La escasez de combustibles provocó un auge en la venta ilegal de gasolina y diésel en distintas regiones del país. Esta problemática no solo afecta a los consumidores, sino que genera un mercado negro donde los precios superan el valor oficial.
Ante esta situación, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) intensificó los operativos para frenar el desvío y la comercialización clandestina de carburantes. Durante el segundo semestre de 2024, se incautaron 451.000 litros de combustible y se detuvo a 323 personas por su participación en actividades ilegales.
A pesar de que la legislación boliviana sanciona con penas de tres a seis años de prisión el almacenamiento y la venta no autorizada de combustibles, la práctica sigue extendiéndose en municipios como Mapiri, Yapacaní y Villa Tunari. Allí, los revendedores ofrecen gasolina en bidones a precios elevados, aprovechando la desesperación de la población.
La crisis económica del país, agravada por la escasez de dólares y la caída en las exportaciones de gas, ha contribuido al desabastecimiento en estaciones de servicio.