Denuncia

Denuncian discriminación, abuso y manipulación en elección de candidatura única del Comité Pro Santa Cruz

Fernando Larach y Stello Cochamanidis, parte de la cúpula económica y política cruceña, son los únicos candidatos habilitados y los seguros presidente y primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz. No guardaron silencio ni se ahorraron calificativos los inhabilitados, hablaron de discriminación, abuso y de manipulación. Reinerio Vargas, es uno de los más radicales en los conflictos de los cívicos, fue inhabilitado en su candidatura a la silla cívica. “Yo denuncio públicamente la manipulación que está haciendo la junta electoral, se están comportando de una forma nefasta”, cuestionó molesto ante la noticia de su inhabilitación y habilitación de los dos únicos candidatos. Jorge Santiesteban, acompañante de fórmula de Vargas, admitió que buscaban romper la hegemonía de los eternos empoderados en el comité y reconoció la falta de democratización interna, porque “la estructura organizativa, corporativa que tiene el Comité está representada por las instituciones, y esas instituciones son las que directamente emiten su voto”. Larach y Cochamanidis ya fueron parte del ente cívico, junto a Rómulo Calvo, y forman parte de la élite cruceña. Larach es abogado con una maestría, fue parte del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), de la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras y desde 2016 estuvo en cargos cívicos, según su historial en Linkedin. De Cochamanidis poco se sabe, fue presidente de la Federación de Fraternidades Cruceñas y dirige un programa radial en el que entrevista solo a la élite cruceña. En su cuenta en Twitter se define escuetamente: “Cívico de corazón. Segundo Vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz”. Para el dirigente de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, Rolando Borda, lo que ocurre en el ente cívico es un “pasanaku” entre las logias que aglutinan a la élite económica y política. “Existe una veintena de organizaciones que componen el comité cruceño, pero son dos grupos de poder económico que lo manejan y que se dividen en logias, Caballeros del Oriente y Toborochis. Son ellos que, en una suerte de elección, se intercalan la presidencia”, denunció. Lo que pasó este viernes con la habilitación de la candidatura única, ya lo anunciaba el 23 de enero el periodista José Pomacusi, cuando se conoció la postulación de Larach. “Ya está. Fernando Larach será el nuevo presidente del Comité pro Santa Cruz. Solo faltan los actos formales”, escribió en su cuenta en Twitter en alusión a que la decisión ya estaba tomada por los círculos de poder. Días después, Pomacusi vaticinaba que Vargas sería inhabilitado, como terminó pasando. “Reinerio Vargas no podrá ser presidente del Comité pro Santa Cruz. Lo van a inhabilitar”, afirmó ese 28 de enero, también en su cuenta en Twitter. Justamente Vargas denunció falta de transparencia y puso en cuestión la democracia interna. “A nosotros nos están mirando con lupa y a los otros se hacen los opas, cómo es eso. No voy a permitir jamás abuso de nadie. Estamos demostrando que es ilegal lo que han hecho, estamos pidiendo actualización del padrón electoral, la elección es el próximo sábado y no nos presentan”, observó visiblemente molesto. Ya en el camino quedó Agustín Zambrana, quien declinó su postulación. “Lo bajaron a Agustín Zambrana”, aseguró Pomacusi y reveló que también se lo pidieron a Vargas, pero se negó. Las puertas del ente cívico se las cerraron al dirigente del transporte pesado Juan Yujra, quien intentó postular y presidir el exclusivo Comité Pro Santa Cruz, al que apoyó movilizando a sus bases en paros y protestas. “Vivo 34 años acá, me siento un cruceño más, mi familia está acá…parece una discriminación”, decía el 2 de febrero el dirigente, quien recordó que para ser parte del comité debe ser nacido en Santa Cruz. Mientras que, el candidato inhabilitado a segundo vicepresidente, Darling Méndez, denunció discriminación y reveló que durante los 36 días de paro en Santa Cruz, organizado por la dirigencia de Calvo y el ahora encarcelado excívico y gobernador Luis Fernando Camacho, no fueron escuchados y que guardaron silencio por respeto a la institucionalidad. “¿Será que este es el comité que quiere el pueblo Cruceño?… Voy a decir la discriminación que estamos teniendo”, aseguró en un hecho que no se había visto antes en elecciones del ente cívico cruceño. Aunque el 2021 también se rompió el statu quo, cuando se presentó a pelear la presidencia cívica la primera mujer, Alejandra Serrate que también fue inhabilitada. Fuente: ABI

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Denuncian a Marilyn Manson en Nueva York por agresión sexual a menor en 1995

El cantante estadounidense Marilyn Manson fue objeto de una denuncia este lunes en Nueva York por agresión sexual a una menor de edad en 1995, caso abierto gracias a una ventana legal que permite temporalmente juzgar este tipo de casos hasta ahora prescritos. El artista, llamado Brian Warner, de 54 años, está acusado de violar cuando tenía 26, al inicio de su carrera, a una chica de 16 a la que conoció tras uno de sus conciertos, y de manipularla y abusar de ella hasta 1999 bajo el auspicio de ejecutivos musicales y con la colaboración de sus socios. La denuncia también implica a los sellos discográficos del artista, Interscope Music y Nothing Records, que están acusados de “celebrar y promover” las “obsesiones pedófilas y comportamientos violentos” de Warner “para su ganancia financiera colectiva”. El documento indica que la denunciante era virgen cuando Manson la violó por primera vez en el autobús de gira y en presencia de un miembro de su banda, y agrega que después la humilló, la amenazó con matarla a ella y a su familia si se lo contaba a alguien y la echó de malas maneras. Pese a ello, el cantante contactó con la víctima para chatear con ella, pedirle fotos explícitas para su club de fans e invitarla a más conciertos, lo que la llevó a viajar a “numerosas ciudades y estados, incluyendo Nueva York”, y a ser invitada a la zona de bastidores y el autobús de gira. En 1999, durante unas cuatro semanas en una gira, Manson supuestamente forzó de nuevo a tener sexo a la víctima, entonces de 19 años, y “a menudo” la obligó a hacerlo con “él y otros miembros de la banda o su asistente a la vez”. “Como es típico con un depredador sexual, el acusado Warner siguió ejerciendo poder y autoridad para mantener control sobre la denunciante. Como resultado (…) de su comportamiento opresivo y constante, la denunciante fue incapaz de defender y salir del abuso”, agrega. La denuncia también indica que en 2021, la víctima publicó su relato en internet y sufrió represalias, y cree que el acusado y su esposa están recurriendo a un canal de YouTube que desacredita a mujeres que lo han acusado de abusos para intentar acallarla. El polémico artista ha sido acusado en los últimos años de abusos sexuales y psicológicos por más de una decena de mujeres, entre ellas la actriz Evan Rachel Wood, algo que este siempre ha negado asegurando que sus relaciones han sido “consensuadas con parejas con ideas similares”. La denuncia de Nueva York, interpuesta en Nassau (Long Island), reclama un juicio con jurado y diferentes vías de indemnización. Fuente: Pagina siete

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REDH denuncia intento contra la institucionalidad de Brasil

La Red de Intelectuales y Artístas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad –REDH- hace llegar un abrazo solidario al Presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, al pueblo brasileño y a sus movimientos sociales y políticos, que han sido afectados por un encadenamiento de amenazas antidemocráticas y violentas, que han llegado hoy al punto de arremeter contra las instituciones del Estado en Brasilia. Mientras el gobierno electo y el pueblo brasileño están afanados en la reconstrucción de un país socavado por intereses privados y particulares, el fugitivo ex presidente Bolsonaro y sus seguidores sólo muestran su empecinamiento en destruir Brasil y consumar el aislamiento del país que se implementó desde el golpe de Estado de 2016.  La REDH denuncia el intento de golpe que la extrema derecha asestó contra la institucionalidad de Brasil y expresa su expectativa de un cese de la impunidad con la que estos grupos, incluso armados, se mueven por el país e irrumpen sin ningún miramiento en la sede de los poderes del Estado. Hacemos un llamado a les democratas del mundo a manterse alerta y defender con decisión al gobierno de Lula da Silva y les alentamos a respaldar los esfuerzos del pueblo brasileño por volver a tener un país soberano. Secretaría Ejecutiva de la Red en Defensa de la Humanidad

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YPFB denuncia intento de robo a surtidor en Oruro, un funcionario fue agredido

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) denunció intento de robo, con arma de fuego, a la estación de servicio “Cinco Esquinas” en la ciudad de Oruro, donde se comercializa gasolina especial y diésel oil. El distrital Comercial, Ronald Cuba, informó que gracias a la intervención oportuna del personal de seguridad se evitó consumar el hecho, sin embargo, un funcionario fue agredido físicamente y presenta una lesión en la cabeza. El caso fue denunciado ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para la respectiva investigación. El hecho ocurrió la madrugada de este martes, cuando dos individuos ingresaron a la estación de servicio con el uso de la fuerza, al percatarse que al interior se encontraba el guardia de seguridad, además de funcionarios, abandonaron rápidamente el lugar, fracasando en su intento de robo. Las cámaras de vigilancia registraron la agresión física de estos sujetos al funcionario de YPFB. La estatal petrolera cuenta con un centro de monitoreo y vigilancia en tiempo real de sus estaciones de servicio ubicadas en el país. Adicionalmente, el Batallón de Seguridad Física de la Policía Boliviana presta servicios de supervisión y control durante las 24 horas. Fuente: Agencia Boliviana de Información (ABI)

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Transparencia denuncia penalmente a exgerente de Emapa por compra ilegal de trigo en 2020

El exgerente General de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Eduardo Wilde Jordán, fue denunciado penalmente por el Viceministerio de Transparencia Institucional. «Se ha iniciado un proceso penal (…), por una compra irregular de grano de trigo, a través de la cual se pretendió gestar un fraude en contra del Estado, mediante la empresa Duron LLC, efectuada en la gestión 2020, situación que fue detectada a tiempo y motivó la resolución del contrato», indicó esta cartera de Estado mediante un comunicado. El exfuncionario de Jeanine Áñez es acusado por la presunta compra irregular de 30.000 toneladas de grano de trigo rojo duro por un valor de más de $us 7 millones a través de la empresa Duron LLC en la gestión 2020, con dicho acto se pretendía causar un daño económico al Estado. La empresa Duron LLC, en enero de 2021, presentó una demanda arbitral ante el Centro de Arbitraje Graim and Feed Trade Association (GAFTA) de Londres de Inglaterra, reclamando el pago de daños y perjuicios. En las últimas horas, el Tribunal notificó al el Estado Boliviano que se rechazó de las pretensiones de la firma estadounidense ganó un laudo arbitral planteado por Duron LLC en demanda de un pago de $us 15 millones por la rescisión del contrato. Según los antecedentes, se trató de comprar 30.000 toneladas de trigo transgénico incurriendo en un fraude contra el Estado. Este hecho permitiría al Viceministerio de Transparencia «proseguir las acciones correspondientes, por haberse identificado la presunta comisión de delitos de corrupción, hasta que se determinen las responsabilidades aplicables”. Asimismo, la unidad dependiente del Ministerio de Justicia advierte que continuará con su participación activa como querellante institucional en el proceso hasta lograr la sentencia. Fuente: Agencia Boliviana de Información (ABI)

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Bolivia registra 575 denuncias por violencia y acoso político en contra de las mujeres

El acoso y la violencia política están entre los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en el ejercicio de la política, según la Coordinadora de la Mujer.Las 575 denuncias registradas por la Asociación de Concejales de Bolivia (Acobol) desde el 2017 hasta el 2022 y las dos únicas sentencias que se tienen en diez años de vigencia de la Ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, son una muestra de ello.“ La violencia y el acoso político es un tema importante que nos preocupa contamos con una ley en contra de la violencia política, pero vemos con mucha preocupación que este tipo penal es el que menos sentencias tiene”, indicó la directora de la Coordinadora, Tania Sánchez. Resaltó que Bolivia es el único país en la región que cuenta con una ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, la Ley 243, sin embargo, solo dos agresores fueron sentenciados. “Se han registrado datos en Acobol y son alrededor de 575 casos entre el 2016 a la fecha y en el Órgano Electoral se han registrado 185 casos hasta la fecha, es una dificultad para el ejercicio de la toma de decisiones (…) esto también limita la fiscalización de nuestras asambleístas o concejalas”, explicó en entrevista con la ABI. Señaló que muchas veces las mujeres en algún cargo político son acosadas por que cumplen con su tarea de fiscalizar y controlar al ejecutivo para mostrar una gestión trasparente y ellas lo hacen porque se deben y responden a sus bases. Lamentó que pese a contar con una normativa vigente, la violencia, el acoso y la impunidad “persistan”. Sentencias El 12 de febrero de 2021, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz sentenció dos años de privación de libertad contra Rafael “Tata” Quispe en el proceso iniciado por Felipa Huanca por el delito de acoso político. El 26 de octubre de 2022, el Juzgado de Sentencia Segundo de Quillacollo dictaminó sentencia de tres años de cárcel en contra del exasambleísta departamental de Cochabamba Arturo Vegamonte por acosar políticamente a la asambleísta María Patzi. Ley 243De acuerdo con la Ley 243, se define como violencia política a los “actos de agresión física, psicológica o sexual cometidos por una persona o grupo de personas contra mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública, o contra sus familias, que afectan su integridad física y psicológica, el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus derechos”. En tanto, el acoso político puede ser cualquier “acto de presión, persecución, hostigamiento o amenazas cometido por una persona o grupo de personas, militantes o no, contra mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública o contra sus familias”. Fuente: Agencia Boliviana de Información (ABI)

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Ministerio de Justicia solicita ampliar denuncia en la vía ordinaria por las masacres de Senkata y Sacaba en contra de Áñez

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Cesar Siles, informó este viernes que se presentó una solicitud ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que, en el caso Masacre de Senkata y Sacaba, se amplíe la denuncia por la vía ordinaria en contra de la exsenadora Jeanine Áñez. “Se ha presentado una solicitud de ampliación de denuncia a la Fiscalía General del Estado por el caso de las masacres de Senkata y Sacaba. Dicha solicitud está radicada en la Fiscalía Departamental de La Paz y la Fiscalía Departamental de Cochabamba”, indicó Siles en conferencia de prensa. Detalló que la solicitud fue realizada tras que el Estado fue notificado formalmente “frente a las instituciones víctimas en el caso Sacaba y Senkata -el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi)- que corresponde un juzgamiento ordinario”.Señaló que como antecedente se tiene la existencia de dos fallos que viabilizaron un juicio ordinario. “Esperemos que la Fiscalía pueda pronunciarse inmediatamente para la tramitación en la vía ordinaria de esos dos casos tan emblemáticos para el Estado boliviano”, remarcó Siles. También aguardarán que el Tribunal Plurinacional Constitucional (TPC) se pronuncie ante el nuevo amparo constitucional presentado por la defensa de Áñez. Los delitos por lo que se investigará a la exsenadora son: genocidio, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, lesiones graves, lesiones leves y otros. Las masacres en 2019El 14 de noviembre de 2019 Áñez y su gabinete firmaron el Decreto Supremo 4078 que eximía de eventuales juicios penales a los militares, para ejecutar operativos en noviembre de ese año. Dicha norma sirvió como un aval para que las Fuerzas Armadas (FFAA) en coordinación con la Policía repriman a la población movilizada en contra del gobierno de Áñez y que reclamaba respeto a la democracia. El 15 y el 19 de noviembre de 2019, el accionar de las fuerzas conjuntas de la Policía y las Fuerzas Armadas en Huayllani–Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) dejó el saldo de más de una treintena de personas fallecidas, 184 personas heridas y 224 personas fueron detenidas. Fuente: Agencia Boliviana de Información (ABI)

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Denuncia del ministro Del Castillo es admitida y citan a audiencia contra el cívico Calvo y el diputado Bazán

La Fiscalía admitió una denuncia del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en contra del líder cívico cruceño Rómulo Calvo y del diputado de Creemos Erwin Bazán, por los delitos de injurias y calumnias. Para este miércoles fue fijada la audiencia de conciliación. “Revisada la querella, se establece que la misma cumple con los requisitos formales exigidos por el artículo 290 con relación al artículo 341 del Código de Procedimiento Penal, por lo que sin entrar en otras consideraciones de fondo que no sean simplemente  de orden procedimental, corresponde a este tribunal admitir y a partir de ello imprimirle el trámite de ley”, establece la citación de audiencia. La audiencia virtual de conciliación, como establece las normas, fue fijada para las 14.00 de este miércoles en un juzgado de Santa Cruz. Calvo se encuentra con detención domiciliaria las 24 horas del día y sin derecho al trabajo, por denuncias como ejercicio ilegal de la profesión. Desde esa condición dirigió, junto al gobernador Fernando Camacho y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, el paro de 36 días por un censo en 2023, pero al final aceptó el censo en 2024, como lo definió el Gobierno sobre la base de un trabajo técnico. Bazán es parte de la agrupación Creemos de Camacho. Fuente: ABI

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