El Salvador

Un inmenso mural de campaña en una fachada de San Salvador con el rostro de Nayib Bukele, reelecto este domingo por una mayoría aplastante, lleva un lema que le va como anillo al dedo: «Paso a paso». Así es como este político de 42 años con pelo engominado, declaradamente populista y difícil de encasillar políticamente, ha ido convenciendo a los salvadoreños de que a cambio de darles seguridad en las calles con su mediática política de mano dura contra la violencia pandillera, a costa de los derechos humanos, le dieran carta blanca para concentrar todo el poder en su puño. Eso incluye un régimen de excepción que dura ya casi dos años y con el que ha puesto tras las rejas a más de 70.000 personas, acusadas de pertenecer a las maras. Con eso, El Salvador pasó a convertirse en uno de los países más seguros de América y él en el líder más popular de la región latinoamericana, según el Latinobarómetro de 2023. Pero esa medida extrema de suspensión de las garantías ha desatado las alarmas entre los organismos de derechos humanos y familiares de personas víctimas de detenciones arbitrarias, torturas en las cárceles y otros crímenes de Estado. Su victoria, más que augurada en los sondeos, le convierte en el primer presidente en ser reelegido desde la llegada de la democracia en 1992 al país más pequeño de Centroamérica, de poco más de seis millones de habitantes. Pero si lo ha hecho no es solo porque contaba con el favor de gran parte de la población, sino porque, según varios juristas, su candidatura violó la Constitución, que en varios artículos prohíbe expresamente la reelección inmediata. ¿El fin justifica los medios? Bukele, hijo de un acaudalado químico y empresario descendiente de una familia de inmigrantes palestinos, ha demostrado sobradamente que se mueve por aquello de que «el fin justifica los medios» desde que irrumpió en la política. Tras abandonar sus estudios de derecho, se puso al frente de la empresa de publicidad fundada por su padre, un negocio que le llevó a dominar el arte de la propaganda política a través de las redes sociales y que proveía servicios al gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la antigua guerrilla de izquierda que gobernó el país entre 2009 y 2019. Fue con ese partido que entró en política, primero como alcalde del municipio de Nuevo Cuscatlán (2012-2015) y luego de San Salvador (2015-2018), donde destacó entre otras cosas por la pacificación del decaído centro de la ciudad. Su idilio con el FMLN terminó pronto, cuando fue expulsado en 2017 tras ser culpado de promover la división en el partido por sus discrepancias con la cúpula del partido izquierdista. Pero en esa época él ya tenía ambiciones presidenciales. Fundó su partido actual, Nuevas Ideas (NI), con el que no pudo postularse a los comicios de 2019 debido, según él, a maniobras opositoras. Finalmente, con el aval de su popularidad, concurrió y ganó en primera vuelta con el centroderechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), una escisión del derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Con esa victoria, terminó con el bipartidismo con el que Arena y el FMLN se habían repartido el poder desde 1992, cuando se firmó el acuerdo de paz tras 12 años de guerra civil. «Un poco medicina amarga» Bukele asumió la presidencia como el presidente ‘millenial’ más joven de América Latina, dispuesto a sacar del pozo a un país azotado por la violencia de las ‘maras’, la corrupción y la pobreza. «Nuestro país es como un niño enfermo. Nos toca ahora a todos cuidarlo, nos toca a todos ahora tomar un poco de medicina amarga», advirtió entonces en su toma de posesión ante miles de salvadoreños. Y se puso manos a la obra. Aunque él no lo aceptó nunca, la prensa sostiene que empezó negociando la reducción del índice de homicidios y futuro apoyo electoral con las tres principales pandillas del país, Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, a cambio de beneficios carcelarios y otras prebendas. Nueve meses después de subir al poder, en febrero de 2020, protagonizó un hecho que dio la vuelta al mundo: arropado por el pueblo, irrumpió en la Asamblea con militares y policías fuertemente armados y se sentó en el sillón de la presidencia para presionar a sus los legisladores para que aprobaran un crédito de 109 millones de dólares para financiar su plan de seguridad ‘Control Territorial’. «El dictador más cool del mundo» De aquel exabrupto autoritario salió impune, pero le dio más apoyo: en febrero de 2021, arrasó en las elecciones legislativas y municipales. Con la mayoría calificada en la Asamblea, ya podía hacer y deshacer a su antojo: destituyó al fiscal general y a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y los sustituyó por figuras afines, lo que desató acusaciones de que estaba emprendiendo una deriva autoritaria. Su nueva hegemonía le dejó vía libre para reformar las leyes electorales para optar a un nuevo mandato, destituir a más figuras que le eran incómodas o incluso convertir a El Salvador en el primer país en adoptar el bitcóin como moneda oficial, junto al dólar estadounidense. Quiso hacer del país el epicentro mundial de las criptomonedas e incluso proyectó la «Bitcoin City», jamás concretada.  En aquél entonces, irónicamente, se describió en las redes sociales como «el dictador más ‘cool’ del mundo mundial». «La guerra total» contra las maras Pero el año más decisivo de su mandato fue 2022. Tras una escalada con 87 muertes violentas en una semana, le declaró en marzo «la guerra total» a las pandillas, que durante décadas sembraron un régimen de terror y extorsión en buena parte del país. A partir de ahí fue decretado el estado de excepción, prorrogado 14 veces, que suspende garantías constitucionales y permite entre otras cosas detenciones provisionales sin límites o la intervención de las telecomunicaciones sin el aval de un juez. Las cuidadas puestas en escena de las operaciones policiales, de calidad cinematográfica, con las que consiguió limpiar las calles de pandilleros, le granjearon todavía más apoyos. En ellas, se muestra la persecución y detención de decenas de pandilleros, su traslado, esposados y vestidos solo con

Los salvadoreños acuden este domingo a las urnas en la primera vuelta de unas elecciones presidenciales y legislativas llamadas a ser un paseo para el presidente Nayib Bukele, quien ha logrado reducir al mínimo la violencia pandillera con una política de mano dura cuestionada por los organismos de los derechos humanos. Uno de los últimos sondeos, de la Universidad Centroamericana (UCA), apunta que el mandatario de 42 años se haría con un 81,9 % de los votos, frente a una oposición atomizada entre cinco candidatos, ninguno de los cuales alcanzaría el 5 % de los sufragios. La mayoría de las encuestas ofrecen datos similares. Si, como todo indica, supera el 50 % de los votos, sería reelecto sin pasar por el balotaje. La oposición, al revés de lo que ocurre en países con figuras hegemónicas, ni hizo amago de presentar un candidato unitario. De hecho, se augura que muy debilitada, según los pronósticos. Los dos que siguen a Bukele, a un distancia sideral, son el exdiputado Manuel Flores, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y el empresario Joel Sánchez, del derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Esos dos partidos dominaron la política salvadoreña tras la guerra civil que asoló el país entre 1980 y 1992. Hasta que llegó Bukele en 2019 y terminó con el bipartidismo. Los otros tres candidatos son el médico obstetra José Renderos (Fuerza Solidaria), el abogado Luis Parada (Nuestro Tiempo) y la arquitecta Marina Murillo (Fraternidad Patriótica Salvadoreña). Mantener la hegemonía La justa está a priori tan clara, que, cuando hace días pidió el voto en un video en las redes sociales, uno de los puntales de su éxito, Bukele llamó a mantener la hegemonía que su partido, Nuevas Ideas, también tiene en el Legislativo. «Este 4 de febrero debemos mantener los logros en seguridad. En este momento, Nuevas Ideas tiene la mayoría calificada. Pero con tan solo un diputado menos, perderíamos esa mayoría y pondríamos en riesgo la guerra contra las pandillas», explicó. Bukele aseguró que, sin esa mayoría, «no se podría prorrogar el régimen de excepción, ni elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni al fiscal general, ni profundizar la reforma judicial», así como tampoco «aprobar todas las herramientas» para «ganar la guerra». Pero su posición dominante causa inquietud entre algunos sectores. El vicerrector de la UCA, Omar Serrano, aseguró en la presentación de la encuesta que los comicios son «una especie de trámite para hacerlas funcionales a los intereses de los que tienen el poder», como ha ocurrido históricamente en el pequeño país de seis millones de habitantes. Nos acercamos hacía un régimen o de partido único o de partido hegemónico», que solo existen «en regímenes no democráticos», advirtió. El académico aseguró que lo que más valora la población «es lo que tiene que ver con la política de seguridad del Gobierno y, en concreto, con el régimen de excepción». Eso es lo que más condiciona el voto, aunque la economía y el desempleo hayan desplazado a la violencia como principal preocupación de los salvadoreños. «No estamos combatiendo a angelitos» La ofensiva represora de Bukele se ha vuelto icónica dentro y fuera de El Salvador. Este político, que también fue alcalde de San Salvador antes de ser electo como presidente, le declaró «la guerra a las pandillas» e impuso a principios de 2022 impuso un estado de excepción, que rige desde entonces y ha llevado tras las rejas a más de 70.000 personas, acusadas de pertenecer a las pandillas. El país que tanta sangre derramó bajo el yugo de las temibles maras se ha convertido en uno de los más seguros de Latinoamérica. De hecho, una encuesta de la consultora Cid Gallup revela que posee el porcentaje más bajo de percepción de criminalidad en la región. El mandatario proviene del ramo de la publicidad, por la empresa familiar, y domina a la perfección el arte de la propaganda. Muestra de ello son las cuidadas puestas en escena que hace de la persecución y detención de decenas pandilleros, de su traslado, esposados y vestidos solo con calzoncillos, al recién construido Centro de Confinamiento del Terrorismo (según él, «la cárcel más grande de toda América») y de las familias gozando de la paz recobrada en las calles. «No estamos combatiendo a angelitos, estamos combatiendo al mismo demonio», dijo en una ocasión. Un modelo «altamente represivo» Sus medidas le granjearon un altísimo índice de aprobación entre los salvadoreños, pero opositores y defensores de los derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, torturas y erosión del orden institucional. En agosto del año pasado, el gobierno, que rechaza las acusaciones, anunció que había liberado a 7.000 detenidos y dijo que eso era una muestra de que «el sistema de justicia está funcionando». En diciembre, en un extenso informe, Amnistía Internacional (AI) aseguró que el Estado salvadoreño, «detrás del velo seguridad», está «reemplazando gradualmente la violencia de las pandillas», al adoptar un modelo de seguridad «altamente represivo» que criminaliza a los grupos vulnerables y socava los derechos humanos. La ONU, la Unión Europea y otros organismos, por su parte, le han pedido al gobierno salvadoreño el fin del estado de excepción. Pero el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, aseguró que la medida se prolongará «hasta que se llegue a la última detención».  Una polémica candidatura Para que Bukele pudiera participar en los comicios, la Asamblea Nacional del país centroamericano otorgó una licencia especial por seis meses al presidente y, en su lugar, nombraron a Claudia Juana Rodríguez de Guevara como «designada presidencial». Pese a su amplio respaldo popular, la aspiración de Bukele para un segundo mandato consecutivo no ha estado exenta de polémica, pues aunque la Constitución prohíbe explícitamente la reelección inmediata, los magistrados del TSE –designados por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista– emitieron una resolución que lo habilitó para poder poder competir. La politóloga y socióloga Carolina Ovares-Sánchez sostuvo, en el diario digital Divergentes, que la flexibilización de los límites de los mandatos presidenciales «puede ser democráticamente legítima», pero que, en el caso de El Salvador, «la manipulación de las reglas electorales conduce a la manipulación del poder». «El caso salvadoreño revela abusos y concentración del poder, evidenciando que la búsqueda de la reelección es un paso más hacia el autoritarismo»,