La Paz, Bolivia, 7 de mayo de 2025. El diputado opositor José Luis Porcel denunció que la Gestora Pública mantiene una deuda de 8.300 millones de dólares con los trabajadores del país, recursos que fueron transferidos al Estado como préstamos para cubrir gasto corriente.
Según Porcel, el dinero prestado corresponde a los aportes de los trabajadores destinados a su jubilación, así como a pagos al sector pasivo. Afirmó que el Estado utilizó esos fondos sin garantizar mecanismos claros de devolución, lo que pone en riesgo el futuro de quienes esperan una pensión digna.
“El Estado no tiene con qué pagar esta deuda. Arrastramos un déficit fiscal desde 2007 y se han perdido 39.000 millones de dólares en 12 años”, sostuvo el legislador. Cuestionó que los gobiernos usaran esos recursos en sueldos, funcionamiento del aparato público y otros gastos, sin asegurar una retribución sostenible.
También denunció irregularidades en la administración de la Gestora, como la falta de los cuatro directores que exige la ley y la imposición de un gerente sin respaldo institucional. Criticó que los fondos se hayan invertido en bonos a largo plazo que podrían devolverse en moneda nacional, lo que implicaría una pérdida considerable si se toma en cuenta el valor del dólar en el mercado paralelo.
Porcel añadió que esta situación refleja un manejo deficiente del sistema previsional y que el Estado deberá responder por estos recursos, aunque advirtió que la devolución en bolivianos representaría apenas una fracción del valor original.
En otro punto, aclaró que la Asamblea Legislativa no tiene responsabilidad directa sobre la posible suspensión del voto en el exterior, y explicó que el préstamo de Japón por 100 millones de dólares no está destinado a cubrir los costos de ese proceso electoral.