Cuellar

Comité Interinstitucional se divide, sacan a Cuellar y nombran a Vargas como vocero

El Comité Interinstitucional concluyó este martes su reunión con la fractura de la organización al sacar de la vocería al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, y nombrar como su reemplazante al vicerrector Reinerio Vargas. Según reportes de medios locales, el rector Cuellar fue alejado de su cargo en el ente que aglutina a los cívicos, y a algunas instituciones de élite de la ciudad de Santa Cruz, por tener intereses políticos que desembocarían en su candidatura a la presidencia del Estado. En videos difundidos por redes sociales, se oye al diputado de Creemos, Erwin Bazán proponer a Vargas, descartando a Cuellar porque manifestó públicamente sus aspiraciones políticas, y pidió construir la agenda del Comité Interinstitucional una «agenda mirando atrás y no solo hacia adelante», haciendo alusión reiteradamente a los 36 días de paro y al encarcelado Luis Fernando Camacho. Según informaciones, el recluido gobernador de Santa Cruz le habría quitado su confianza y por ello asumió Vargas, junto a Jorge Santistevan quien fungirá como coordinador del comité. La primera medida asumida por el nuevo vocero fue la convocatoria a una marcha el próximo viernes en contra de normativas que ya fueron descartadas o que se encuentran congeladas y están siendo socializadas por el Gobierno nacional con distintos sectores. Fuente: ABI

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La Fiscalía cita a Calvo, Cuéllar y Vargas para responder por los 36 días de paro en Santa Cruz

El exlíder del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Vargas y las principales autoridades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar (rector) y Reinerio Vargas Banegas (vicerrector) fueron citado a declarar el jueves 13 de abril, en calidad de denunciados, por los 36 días de paro en Santa Cruz entre octubre y noviembre de 2022 en rechazo a la postergación del Censo de Población y Vivienda. «Cite formalmente a Vicente Cuéllar Tellez. Denunciado. A objeto de que se preste su declaración informativa en calidad de denunciado el día jueves 13 de abril de 2023 con relación a las investigaciones que viene realizando el Ministerio Público», dice la orden de citación que mostró este domingo el rector de la UAGRM, en sus redes sociales. El documento menciona que los denunciados deberán comparecer portando su cédula de identidad y asistir con su abogado defensor de confianza. Caso contrario se les asignará un jurista de oficio. Además, advierte que, en caso de incumplimiento, se emitirá orden de aprehensión, conforme al artículo 224 del Código de Procedimiento Penal. “He sido oficialmente citado a prestar mi declaración informativa el día jueves 13 de abril en calidad de denunciado. Por una serie de delitos que el señor Juan Marcelo Mayta, afín al partido de Gobierno, ha interpuesto contra mi persona. Por haber luchado por un justo derecho, la realización de un Censo oportuno y transparente para todos los bolivianos. La justicia en nuestro país está podrida. Se persigue a los que piensan diferente. Se coarta el derecho al disenso. ¿Esa es la justicia que queremos para Bolivia?” (sic), escribió Cuéllar. Santa Cruz La denuncia fue interpuesta por el dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta Huanca, el 11 de noviembre de 2022. El caso radica en La Paz, pese a que los hechos ocurrieron en la capital cruceña. El ejecutivo de la La COR de El Alto denunció, en ese entonces, al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; al presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, al rector de Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, y a Reiniero Vargas, ante la Fiscalía Departamental de La Paz por los hechos de violencia y el paro en Santa Cruz. Calvo, Cuéllar y Vargas son sindicados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentado contra el presidente y otros dignatarios de Estado, violencia política contra mujeres, racismo, discriminación, atentado contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa y terrorismo. Entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre de 2022 se llevó a cabo el paro indefinido en esa región, liderado por el Comité Interinstitucional, en demanda de la realización del Censo en esta gestión. Fuente: La razón

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Rómulo Calvo, Vicente Cuellar y Fernando Camacho deberán responder ante un juez cautelar por el violento paro de 36 días

Para este miércoles está programa la audiencia cautelar de Rómulo Calvo, Vicente Cuellar y Fernando Camacho, entre otros, quienes deberán responder ante un juez por la violencia que desencadenó el paro de 36 días en la capital cruceña en 2022. Según el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) Vicente Cuéllar, las personas que conformaron el denominado Comité Interinstitucional fueron notificados para la audiencia.Los promotores del paro cívico enfrentarán una investigación de más de 10 delitos presuntamente cometidos durante la medida extrema que utilizaba de bandera el tema del Censo. Entre los delitos en los que presuntamente se incurrió están: terrorismo, discriminación, atentado contra la libertad del trabajo, atentado contra los servicios públicos, atentado contra la salud, entre otros. Además de Camacho, Cuellar y Calvo, están investigados también el vicerrector Reinerio Vargas, y el asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan. Según Santistevan, un militar jubilado, la justicia antes deberá resolver el incidente presentado pro al defensa de Camacho sobre la competencia del juzgado de La Paz en este caso. El paro cívico de 36 días Entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre de 2022 se impuso un paro de 36 días en la capital cruceña. Medida extrema que fue caracterizada por la violencia, el racismo y discriminación que impusieron grupos radicales a la población que se oponía a la medida. Esta medida de protesta fue impulsada por Camacho, Calvo y Cuellar. Los puntos de bloqueo se convirtieron en escenarios donde predominó el consumo de bebidas alcohólicas y cobros ilegales. Estos movilizados cerraron el paso a las ambulancias que transportaban pacientes, carros fúnebres, vehículos bomberos, personal médico que fue agredido verbal y físicamente, e incluso atacaron un bus y a efectivos policiales que transportaban 13 reos y casi provocan su fuga. Ante estas circunstancias, diversas organizaciones y los afectados denunciaron a los promotores del paro por la vulneración de sus derechos y otros delitos. Entre las denuncias presentadas en contra de los promotores de paro están la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la ley, y otros. Fuente: ABI

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Hermano del diputado Rolando Cuéllar muere y es velado en la casa de su madre

Cristóbal Gary Enríquez Cuéllar, hermano del diputado Rolando Cuéllar, murió la madrugada de este jueves, 5 de enero, en el interior de la cárcel de Palmasola y ahora sus restos son velados en la casa de su madre donde vivía, por la calle Puerto Suárez, cerca al segundo anillo de la capital cruceña. El hermano del diputado del MAS permanecía recluido en la cárcel de Palmasola, imputado por el delito de narcotráfico, y tras su deceso, sus restos fueron entregados a sus familiares en horas de la madrugada. Testimonios recogidos por EL DEBER de parte de sus familiares dan cuenta que Cristóbal Gary Enríquez Cuéllar padecía de tuberculosis y se esa podría ser la causa de su muerte. El 2 de diciembre había asistido a una audiencia ante la jueza de sentencia Jenny Camargo. En esa oportunidad, el procesado se negó a someterse a una salida alternativa y ser sentenciado en un procedimiento inmediato por lo que pidió nulidad de obrados por considerar que no se le mostraron las pruebas en su contra. Sin embargo, la jueza rechazó su pedido y fijó audiencia para dictar sentencia en su contra para este 9 de enero. En contacto con los medios de comunicación, esa vez, Cristóbal Gary Enríquez dijo que hacía mucho tiempo que no tenía contacto con su hermano, el diputado Rolando, incluso dijo que casi nunca se preocupo de él, ni lo visitaba. Sus familiares aseguraron que los restos de Cristóbal Gary Enrique fueron recibidos en su casa cerca de las dos de la madrugada y hoy es velado. Indican que Cristóbal Gary también tenía problemas de adicción desde hace tiempo, situación de la que no logró apartarse. A las 18:00 horas de ayer, miércoles (4 de enero) su salud se agravó en la cárcel y falleció. Otro familiar manifestó que, lamentablemente el problema judicial no le permitió la salida a un centro médico y que en el interior del penal le era difícil tomar cada día sus medicamentos contra la tuberculosis. Fuente: Eju Tv

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Cuellar considera un “lapsus” hablar de la relación de Santa Cruz con el Estado y advierte carencia de una visión de país

 El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar, consideró este sábado que el Comité Pro Santa Cruz cometió un “lapsus” al proponer que se revise la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano y advirtió una carencia de una “visión de país” desde la dirigencia de esa región. “Yo observaba un poco el documento que sacó el Comité Pro Santa Cruz que dice que hay que hablar de la relación de Santa Cruz y el Estado boliviano, por ahí de repente hay un pequeño lapsus en ese título, Santa Cruz es parte del Estado boliviano”, dijo Cuellar en declaraciones a El Deber radio. El también presidente el Comité Interinstitucional, entidad que llevó a un paro indefinido a Santa Cruz por 36 días y que no logró el objetivo de “arrancar” del Gobierno la realización del Censo en 2023, dijo que se debe impulsar una propuesta “más inclusiva” en cuanto al nuevo modelo de Estado. Dijo que en ello está trabajando el Observatorio Político Nacional de la Universidad que está integrado por varios académicos y está abierto a la propuesta de toda la sociedad civil. “Hay que repensar Bolivia y eso implica también trabajar en una nueva relación sociedad civil – Estado, fíjense que el título cambia, pero no cambia solamente en el título, sino en la profundidad del trabajo. Entonces, nosotros tenemos que ser desde Santa Cruz inclusivos”, alegó. Tras el fracaso de conseguir que el Censo se realice en 2023 y aceptar la propuesta del Gobierno nacional de organizar esa labor en 2024, el Comité Pro Santa Cruz logró el aval del cabildo del 13 de noviembre para convocar a una comisión constitucional “que revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano”. Según el cívico Rómulo Calvo, esta comisión trabajará de manera reservada y en el anonimato para presentar una propuesta hasta septiembre de 2023. Lo que se busca es “elaborar un nuevo modelo administrativo de autogobierno” según los cívicos, que, no obstante, en opinión de ciertos políticos y autoridades, tendría un fin separatista proponiendo, entre otras opciones, el federalismo. El 12 de diciembre, el presidente Luis Arce Catacora dijo que esos planes son parte de “conjuras antipatrióticas” que se expresan en intentos de división y separatismo, pero afirmó que el Ejército boliviano, junto al pueblo, no “vacilará en defender la heredad nacional”. En tanto, el portavoz presidencial Jorge Richter afirmó que en realidad esa comisión, que trabajará en el anonimato y que carece de legitimidad, lo que busca a través de debatir la nueva relación de Santa Cruz con el Estado es “mantener los privilegios de pequeños grupos”. Sin aludir a esas afirmaciones, el rector admitió que “no hemos tenido una visión de país” y que la “región ha estado adormecida”. Esto lo atribuyó a la falta de capacidad de la dirigencia cruceña de “generar empatía” con el resto del país. “Si nosotros hacemos una lectura adecuada, Santa Cruz puede aportar mucho a nivel nacional y ningún departamento debe sentirse amenazado, seguir mantenido ese estigma que tienen sobre Santa Cruz, pareciera que todo lo que surge de Santa Cruz es malo para el resto del país. Yo creo que ha faltado la capacidad de generar empatía. De repente, por la forma de ser de nuestros líderes, sí hemos equivocado el camino, pero en la medida en que nosotros logremos una participación de forma nacional podemos construir una propuesta que genere empatía en el resto del país”, opinó. De hecho, en el cabildo del 13 de noviembre, el Comité Pro Santa Cruz emplazó al resto del país a que en el plazo de 72 se sumen a la movilización por el Censo en 2023 con “medidas efectivas”. Sin embargo, el emplazamiento no logró respuesta de ninguno de los ocho departamentos. Más al contrario, la dirigencia cruceña fue blanco de varias críticas. Fuente: ABI

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Comité cruceño amenaza con desobediencia judicial en defensa de Camacho, Calvo y Cuéllar

El Comité Interinstitucional de Santa Cruz, organizador y ejecutor del paro de 36 días con el saldo de muertos, heridos y la amenaza de “separatismo”, anticipó este miércoles desobediencia a ordenes juduciales a la acción penal iniciada en contra de sus principales instigadores. El gobernador Fernando Camacho, el presidente cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, convocaron y lideraron la extrema media de presión, que tuvo como su brazo operativo y violento a los miembros de la paraestatal Unión Juvenil Cruceñista (UJC), según varios testimonios. En la reunión de este miércoles aprobaron una agenda de acciones como una marcha para el viernes 9, el rechazo a los procesos penales que anunció la Fiscalía General del Estado y el no acudir a ninguna notificación judicial para la ciudad de La Paz. Las denuncias contra los líderes del paro fueron unificadas y radicarán en La Paz. Definieron “estrategias de lucha” contra lo que consideran ataques al “pueblo cruceño”, sin embargo, no mencionaron el saldo del violento paro que dejó cuatro personas muertas, cientos de heridos y agredidos en puntos de bloqueo en el centro urbano, saqueos de comercios minoristas y daño a la economía departamental por más de $us 1.200 millones. El fiscal General, Juan Lanchipa, explicó que las denuncias múltiples de las víctimas de la actuación de los grupos violentos demostraron que sí corresponde realizar procesos penales, cuando menos por 10 delitos penales de gravedad, como violación de derechos humanos a la vida, al trabajo, a la salud, educación, libre circulación y expresión, daños a los bienes del Estado y la propiedad privada. Para el Comité Interinstitucional, la acción judicial es “persecución política, nulos de pleno derecho”. Optaron por “mantener el estado de emergencia para estar preparados a reaccionar ante cualquier intento del Gobierno nacional de tomar acciones judiciales contra nuestros líderes y ciudadanos comprometidos por la lucha de Santa Cruz”. Aprobaron también la organización de “comisiones capaz de organizar acciones para las luchas que vienen” y que “ninguno de los acusados injustamente debe acudir a La Paz, siendo la jurisdicción natural el departamento de Santa Cruz”. Insistieron en que el paro indefinido fue pacífico en las rotondas, cuando la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, la Casa de la Mujer, la Central Obrera Departamental, la Federación Única de Campesinos y otras organizaciones denunciaron la comisión de delitos como la muerte a palos de una persona que se oponía al paro, una violación grupal en un punto de bloqueo, agresiones y acciones de racimos y de odio. Los denunciantes plantearon también que los autores sean procesados por “traición a la patria” por haber develado voluntariamente el “separatismo” de Santa Cruz de la estructura organizativa y política del Estado Plurinacional. El Comité Interinstitucional decidió acudir “ante los organismos internacionales los atropellos a los derechos fundamentales que se están cometiendo contra nuestros líderes amparados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica”. La Fiscalía General del Estado dispuso que una comisión de fiscales de La Paz acumule todas las denuncias por violación de derechos fundamentales y civiles en contra de los principales del violento paro cívico: Camacho, Calvo y Cuéllar, entre otros. Fuente: ABI

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Presidente de Diputados asegura ley del censo y demanda a Cuéllar y Calvo cumplir su parte y levantar el paro

Ya se cuenta con un proyecto de ley que ratifica el decreto del censo e incorpora la redistribución de escaños, lo que fue hecho conocer al rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, en reunión del viernes y en la que aseguró que venía a La Paz con poder de decisión. Se esperaba que levante, junto a los cívicos, el paro que lleva 30 días, informó el presidente de Diputados, Jerges Mercado. “Le dijimos a (Cuéllar antes de la cita) que no tenía sentido una reunión salvo que venga con poder de decisión para que inmediatamente se levante las movilizaciones, yo con mucha pena veo que no se ha hecho nada al respecto, le hemos entregado toda la información”, reveló sobre la reunión que tuvo el viernes con el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). El domingo se tomó la decisión y el lunes ya se contaba con el proyecto de ley que se tratará este lunes en Comisión de Constitución y luego en el plenario de Diputados. En el contenido se ratifica el decreto 4824 que fija para el 23 de marzo de 2024 el censo y para septiembre de ese mismo año la redistribución de los recursos de coparticipación. Además, explicó, en la norma se garantizará la entrega de resultados del censo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en septiembre de 2024 para la redistribución de escaños rumbo a las elecciones de 2025. “Hemos trabajado otra ley que es más precisa y exacta, da garantías de que el decreto no se va a modificar y además el tema de escaños”, explicó Mercado en una entrevista con medios estatales. “Quiero pedirles al rector (Cuéllar) y al presidente cívico (Rómulo Calvo) que nosotros estamos cumpliendo y que ellos cumplan con levantar las movilizaciones”, exigió tomando en cuenta lo conversado con Cuéllar, parte, junto a Calvo y el gobernador Fernando Camacho, de los líderes que convocaron al paro que cumple este domingo 30 días. Sobre la base de un trabajo técnico se definió la fecha del censo, por lo que Mercado cuestionó que Cuéllar y cívicos insistan en un censo en 2023, aunque varios líderes de la universidad y de los cívicos ya adelantaron que lo importante son los plazos fijados para la redistribución de recursos y reasignación de escaños legislativos. Es más, recordó Mercado, que en el último cabildo en Santa Cruz prácticamente se aceptó el decreto del censo y no se volvió a hablar de 2023. La oposición presentó cuatro proyectos distintos entre sí, por lo que considerarlos en el debate extenderá los plazos. Mercado aseguró que la plenaria en la que se tratará la ley del censo será por tiempo y materia. El paro se caracterizó por la violencia y hechos de discriminación y racismo. Cobros y violencia en los puntos de bloqueo, y la quema de la sede de los campesinos y el saqueo de las oficinas de la Central Obrera Departamental marcaron las últimas semanas de la extrema medida de presión que mantienen los líderes del paro, aunque gremiales y transportistas se resistieron y vinieron desarrollando sus actividades de forma parcial. Fuente: ABI

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Richter advierte que Camacho y Cuéllar mantendrán el conflicto más allá del censo para afectar al Gobierno y con fines electorales

Una vez resuelto el conflicto por el censo, el gobernador Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo mantendrán la conflictividad con la mirada puesta en generar inestabilidad e intranquilidad “en una lógica de impacto sobre el proyecto social y popular”, que lidera el presidente Luis Arce, y con proyecciones electorales, advirtió el portavoz presidencial Jorge Richter. “Este es un trabajo de desgaste constante y permanente de lo que significa el proyecto social y popular de Bolivia, en ese sentido la agenda va a continuar intentando la invalidación permanente sobre los distinto elementos”, aseguró en una entrevista en Radio Kawsachun Coca, en el marco de un análisis del conflicto en Santa Cruz. Camacho y Calvo, opositores declarados al gobierno de Arce, convocaron al paro indefinido que con este domingo lleva 29 días, marcados por la violencia, racismo y discriminación. Estos líderes del paro ya recurrieron a similar medida de presión en 2021, cuando obligaron a anular un proyecto de ley para luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas. Aunque el Gobierno propuso el 22 de octubre, primer día del paro, que una comisión técnica defina la fecha del censo y comprometiera la redistribución de los recursos de coparticipación en 2024, Camacho y Calvo apostaron por continuar la extrema medida y abandonaron la mesa de diálogo. Arce fijó, sobre la base del trabajo técnico, el censo para el 23 de marzo de 2024 y para septiembre la redistribución de recursos de coparticipación tributaria. En ese mes también se entregará al Tribunal Supremo Electoral (TSE) los datos censales con la finalidad de reasignación de escaños legislativos con vistas a las elecciones de 2025. “Es absolutamente importante señalar, de manera clara, que los conflictos no van a agotarse, los conflictos son de orden político y hay agenda de la derecha para generar inestabilidad política para invalidar el proyecto social y popular, y, si es posible, generar un proceso de acortamiento de mandato del Presidente y Vicepresidente”, advirtió. Richter explicó que los líderes del paro en Santa Cruz están trazando su proyección política con vistas a las próximas elecciones. En su análisis, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, se trazó un perfil conciliador, mientras que Calvo de “representante de la cruceñidad” y Camacho de “dueño de la violencia en las calles”. También están perfilando proponer una ley de escaños, sobre la base de los datos del censo, con el objetivo puesto en los escaños indígenas o circunscripciones especiales. No conciben que se elija representantes con 100.000 votos en unas circunscripciones y en otras con 2.000, por lo que –afirmó- apuestan por una representación más urbana. “El primer elemento es construir unas condiciones que les permita a ellos un modelo que les permita la posibilidad de volver a ganar las elecciones o tener el control del Estado”, aseguró y explicó que en ese contexto está su propuesta de avanzar hacia un estado federal o de revisar su relación con el Estado. Hasta el momento continúa el paro en Santa Cruz, que tuvo sus mayores picos de violencia en los ataques a vigilias en el Plan 3000, bastión de resistencia a Camacho, y la quema y saqueo de la sede de los campesinos y de la Central Obrera Departamental. Richter advierte que Camacho y Cuéllar mantendrán el conflicto más allá del censo para afectar al Gobierno y con fines electorales Una vez resuelto el conflicto por el censo, el gobernador Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo mantendrán la conflictividad con la mirada puesta en generar inestabilidad e intranquilidad “en una lógica de impacto sobre el proyecto social y popular”, que lidera el presidente Luis Arce, y con proyecciones electorales, advirtió el portavoz presidencial Jorge Richter. “Este es un trabajo de desgaste constante y permanente de lo que significa el proyecto social y popular de Bolivia, en ese sentido la agenda va a continuar intentando la invalidación permanente sobre los distinto elementos”, aseguró en una entrevista en Radio Kawsachun Coca, en el marco de un análisis del conflicto en Santa Cruz. Camacho y Calvo, opositores declarados al gobierno de Arce, convocaron al paro indefinido que con este domingo lleva 29 días, marcados por la violencia, racismo y discriminación. Estos líderes del paro ya recurrieron a similar medida de presión en 2021, cuando obligaron a anular un proyecto de ley para luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas. Aunque el Gobierno propuso el 22 de octubre, primer día del paro, que una comisión técnica defina la fecha del censo y comprometiera la redistribución de los recursos de coparticipación en 2024, Camacho y Calvo apostaron por continuar la extrema medida y abandonaron la mesa de diálogo. Arce fijó, sobre la base del trabajo técnico, el censo para el 23 de marzo de 2024 y para septiembre la redistribución de recursos de coparticipación tributaria. En ese mes también se entregará al Tribunal Supremo Electoral (TSE) los datos censales con la finalidad de reasignación de escaños legislativos con vistas a las elecciones de 2025. “Es absolutamente importante señalar, de manera clara, que los conflictos no van a agotarse, los conflictos son de orden político y hay agenda de la derecha para generar inestabilidad política para invalidar el proyecto social y popular, y, si es posible, generar un proceso de acortamiento de mandato del Presidente y Vicepresidente”, advirtió. Richter explicó que los líderes del paro en Santa Cruz están trazando su proyección política con vistas a las próximas elecciones. En su análisis, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, se trazó un perfil conciliador, mientras que Calvo de “representante de la cruceñidad” y Camacho de “dueño de la violencia en las calles”. También están perfilando proponer una ley de escaños, sobre la base de los datos del censo, con el objetivo puesto en los escaños indígenas o circunscripciones especiales. No conciben que se elija representantes con 100.000 votos en unas circunscripciones y en otras con 2.000, por lo que –afirmó- apuestan por una representación más urbana. “El primer elemento es

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Presidente del Comité Interinstitucional reconoce que Santa Cruz “no pierde” con la propuesta censal del Gobierno

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y presidente del Comité Interinstitucional, Vicente Cuellar, reconoció este viernes que Santa Cruz “no pierde” con la propuesta censal del Gobierno nacional, a pesar de que el Censo de Población y Vivienda se concrete en 2024, pues los datos preliminares se aplicarían ese mismo año con la redistribución de recursos y asignación de escaños parlamentarios. Recordó que el Gobierno nacional se comprometió a hacer conocer los resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda entre los meses de agosto y septiembre y que la redistribución de los ingresos por coparticipación tributaria se aplicaría a partir de septiembre u octubre. “Creo que eso es realmente un avance, ojalá que en el decreto supremo se establezca que los resultados tienen que ser vinculantes, que deban aplicarse de acuerdo con la ley”, dijo. Basado en ello, aseguró que “en el fondo (Santa Cruz) no pierde” con la propuesta del Gobierno “porque nosotros habíamos planteado que los resultados sirvan para la redistribución de escaños, habíamos planteado que los resultados sirvan para distribuir los recursos en 2024”. Pese a los esfuerzos que realizó el Gobierno nacional para conocer a detalle la propuesta censal del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, sus representantes siempre eludieron la posibilidad de exponerlos, esgrimiendo diferentes argumentos o simplemente no respondieron a las convocatorias al diálogo. Bajo esa lógica, el martes por la noche, la delegación del Comité Interinstitucional, conformada por los técnicos de la UAGRM y de la Gobernación, se retiró de la Comisión Técnica antes de explicar su propuesta para recudir el tiempo de la Actualización Cartográfica Estadística (ACE), tarea medular del proceso censal. Pese al retiro de esa delegación, a la que se sumaron los técnicos de los municipios de La Paz, Santa Cruz y Tarija, el resto de especialistas de 36 delegaciones concluyó el trabajo con la recomendación de realizar el Censo entre los meses de marzo y abril de 2024. Será a partir de esta sugerencia que el presidente Luis Arce Catacora concretará la fecha definitiva de la encuesta nacional a través de un decreto supremo, en apego también a la Constitución Política del Estado (CPE). Sin embargo, esta posibilidad fue rechazada por el cívico Rómulo Calvo y el gobernador Luis Fernando Camacho, quienes anunciaron que endurecerán las medidas de presión para hacer cumplir el paro indefinido que ya cobró la vida de cuatro personas en demanda de que el proceso censal se cumpla el año 2023. No obstante, Cuellar advirtió “que cada día que pasa es un punto en contra para nosotros” en el objetivo de concretar que la encuesta nacional se efectúe el próximo año porque “el calendario que ha presentado el Comité Técnico Interinstitucional no es fijo, eso se va a ir moviendo en la medida que va pasando el tiempo”. “Creo que el Gobierno nos emborrachó con esa socialización en todos los departamentos y no tomamos, de repente, las acciones que debimos de tomar”, apuntó. Además, dijo que no se puede cerrar “los ojos ante un momento difícil por el que atraviesa el pueblo cruceño”, con 21 días de paro, por lo que “corresponde trasladarle la palabra, la decisión al pueblo” en el cabildo que se efectuará el domingo 13 de noviembre. “El pueblo debe decidir nuevas medidas”, dijo Cuéllar, pero se abstuvo de señalar cuáles podrían ser las consultas a la población cruceña que asista al cabildo. Fuente: ABI

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