El expresidente dice que el fallo sobre la reelección indefinida está vigente en el país De Correo del Sur El expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé, llegó a Sucre para presentar su libro “Momento Constituyente. De la crisis a la reforma necesaria”. En una entrevista con CORREO DEL SUR, el también expresidente de la extinta Corte Suprema abordó la situación judicial con las nuevas autoridades, así como el contexto político que se vive en el país a menos de cinco meses de las elecciones generales del 17 de agosto. CORREO DEL SUR (CS). Sobre su libro, ¿estamos en un momento constituyente? Eduardo Rodríguez Veltzé (ERV). Esa es la reflexión que se plantea en un trabajo colectivo; yo soy uno de los que plantea esta idea y otros tantos la comentan. Y no es una idea para celebrar una Asamblea Constituyente ni un referéndum mañana; al contrario, es más bien una idea que toma las crisis multidimensionales, las protestas como semillas de un proceso de redefinir las relaciones del Estado con la sociedad que están indudablemente en crisis. Entonces, es un ejercicio de provocación, de llamada de atención para que el Estado pueda, por una parte, ajustar las instituciones, pero, sobre todo, que la sociedad pueda reencontrarse en un pacto más armónico de convivencia. CS. ¿Y qué reformas constitucionales está pidiendo la población? ERV. Bueno, hay varias, yo voy a señalar solo algunas. Una tiene que ver precisamente con Sucre, es la capital de los altos tribunales, con el servicio de administración de justicia. El Estado está en deuda con el Órgano Judicial y la población para que la justicia sea un verdadero espacio de servicio independiente, imparcial, confiable. Hay una crisis sin precedentes en la justicia boliviana, sobre todo desde el desempeño del Tribunal Constitucional Plurinacional CS. ¿Qué cuestionamiento tiene al TCP? ERV. Bueno, el Tribunal por sí mismo es una institución fundamental. No es tanto la institución como quiénes la están integrando en el último tiempo, pero particularmente quienes decidieron ser parte de una maquinación para dilatar las elecciones judiciales, autoprorrogarse, cercenar el derecho de 4,1 millones de bolivianos de cinco departamentos que no pudieron elegir a representantes en ese tribunal y luego atornillarse y emitir fallos casi a la carta para intereses políticos partidarios, sin precedentes. CS. En el contexto de la justicia, ¿cuál es su opinión entonces del actual sistema boliviano de justicia? ERV. A mí siempre me ha interesado el tema porque no solo he sido parte de él; incluso antes de haber sido magistrado participé en diversos diagnósticos. Y es un tema complejo porque tiene que ver como lo que anotaba hace un instante de que el Estado no ha prestado la suficiente atención a la justicia en el país desde el nacimiento de la República, hace 200 años. Y esto se expresa en varias ideas. La primera es, por ejemplo, la falta de presupuesto: nunca le dotó un presupuesto suficiente. Nunca acabó por reconocer y compartir el pluralismo jurídico, que es una realidad en el país. El año 2003, cuando hicimos un diagnóstico, desde la Suprema establecimos una realidad que la conocen todos los bolivianos de las áreas rurales: más del 60% de los municipios no tienen servicio de justicia, ni qué decir de servicios de fiscalía, medicina forense, cárceles. Porque en esas comunidades, sobre todo los rurales, indígenas tienen su propio sistema de justicia a falta de un Estado que lo reconociera o trabajara con él. Ahora que tenemos un pluralismo reconocido, tampoco hay una voluntad política de ajustar esa convivencia, no hay una codificación armónica. Ha habido dos grandes codificaciones de Santa Cruz y de Banzer; de la de Banzer pasan más de 50 años y todavía tenemos los grandes códigos obsoletos. No hay política criminal, no hay sobre todo estabilidad funcionaria de jueces y fiscales. Los promedios de estabilidad o de permanencia de jueces en sus cargos son lamentables. Entonces, es una deuda fundamental que hay que cubrir y uno de los planteamientos de este libro es que en una crisis tan acentuada es una oportunidad para que quienes pretenden ser poder, ya sea Ejecutivo o legisladores, puedan asumir, ya que es un tema de Estado, no es solo de un partido. CS. Ya en el ámbito más político, ¿cuáles considera usted que son los mayores desafíos que enfrenta la democracia boliviana en este momento? ERV. Hay dos que yo apuntaría, que son muy importantes. Uno, tenemos que reflexionar el hiperpresidencialismo. No es posible que un presidente acapare o reúna un número tan extraordinario de atribuciones que le impiden no solo desempeñarlas con racionalidad, sino que afecta su relación con el Legislativo. Los pesos y contrabalances que deberían llevar, permitir una gestión presidencial, no son efectivos. Entonces, si se podría pensar en reducir el hiperpresidencialismo, un presidente sobrecargado de atribuciones y más repartidas, si se quiere, con gobiernos subnacionales, más autónomos, más desconcentrados y más coordinados con la Asamblea Legislativa, posiblemente quien sea presidente tendrá una gestión más eficiente, más próxima a los intereses de una población que no está solo alrededor de la Plaza Murillo. Y también conlleva una definición definitiva de la reelección. Yo me he pronunciado porque en Bolivia no debe haber reelección de ninguna clase, ni continua ni discontinua; y eso contribuiría a eliminar que una de las consecuencias del hiperpresidencialismo es el caudillismo. Entonces, cada presidente congrega para sí como una obra de que todo gira alrededor del premio mayor del presidente. Eso tenemos que empezar a cambiar y hemos tenido 200 años de experiencias, la mayoría no muy positivas. He tenido una brevísima experiencia en la presidencia que si algo contribuyó a sostener y dar gobernabilidad a los cambios que permitieron esa transición fue el diálogo con todos los actores políticos. Cuando tuvimos la crisis de los escaños, las limitaciones a la elección, la iniciativa de elección de prefectos etcétera, fueron resultado de una convocatoria permanente a los líderes políticos. Entonces, eso daba cierta legitimidad o gobernabilidad a las decisiones. Cuando el Poder Ejecutivo
