Nacionalización

El Presidente insta a cuidar la nacionalización y acusa a la derecha de solo velar por sus bolsillos

En ocasión de conmemorar los 86 años de creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el presidente Luis Arce Catacora instó este jueves a cuidar la nacionalización de los hidrocarburos impidiendo que vuelvan a caer en “manos extranjeras” y también acusó a la derecha de solo velar por sus bolsillos. El jefe de Estado señaló que la tercera y definitiva nacionalización de los hidrocarburos, concretada en 2006, puso el pilar fundamental del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, porque no solo permitió un mayor crecimiento económico a Bolivia, sino distribuir la riqueza a todos los bolivianos. Pero ello no fue sencillo, pues más de 60 bolivianos ofrendaron sus vidas durante las movilizaciones de octubre de 2003 que se opusieron a la exportación de gas a los Estados Unidos “a precios de gallina muerta”. Arce convocó a honrar esa “larga pelea por la recuperación de los recursos naturales”, que pasó por las tres nacionalizaciones hasta dejarla establecida en la Constitución Política del Estado durante el debate de la Asamblea Constituyente entre 2006 y 2008. Señaló que tiene que prevalecer “el compromiso de todos los bolivianos y en especial de quienes trabajan en el sector (hidrocarburífero) de que nunca más esos recursos pasen a manos de extranjeros y que sirva para el pueblo boliviano”. Gracias la nacionalización, dijo, se consolidó la presencia de YPFB en toda la cadena productiva de los hidrocarburos y, a la par, mejorar los ingresos económicos del país. De hecho, desde el año 2006 el país recibió por concepto de renta petrolera algo más de $us 50.000 millones. “Este recurso natural es el que ha dado el impulso a nuestro Modelo Económico para que empecemos la tarea distribuidora del ingreso y tengamos el acelerado crecimiento y que poco a poco lo vamos consolidando”, resaltó el presidente. Luego de afirmar que la “nacionalización es irreversible”, Arce elogió el buen desempeño de la estatal petrolera que pasó de generar $us 2.000 millones en renta petrolera el año 2021 a más de $us 3.000 millones para este 2022 y que prevé cerrar la gestión con $us 5.000 millones en ventas por el gas naturales a los mercados de Brasil y Argentina. “Tenemos una empresa que hoy es la segunda más importante de la región” por las utilidades generadas, es decir “tenemos una empresa que está entre las mejore de la región”, aseguró. En la ocasión, el jefe de Estado reprochó las malas decisiones asumidas durante el Gobierno de facto entre 2019 y 2020, como el hecho de despedir a los técnicos formados para operar la Planta de Amoniaco y Urea (PAU) “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y por cuya determinación se dañaron varios equipos que obligaron a paralizar la empresa por meses. “Vino el Gobierno de facto, que no le interesa la producción ni la industrialización del país, porque así es la derecha, a la derecha no le interesa el bolsillo del boliviano, le interesa sus bolsillos, por eso es que no le interesó sacar a toda es agente que habíamos preparado durante tantos años y cuando quisieron hacer funcionar la planta quemaron las turbinas”, recordó el presidente. De acuerdo con datos oficiales, el Gobierno de facto despidió al 73% del personal de la planta en 2020. La errada manipulación de los equipos provocó varios daños, el más afectado fue el sistema servomotor del actuador de la turbina, que tuvo que ser restituido. Otros equipos importantes que sufrieron daños fueron el generador de nitrógeno y el turboexpander. En marzo de 2021, las autoridades cuantificaron en $us 291,19 millones la pérdida económica relacionada con lucro cesante, costos de la paralización, reparación por daño a equipos, falta de un adecuado mantenimiento y de una inadecuada hibernación. Gracias a las medidas asumidas, el presidente afirmó que “se logró parar la planta” y que hoy está dando resultados positivos en beneficio del país. De acuerdo con el presidente ejecutivo de YPFB, Armin Dorgathen, la planta prevé cerrar este 2022 con $us 400 millones en ventas por la producción de 2.100 toneladas (t) por día; es decir, con el 100% de su capacidad instalada. Fuente: Agencia Boliviana de Información (ABI)

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La Aduana trabaja en nacionalización de mercadería varada los días de paro en Santa Cruz

El gerente regional de la Aduana Nacional en Santa Cruz, José Luis Mollinedo, informó este martes que esta entidad trabaja en la nacionalización de mercancía que estuvo varada durante los 36 días de paro en el departamento. El funcionario, en contacto con Red Uno, indicó que, desde el 22 de octubre hasta el 26 de noviembre, lapso que duró el paro cruceño, más de 344 toneladas (t) de mercancía, valuadas en Bs 11,7 millones, no pudieron ser retiradas de almacenes y ello perjudicó a más 378 operadores. Con la finalidad de apoyar a los operadores de comercio exterior, la Aduana emitió una resolución de directorio, para que este sector no cancele ninguna deuda económica por jornada de almacenamiento. “A modo de apoyarlos, no les vamos a cobrar multas y la Aduana Nacional está trabajando las 24 horas al día para poder facilitar y agilizar todo este proceso de retiro de mercancía”, declaró el gerente. De acuerdo a procedimiento, una vez que la mercancía esté en depósito, los operadores tienen 48 horas para retirarla. Sin embargo, debido a los conflictos en Santa Cruz, no pudieron realizar ello. De los 378 operadores perjudicados, 44 ya nacionalizaron el producto y solo espera el retiro. El Comité Interinstitucional de Santa Cruz promovió un paro indefinido en el departamento demanda del Censo en 2023. Esta comitiva agrupa al gobernador, Fernando Camacho; al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar; al cívico Rómulo Calvo y otros sectores. El Comité Pro Santa declaró cuarto intermedio y levantó el sábado el paro en Santa Cruz – que hasta el viernes cumplió 36 días–, luego de reconocer que es “insostenible” el Censo en 2023 y de que se aprobó el proyecto Ley de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral. Fuente: Agencia Boliviana de información (ABI)

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