Hace 21 años, el golpe de Estado contra el entonces presidente venezolano Hugo Chávez, cimentado en una feroz campaña de los medios, sirvió para perfilar el andamiaje de las acciones desestabilizadoras que más tarde se producirían otros países para derrocar a sus gobernantes. En varias ciudades del país suramericano se llevarán a cabo distintas actividades conmemorativas, que incluyen una gran movilización, entre el 11 y el 13 de abril, informó el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello. En el prólogo del libro ‘Los documentos del golpe’, el fallecido periodista y escritor venezolano Earle Herrera escribió que durante 2001 los medios de comunicación se valieron de «desprestigio, rumores y desestabilización» para cuestionar la legitimidad de las instituciones, del mandatario y de los altos cargos, lo que serviría de abono para lo que vendría luego. Estas acciones, que se extendieron aún después de que Chávez fue sacado de Miraflores, buscaban consolidar a Pedro Carmona Estanga –líder de la patronal Fedecámaras y autojuramentado presidente de facto– y hacer un «lavado internacional de su imagen golpista». Esa «aventura golpista», como ha sido llamada por el fallecido periodista y político José Vicente Rangel, terminó con Chávez de regreso a Miraflores de la mano del pueblo, que salió a las calles para exigir su retorno del presidente. Además, los militares leales hicieron una operación de rescate del mandatario, que había sido llevado a la isla de la Orchila, sede de una base naval en el Caribe venezolano. Para conversar sobre las implicaciones del 11 de abril de 2002 en Venezuela y otras naciones, RT entrevistó al viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, William Castillo, y al escritor e investigador Diego Sequera. ‘Los documentos del golpe’ En ‘Los documentos del golpe’, Rangel asevera que «detrás de cada medio hay un dueño, un inspirador». Para él, la manera en que cada uno se involucró «confirma su condición de operadores de excepción en la trama conspirativa«. En el prólogo del citado libro, Herrera manifiesta que desde 1999, cuando comenzó el proceso constituyente promovido por Chávez, «los factores del poder nacional (económico, financiero, político, eclesiástico y mediático) se conjugaron para dar al traste con las transformaciones que el pueblo venezolano venía reclamando». En esos convulsos años previos a la ruptura del hilo constitucional, hubo manifestaciones, paros convocados por los asociaciones patronales y un «bombardeo mediático» que «marcaron los inicios de una gigantesca conspiración que alcanzaría sus más elevadas cotas con el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y el paro petrolero de diciembre de ese mismo año», según Herrera. «Un laboratorio de experimentación» Castillo considera que el golpe de Estado en Venezuela fue «pionero» en el desarrollo de ese tipo estrategias, en el siglo XXI, para sacar a algunos mandatarios en América Latina. A su juicio, los «procesos de desestabilización y de injerencia política» se sustentaron en el rol de los medios para «articular el derrocamientos de gobiernos democráticamente electos». «Hemos dicho que Venezuela ha sido un laboratorio de experimentación en los últimos 20 años sobre las formas de injerencia externa, particularmente estadounidense, en las políticas y en los procesos democráticos» en la región, apunta. En su opinión, lo novedoso es la «articulación profunda de la clase política» con medios de comunicación, bajo «lineamientos externos» que buscan «intervenir, desestabilizar y criminalizar los procesos políticos democráticos de América Latina», agrega. Puente Llaguno Castillo, exdirector de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), alude al diseño de una estrategia que utilizó el montaje de videos para responsabilizar a unos supuestos pistoleros chavistas, –ubicados sobre Puente Llaguno, un paso vehicular a menos de doscientos metros de Miraflores–, de las muertes de manifestantes opositores que cayeron fulminados por balas en distintos puntos. Estas imágenes fueron acompañadas por el video pregrabado de un grupo de militares que pedían la renuncia del mandatario, alegando como argumento las muertes que aún habían ocurrido. Trabajos audiovisuales, testimonios e investigaciones judiciales posteriores arrojaron que las 17 víctimas y los cientos de heridos habrían sido causados por francotiradores y uniformados de la Policía Metropolitana, bajo el mando del entonces alcalde opositor Alfredo Peña. Por su parte, Sequera considera que no se planteó una toma directa del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, sino que se «fabricó y condujo» una situación de «masacre» para así «trasladar la culpa exclusivamente a un solo actor, un solo responsable». El también analista político recuerda que fueron atacados manifestantes opositores y chavistas para «generar una situación de caos» y que posteriormente se demostró que los llamados «pistoleros de Puente Llaguno» no eran los responsables de los asesinatos. Los otros países Luego del golpe en Venezuela, en la región ocurrieron intentonas golpistas para acabar con las presidencias de Evo Morales, en Bolivia, en 2008, y de Rafael Correa, en Ecuador, en 2010. En cuanto a los eventos que sí que llegaron a consumarse están los derrocamientos de Manuel Zelaya, en Honduras, en 2009; de Fernando Lugo, en Paraguay, en 2010, y de Dilma Rousseff en Brasil, en 2016. Sequera afirma que el golpe de abril de 2002 es «una versión más lograda, acabada y consolidada de cómo emplear mecanismos indirectos para perpetrar y justificar acciones de violencia». Al hablar de una de las acciones dirigidas a deponer mandatarios, el fundador del portal de investigación Misión Verdad califica la masacre de Curuguaty, en la que murieron 17 personas, en 2012, como el «desencadenante que condujo al golpe parlamentario contra Fernando Lugo». Lugo fue apartado de su cargo por «mal desempeño de sus funciones» y por generar «caos e inestabilidad política». Al líder del Frente Guazú se le responsabilizó políticamente de las muertes ocurridas. En ese caso, recuerda Sequera, fueron violentados un grupo de manifestantes campesinos y policías paraguayos. «Y de nuevo, fue una tercera fuerza la que actuó». «Siempre esto encubre en una tercera fuerza –insiste Sequera– que entra en acción y define la situación, generalmente a favor de una de las parcialidades en pugna, que es la que busca el cambio de régimen sin considerar las víctimas que pueda perpetrar en el proceso». En el juicio a Lugo, según investigaciones de la periodista brasileña Natalia Viana, hubo participación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), «que armó una estructura de jueces, fiscal, Policía para que le dieran el golpe». El precedente del siglo XX Sequera habla del «gran debut» de este tipo de acciones desestabilizadoras en el siglo XX y se refiere al golpe de Estado perpetrado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) contra el presidente guatemalteco Jacobo Árbenz, en 1954. La acción estuvo precedida por una campaña de deslegitimación alentada por grandes terratenientes y
