de resoluciones electorales por parte del Movimiento Tercer Sistema (MTS). Según el fallo, el TSE debe aplicar lo dispuesto en la Ley 1096, que contempla la cancelación de personerías jurídicas en caso de desacato reiterado. “El tribunal del Beni observó que el TSE no actuó conforme a su propio reglamento interno y lo conminó a emitir una resolución en ese marco”, detalló Siles. Ambas decisiones judiciales serán revisadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, aunque el titular de Justicia subrayó que, en ninguno de los dos casos, se cuestiona ni se frena la vigencia del calendario electoral. “El proceso está en marcha y no habrá retrocesos. Las fechas se mantienen porque la ley así lo establece”.

La Paz, Bolivia, 27 de mayo de 2025. El ministro de Justicia, César Siles, negó este martes que el Órgano Ejecutivo tenga relación con las recientes acciones constitucionales presentadas contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Indicó que ni el Gobierno ni ninguna de sus instituciones están detrás de estos procesos judiciales, como algunos sectores políticos y actores públicos han sugerido. “Rechazo y cuestiono esas acusaciones sin fundamento. Mi rol como ministro es dar seguimiento, leer los fallos y monitorear el cumplimiento del marco constitucional. No interpretamos los fallos, esa es tarea exclusiva del Tribunal Constitucional”, aclaró durante una conferencia de prensa en La Paz. Según Siles, hasta la fecha se identificaron al menos 13 acciones constitucionales en distintos departamentos del país, además de tres denuncias formales presentadas ante el TSE. La mayoría ya fue desestimada por las autoridades judiciales correspondientes, en línea con el principio de preclusión que impide alterar los tiempos establecidos en el calendario electoral. Siles insistió en que cualquier ciudadano, partido político o agrupación tiene derecho a recurrir a la vía constitucional o disciplinaria electoral. Sin embargo, subrayó que eso no implica la existencia de un plan orquestado desde el Gobierno. “Es importante actuar con responsabilidad en este momento político. El Ejecutivo no manipula ni interfiere en la administración de justicia constitucional”, añadió.

La Paz, Bolivia, 26 de mayo de 2025. El Gobierno anunció que se permitirá la realización de chaqueos de forma excepcional y controlada hasta finales de julio, como parte de un plan de prevención de incendios forestales. La medida busca evitar quemas descontroladas en los meses de sequía, especialmente en agosto y septiembre, cuando el riesgo de incendios se incrementa considerablemente. El ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, explicó que esta autorización estará sujeta a parámetros técnicos estrictos, y que se está trabajando en la socialización del decreto supremo que reglamentará estas actividades. “Queremos que los chaqueos se hagan en época de humedad, con responsabilidad y acompañamiento técnico, para no repetir los desastres de años anteriores”. Según el Gobierno, se está coordinando acciones con gobernaciones, municipios, universidades, comunidades indígenas y organismos internacionales para realizar capacitaciones y prácticas en campo. El jueves, en el municipio de Roboré, se realizará una jornada técnica como parte del encuentro del Grupo Regional de Manejo del Fuego, con expertos de varios países de América Latina. Las autoridades recordaron que el uso del fuego está prohibido en áreas protegidas y que los chaqueos no autorizados serán sancionados conforme a la normativa vigente. “No se trata de habilitar una quema indiscriminada, sino de ordenar una práctica que sigue ocurriendo con o sin permiso, y hacerlo de manera planificada para reducir riesgos mayores”, indicaron.

La Paz, Bolivia, 19 de mayo de 2025. El Movimiento Tercer Sistema (MTS) enfrenta un nuevo revés legal que obstaculiza la inscripción de su binomio presidencial, conformado por Andrónico Rodríguez y Mariana Prado. Una segunda resolución judicial, esta vez emitida por una sala constitucional de La Paz, ordena suspender los efectos del Congreso partidario del 30 de marzo y deja en pausa su reconocimiento oficial por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La decisión se suma a una anterior medida cautelar dictada por la Sala Constitucional del Beni, que ya había instruido al TSE abstenerse de registrar cualquier candidatura del MTS debido al incumplimiento de cinco resoluciones previas del Órgano Electoral. El nuevo fallo responde a una acción de amparo constitucional presentada por María Maziel Terrazas Merino, militante que fue expulsada por el Tribunal de Honor del MTS en diciembre de 2024. La accionante denunció vulneración a sus derechos políticos, alegando que el Congreso que oficializó el binomio presidencial se realizó sin garantizar el debido proceso interno. El evento fue validado por el TSE mediante la resolución TSE-RSP-ADM N° 0175/2024. El tribunal paceño consideró que la situación podría generar un daño irreparable, por lo que decidió suspender los efectos del Congreso y de la expulsión hasta que se resuelva el fondo del amparo. Con esta segunda medida cautelar, el MTS queda sin la posibilidad de inscribir oficialmente su candidatura ante el TSE, al menos por el momento. Ambas resoluciones judiciales colocan en incertidumbre la participación electoral del partido que impulsa a Rodríguez y Prado como fórmula presidencial.

Chuquisaca, Bolivia, 14 de mayo de 2025. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cerró de manera definitiva el debate sobre la reelección en Bolivia. En conferencia de prensa, el presidente del tribunal, Miguel Hurtado, y el magistrado Yván Espada informaron que la Sala Plena aprobó por unanimidad la sentencia constitucional 007/2025, que establece con claridad que ningún ciudadano puede ocupar el cargo de presidente o vicepresidente por más de dos periodos, sean estos continuos o no. Según los magistrados, la decisión se sustenta en la Constitución Política del Estado, en fallos previos del propio tribunal y en el criterio vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció que la reelección indefinida no constituye un derecho humano. Además, recordaron que la voluntad popular expresada en el referéndum de 2016 también rechazó la posibilidad de reelecciones adicionales. “El límite está definido. Dos mandatos es el máximo permitido, sin importar si fueron consecutivos o interrumpidos. Esta sentencia se aplica a todos los ciudadanos, incluso a quienes ya ejercieron el cargo en el pasado”, afirmó Espada. La resolución implica que cualquier candidatura futura que busque ignorar esta restricción vulneraría el marco constitucional vigente. El fallo también deja sin efecto el precedente de la sentencia 084/2017, que permitió una nueva postulación bajo el argumento de que hacerlo era un derecho humano. El TCP sostuvo que ese entendimiento ha sido superado tanto por la jurisprudencia nacional como por estándares internacionales. Ambos voceros rechazaron las presiones políticas y aseguraron que las decisiones del tribunal responden exclusivamente a principios constitucionales y técnicos. También indicaron que el momento es propicio para abrir el debate sobre una reforma constitucional que blinde al país frente a interpretaciones forzadas del texto constitucional.

La Paz, Bolivia, 13 de mayo de 2025. En una nueva ruptura de la oposición, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar sorprendió al calificar de “caudillo” al gobernador cruceño Fernando Camacho, a quien acusó de imponer un veto directo que la dejó fuera de las listas políticas de la oposición. Según relató, esta decisión fue respaldada por el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina. “Samuel, en mi cara, me dijo que Camacho me vetó”, reveló Nayar durante una entrevista en el programa Detrás de la Verdad. La legisladora manifestó su rechazo al funcionamiento interno de la oposición, que, en su criterio, responde a lógicas autoritarias disfrazadas de unidad. “En la mal llamada unidad solo queda Samuel y un caudillo”, sostuvo. El señalamiento contra Camacho resulta llamativo, considerando que ambos compartieron espacio en anteriores esfuerzos por consolidar un bloque opositor y el conflicto poselectoral de 2019. Incluso, Nayar fue una de las parlamentarias más activas en pedir la liberación del gobernador recluido en el penal de Chonchocoro, de La Paz. Sin embargo, Nayar fue clara al cuestionar lo que considera liderazgos verticales que actúan sin consulta ni consenso. “Samuel obedeció el veto de Luis Fernando”, afirmó. La diputada dejó en claro que no se someterá a estructuras cerradas ni a decisiones impuestas desde un solo actor. “Santa Cruz no tiene dueños”, sentenció.

La Paz, Bolivia, 8 de mayo de 2025. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé planteó una propuesta para encarar una reforma judicial profunda, aprovechando el contexto electoral de agosto de 2025. Consideró que el deterioro del sistema de justicia afecta directamente los derechos ciudadanos y el funcionamiento democrático del país, de ese modo, propone que esta transformación se convierta en un asunto de Estado. Rodríguez Veltzé sugiere que la reforma no dependa del gobierno de turno ni del enfrentamiento político, sino que se conduzca desde una entidad imparcial y plural. Esta instancia debería elaborar un diagnóstico exhaustivo y diseñar una agenda de corto y largo plazo con metas claras. Propone, además, incluir mecanismos de consulta y validación ciudadana, como un eventual referéndum. Las diez medidas propuestas por el expresidente son las siguientes:1. Diagnóstico actualizado del sistema de justicia, centrado en la experiencia del usuario y las capacidades reales del aparato judicial.2. Revisión y armonización normativa, que incluya la actualización de códigos y leyes para adecuarlas a un nuevo diseño institucional.3. Reconocimiento del pluralismo jurídico, fortalecimiento de la justicia de paz y fomento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.4. Reestructuración del sistema judicial, incluyendo su organización interna, presupuesto, selección de personal y régimen disciplinario.5. Rediseño del control constitucional, con ajustes a la estructura y funciones del Tribunal Constitucional Plurinacional.6. Políticas estatales claras en materia penal, penitenciaria, administrativa y tributaria, con enfoque en derechos humanos y eficiencia institucional.7. Reforma del proceso de elección y evaluación de jueces, considerando alternativas a la elección por voto popular y fortalecimiento de la carrera judicial.8. Transformación de la educación legal, desde la formación universitaria hasta la capacitación de jueces, fiscales y abogados.9. Programa de justicia transicional, que permita procesar los conflictos políticos y sociales recientes con equilibrio entre justicia y reconciliación, incluyendo el tratamiento de amnistías e indultos.10. Plan extraordinario de indulto, amnistía y cierre de procesos, para aliviar el hacinamiento carcelario y resolver la situación de miles de personas detenidas preventivamente o en condición de persecución política. Rodríguez Veltzé advirtió que, sin una reforma seria e imparcial, la justicia continuará afectada por intereses políticos, con consecuencias graves para el Estado de derecho.

La Paz, Bolivia, 29 de abril de 2025. Momento crucial en el Órgano Electoral. En medio de las disputas electorales, conflictos políticos y económicos, este martes la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sesionará para elegir a su nuevo presidente. El país atraviesa por una profunda desinstitucionalización en los cuatro órganos que componen el Estado. Incluso, varios actores políticos y sectores han advertido sobre el riesgo de las elecciones debido al acecho de amparos constitucionales que buscan frenar el proceso electoral. Este 29 de abril, uno de los siete vocales deberá asumir una gran responsabilidad en un contexto complicado para el país: viabilizar las elecciones presidenciales. Los vocales que más salieron a la luz pública fueron Tahuichi Tahuichi, Francisco Vargas y Gustavo Ávila; aunque ninguno manifestó su deseo de presidir el TSE. El 30 de abril de 2021 el vocal Oscar Hassenteufel fue designado por primera vez como presidente, luego de la renuncia de Salvador Romero. En aquel entonces, la vocal Nancy Gutiérrez fue electa como vicepresidenta. Dos años después, el 9 de mayo, los vocales decidieron ratificar en el cargo a Hassenteufel y eligieron a Francisco Vargas como vicepresidente. La gestión de Hassenteufel fue criticada por su ausencia y poca visibilidad en momentos cruciales, como el estancamiento de las elecciones judiciales.

La Paz, Bolivia, 23 de abril de 2025. Este miércoles, la sede de Gobierno es acechada por diversas marchas de varios sectores golpeados por la crisis económica. La población, afectada por el incremento de precios en los últimos meses, en busca de una solución, propicia una marcha para pedir al Gobierno tomar acciones y evitar que la economía siga decreciendo. El Comité Multisectorial se moviliza desde El Alto hasta La Paz en una movilización denominada “Contra el hambre y la pobreza” para exigir soluciones estructurales. También demandan el suministro regular de combustible y dólares. Los sectores de la cadena productiva y de suministro –entre productores, transportistas, exportadores y gremiales– también participan de la medida y llevan consigo un documento con propuestas que prevén entregar al presidente Luis Arce. A eso se suma la marcha de más de 6.000 mineros. Éste sector denuncia el incremento de los precios de los insumos básicos y explosivos, un material importante para la explotación minera. Los dirigentes de Fencomin protestan que, hasta la fecha, la provisión de diésel es irregular, por ello se vieron obligados a adquirir el carburante en el mercado negro, donde su precio está por encima del costo subvencionado. Los mineros también lamentan el trabajo del Ministerio de Hidrocarburos, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (Afcoop) y del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom). Dicho sector anunció que realizará un mitin en la San Francisco donde se hará la lectura del pliego petitorio de 17 puntos. También advirtieron que no se retirarán de La Paz hasta que el Gobierno dé soluciones. Minutos después del anuncio, , el Gobierno invitó al sector a una reunión en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para atender las demandas de regularizar la provisión de combustibles y sobre el precio de los explosivos.