El Tribunal Supremo Electoral (TSE) enfrenta un dilema jurídico ante las demandas de organizaciones indígenas que buscan postular candidatos a nivel nacional. Mientras el artículo 209 de la Constitución establece que los pueblos originarios pueden participar «en igualdad de condiciones» con partidos políticos, los artículos 5 y 15 de la Ley 026 del Régimen Electoral restringen esa participación solo a elecciones subnacionales.
- El TSE admitió que no puede habilitar por sí mismo la postulación indígena a la presidencia, pues violaría la ley vigente.
- Una acción de inconstitucionalidad contra estos artículos fue presentada previamente pero devuelta por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por «observaciones formales».
- Nuevos recursos de organizaciones indígenas ahora reposan en el TCP, cuya decisión —según fuentes del TSE— difícilmente llegará a tiempo para las elecciones del 17 de agosto.
Fallo en suspenso:
El TSE desistió de insistir con su propia acción legal y espera el pronunciamiento del TCP, aunque reconoció: «Ese fallo no alcanzará a aplicarse para este proceso electoral». La declaración revela una brecha entre el mandato constitucional y la legislación secundaria, que podría dejar en limbo las aspiraciones políticas nacionales de los pueblos originarios.
Mientras tanto, el oficialismo y la oposición vigilan el caso: para algunos, es una deuda histórica de inclusión; para otros, un riesgo de fragmentación del voto. El TCP tiene la última palabra, pero el reloj electoral avanza.
