El Ejecutivo del presidente Luis Arce espera que la Fiscalía General del Estado se pronuncie “inmediatamente” para tramitar en el ámbito penal de la justicia el juicio a la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez por las masacres en Cochabamba y El Alto ocurridas durante su mandato inconstitucional. El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Cesar Siles, dijo que el Gobierno espera un “pronunciamiento inmediato”. El 15 de noviembre de 2019, en el desarrollo de intervenciones militares destinadas a controlar las protestas ciudadanas que se oponían al golpe de Estado, murieron 11 civiles y otros 120 resultaron heridos en Sacaba, Cochabamba. Cuatro días más tarde, el 19 de noviembre, en Senkata, El Alto, otros 11 civiles fueron asesinados y 78 personas resultaron heridas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó ambos sucesos como masacres. “Se trata de casos emblemáticos”, remarcó la autoridad de Justicia. El pedido estatal a la Fiscalía se formaliza luego del rechazó judicial al amparo constitucional presentado por Áñez, en un caso de nombramiento ilegal que avaló en la Empresa Boliviana de Alimentos, para que sea juzgada en un juicio de responsabilidades y no en la vía ordinaria. Decreto de la muerte “Mi compromiso es devolver la democracia y tranquilidad al país”.Ésta fue la promesa, con la Biblia en la mano, de Jeanine Áñez minutos después de asumir el mando de la nación sin que la Asamblea Legislativa aprobara antes la renuncia del presidente y vicepresidente del país, Evo Morales y Álvaro García, un paso que exige la Constitución. Ultra religiosa, el primer paso que dio su gestión para lo que después bautizó como “pacificación” fue reprimir con las fuerzas de seguridad del Estado movilizaciones en El Alto, Sacaba, Betanzos y Yapacaní, lo que se saldó con 36 fallecidos por armas de fuego. Para allanar las operaciones militares-policiales, la mandataria inconstitucional firmó el 14 de noviembre de 2019 el Decreto Supremo 4078, por el cual eximía de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas en las acciones de represión de protestas sociales. Hasta ahora, los procesos en la justicia ordinaria instaurados a la exparlamentaria guardan relación más con asuntos administrativos pero no abordan la violación de derechos humanos durante su gestión, como los fallecidos por armas de fuego, los heridos y las detenciones ilegales. De aprobarse el juicio ordinario por las masacres de 2019, éste arrastrará a 11 ministros de su primer gabinete que firmaron el Decreto 4078 por los delitos de genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas. El juicio podría incluir, además de Áñez, a Karen Longaric (canciller), Jerjes Justiniano (Ministro de la Presidencia), Arturo Murillo (Ministro de Gobierno), Fernando López (Ministro de Defensa), José Luis Parada (Ministro de Economía), Álvaro Guzmán (Ministro de Energía), Yerko Núñez (Ministro de la Presidencia), Álvaro Coímbra (Ministro de Justicia). Esa nómina también estaría integrada por María Elva Pinckert (Ministra de Medio Ambiente y Agua), Mauricio Ordoñez (Ministro de Desarrollo Rural y Tierras) y Roxana Lizárraga (Ministra de Comunicación). En un juicio ordinario figurarían, además, excomandantes militares y policiales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó, tras la investigación de una misión de observación de tres semanas en el país, que el gobierno de Áñez incurrió en “graves violaciones a los derechos humanos” durante las protestas de noviembre de 2019 en el barrio alteño de Senkata y en Sacaba, Cochabamba. Amnistía Internacional, por su lado, denunció “impunidad” tras el uso “excesivo e innecesario” de fuerzas del Estado contra las protestas que se opusieron a la asunción Áñez a la Presidencia. Sentencia El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz condenó en junio pasado a la expresidenta de facto a 10 años de prisión por los delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución” e “incumplimiento de deberes”, en uno de los varios procesos que la justicia boliviana sigue a la política de 54 años, que se encuentra en prisión desde hace más de un año. La exmandataria fue condenada por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Fue juzgada por sus actos como senadora, antes que asumiera la presidencia del país, el 12 de noviembre de 2019. Fuente: Agencia Boliviana de Información (ABI)
