Emilio Rodas Panique
Hace poco se hicieron públicas las cifras del informe Delphi (Auspiciado por la Friedrich Ebert Stiftung Bolivia), en el punto 6. Confianza Institucional, entre Baja y Muy baja, la Policía reúne 14 en baja y 74 en muy baja percepción de confianza institucional, solo un 11 por ciento tiene una confianza regular. Para cualquier gobierno que tenga a su cargo a la policía, estos datos deben poner en alerta, claro, no se dará por sentado el dato pero dará indicios de una crisis institucional que hay que afrontar, dado que el negocio principal de la policía es precisamente la confianza ciudadana, un ministro responsable hará otras mediciones externas e internas, instruirá grupos de trabajo que analicen la crisis y construyan escenarios y propongan alternativas, no se trata de encasillar el problema en la eterna politización de los asuntos sino de asumirlo como lo que es, un problema de estado, que precisa una política de estado.
El año 2022 en ocasión del aniversario policial el Presidente del Estado instruyó llevar adelante una profunda reestructuración de la institución, esto en respuesta a sucesivos hechos denunciados que comprometían la honestidad en el desempeño de funcionarios policiales, esta instrucción ha sido dada hace ya nueve meses y no se perciben señales que adviertan la construcción de esa política, por el contrario se ha conocido otro escándalo que involucra a un funcionario policial con múltiples denuncias y procesos que aún se mantenía activo y en comisión de supuestos nuevos delitos, está claro que los mecanismos de control interno no han funcionado y por tanto la policía no tiene la capacidad de protegerse a sí mismo de estos hechos y por tanto expone a la comunidad a la acción de estos elementos, este hecho por si solo justifica la orden del presidente el 24 de junio de 2022.
La policía hoy cuenta con Inspectoría General, tribunales disciplinarios, fiscalía policial, DIGIPI, y con la Ley 101 se dotó al Ministerio de Gobierno de una instancia civil externa que debe fiscalizar y hacer funcionar las instancias disciplinarias internas de la policía, la Dirección Oficina de Control Interno, además de una Dirección de Reforma y Transparencia Policial, con todo ello no se ha logrado establecer mecanismos eficientes y confiables que permitan que de forma sistemática se pueda tener valoración en dos niveles: Desempeño individual del funcionario policial, y estandarización y medición constante de calidad de los servicios policiales. Estos dos elementos son claves para que el ciudadano recupere la confianza en su institución, hasta hoy no se ha implementado una política integral y se sigue apostando al dejar hacer y dejar pasar.
La reforma estructural instruida por el presidente debe contener varios capítulos, por supuesto lo formativo académico, pero una reforma del sistema de formación policial puede llevar algunos años en arrojar los primeros frutos, la carrera policial es otro frente, en la perspectiva aspiracional del servidor policial hoy existen una serie de condicionantes fácilmente manipulables, hay que asegurar que todos tengan derechos a la oportunidad de una carrera policial que reconozca sus méritos profesionales y de servicio más que los privilegios de haber quedado en las cercanías del poder.
Sin duda el eje de la reforma policial más urgente es el régimen de control interno y disciplinario, este es el riñón del cuerpo institucional, es allí donde se filtra la sangre y se separa las impurezas que luego son evacuadas mediante el régimen de sanciones, si este complejo de órganos internos no funciona correctamente entonces las impurezas recirculan en el organismo policial contaminando y recontaminando de manera continua hasta agotar el cuerpo institucional de forma irreversible, este ha sido el talón de aquiles, un fuerte organismo externo a la jerarquía de mando debe estar a cargo de las investigaciones con un fuerte soporte y autoridad sobre las fiscalías policiales, la actual Oficina de Control Interno debe tener un rol preponderante y dejar de ser la oficina marginal que hoy es y a la cual no le responden ni el teléfono. Hay que blindar al régimen disciplinario del sistema judicial para hacerlo efectivo, muchas veces los jueces imponen su jurisdicción al régimen administrativo y personajes policiales que fueron apresados en posesión de drogas terminan por orden judicial restituidos a la FELCN, no puede avanzarse en una reforma policial sino mejora también la calidad de la justicia y la reforma policial es sin duda también el principio de la gran transformación de la justicia boliviana, no hay que olvidar que la búsqueda de justicia muchas veces comienza en la comisaría policial y es desde ahí donde la confianza ciudadana comienza a desmoronarse.
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