Los administradores y encargados de buscar ‘clientes’ para las más de 20 mujeres a las que explotaban sexualmente en un lenocinio clandestino camuflado en un residencial fueron enviados a la cárcel de Palmasola con detención preventiva por cuatro meses.
Las investigaciones en contra de los proxenetas llevaron a descubrir que éstos no solo operaban en un residencial, que era fachada para prostituir a 24 mujeres, sino que también les cobraban una comisión de Bs 50 a cada una de ellas por cada servicio que brindaban.
El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, coronel Erick Holguín, indicó que el lenocinio intervenido en la zona de La Ramada, se encontró a 24 mujeres, entre ellas una menor de edad que fue rescatada.
Los detenidos identificados como María Fernanda Gonzales Aguirre, Petter Roque Salazar, Carlos Pérez Andrade y Roberto Gameo Care, se turnaban para administrar el lenocinio clandestino y uno de ellos promocionaba a las mujeres para conseguir a los clientes.
«Se procedió al secuestro de cuatro celulares, el libro de registro de ingreso y visita de las víctimas y de los servicios sexuales que cada una prestaba, además de los cobros que hacía cada uno, constituyéndose en uno de los elementos probatorios», dijo el jefe policial.
Dentro del diagrama de vínculos, Carlos Pérez Andrade era el responsable de publicar en las redes sociales y páginas, el servicio de las señoritas, de esa forma captaban a los clientes.
Por otra parte, el fiscal que investiga el caso, Daniel Lobo, indicó que la audiencia realizada el domingo en la que la Justicia determinó la detención preventiva de los cuatro investigados, también se resolvió sancionar a los dos abogados de los proxenetas, quienes deberán cancelar, cada uno, dos salarios mínimos nacionales.
Explicó que la multa fue impuesta luego de que ambos no sustentaran un incidente que presentaron por la presunta aprehensión ilegal de los cuatro proxenetas, es así que tras no ser fundamentada, la Fiscalía solicitó aplicar una sanción por presentar un incidente malicioso o dilatorio.
Los dos abogados defensores de los cuatro sujetos imputados no solo no lograron la libertad de sus defendidos, sino que acabaron sancionados económicamente.
El Deber