Una crisis de inseguridad, violencia y política se vive en Ecuador, a poco más de un mes de celebrar el balotaje de las elecciones presidenciales anticipadas, en las que se enfrentarán Luisa González, candidata del movimiento Revolución Ciudadana (RC), y Daniel Noboa, de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN). La noche del miércoles y madrugada de este jueves, dos coches bomba explotaron en el centro de Quito, la capital del país. De acuerdo con la Policía Nacional, la primera explosión se registró a aproximadamente las 19:00 [hora local] de ayer en las calles Robles y Amazonas, en el sector de La Mariscal, cerca de un edificio donde antes funcionaba el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), el departamento estatal encargado de custodiar y administrar las cárceles de Ecuador. En el vehículo se encontraron dos cilindros de gas y, aparentemente, tacos de dinamita. «Tras las verificaciones preliminares, se establece que individuos habrían dejado abandonado el vehículo estacionado, en las calles Robles y Amazonas, en Quito, mismo que se habría encontrado con un artefacto de mecha lenta. Posterior, dos ciudadanos que se movilizaban en una motocicleta habrían lanzado líquido inflamable, que produjo la explosión del automotor», detalló la Policía. Seis personas fueron detenidas por su presunta implicación en este hecho. Más tarde, cerca de las 02:00 de la madrugada, una camioneta con dos cilindros de gas en su interior explotó en la avenida 12 de Octubre, entre las calles Wilson y Foch, causando daños en los exteriores del edificio de la SNAI, según precisó la Policía. En ninguna de las explosiones se registraron víctimas que lamentar, detallaron las fuerzas de seguridad. Además, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, informó, sin dar mayores detalles, que tres granadas fueron detonadas de manera controlada en la capital ecuatoriana. Agentes penitenciarios retenidos Mientras ocurrieron esas explosiones en Quito, agentes penitenciarios permanecen secuestrados por reos en la cárcel del Turi, en la ciudad andina de Cuenca, provincia de Azuay, al sur del país. Los presos se han amotinado subiéndose al techo del recinto carcelario, uno de los tantos donde se han registrado hechos violentos en los últimos años en el país suramericano. Wagner Bravo, secretario de Seguridad Publica y del Estado, en entrevista con FM Mundo, comentó que con estas acciones, tanto en las cárceles como en las calles (con los coches bomba), los grupos de delincuencia organizada quieren «amedrentarle al Estado» para evitar que sigan cumpliendo con su función de controlar los centros penitenciarios. Sobre los carros bomba, consideró que podrían estar vinculados a una repercusión por el traslado a diferentes cárceles de las seis personas que fueron detenidas por su presunta implicación con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el pasado 9 de agosto. Asimismo, según el SNAI, el motín en la prisión de Cuenca es en protesta por la intervención, con más de 1.800 efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, efectuado el miércoles en la cárcel de Latacunga, capital de la provincia de Cotopaxi. Esas acciones se realizaron con la finalidad de «sacar armas, municiones y explosivos» y «evitar hechos violentos», según dijo el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Todas estos hechos se registran mientras rige un estado de excepción, decretado por Lasso el pasado 24 de julio, en todo Ecuador, un país que en 2022 vivió el año más violento de su historia, con 4.823 homicidios intencionales en los 12 meses, y este año se perfila aún peor. Señalamientos al Gobierno A la par de estos hechos en las calles y en las cárceles, surge una nueva acusación contra el gobierno de Lasso. El periodista Andersson Boscán, del portal digital ecuatoriano La Posta, reveló el martes que la Policía y la Fiscalía General del Estado (FGE) sabían desde abril pasado que existía un plan de atentado en marcha para atentar contra él, Villavicencio (quien entonces se desempeñaba como asambleísta) y el coronel José Luis Erazo. «Tres meses y medio después, Fernando Villavicencio fue asesinado […] En manos de Fiscalía y en manos de Policía estuvo esta información, y a pesar de esta información, nunca abrieron una investigación», denunció. Boscán vincula las amenazas de ataques con las revelaciones que hizo La Posta desde enero pasado, en el caso que denominaron ‘Gran Padrino’, que expuso la existencia de una presunta red de corrupción en las empresas públicas de Ecuador, en la administración de Guillermo Lasso, que estaría liderada por el cuñado del mandatario, Danilo Carrera, su operador de confianza, Rubén Cherres (asesinado el pasado 31 de marzo), y el extitular de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) Hernán Luque, quien huyó del país. También relaciona las alertas de atentados con un documento conocido como ‘León de Troya’, un informe policial acerca de los presuntos vínculos entre la mafia albanesa y Carrera, a través de Cherres. Esa investigación estuvo liderada por Erazo. Villavicencio ya había advertido en febrero pasado que el equipo de investigadores de la Policía que participó en el caso ‘León de Troya’ estaba «bajo amenaza de los narcos». El miércoles, familiares y abogados de estos policías confirmaron sus temores y, en rueda de prensa, alertaron de riesgo de muerte. «Mi esposo es el siguiente en la lista. No quiero ser la próxima viuda», dijo Erika Mena, esposa de Erazo, quien al igual que el teniente Ronny Rengel —otro de los investigadores del caso ‘León de Troya’—, teme por su vida. En la conferencia de prensa denunciaron persecución por parte del Gobierno nacional y del Estado ecuatoriano, a través de acciones como allanamientos a oficinas y viviendas. Responsabilizan a Lasso, al ministro del Interior, Juan Zapata, y al comandante general de la Policía, Fausto Salinas, de la vida de estos oficiales. «El domingo 27 de agosto, entre las 00:15, se realizaron disparos fuera de mi casa. Ha sido allanada la habitación de mi hijo, se le retiraron los teléfonos», comentó Orlando Rengel, padre de Ronny. Ante la falta de garantías para los uniformados, sus abogados anunciaron la petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado les dé protección. Previo a que los familiares y abogados de estos policías se pronunciaran, la Fiscalía y el Gobierno emitieron comunicados respondiendo a las revelaciones de Boscán. La FGE dijo que «la información hecha pública se encuentra descontextualizada, es imprecisa e inexacta y que, además, ha sido obtenida de forma irregular». Entretanto,
