Richter

Pese al mandato del cabildo, vocero dice que “no hay intenciones de cambios” en el gabinete

El Cabildo convocado por las organizaciones sociales afines al gobierno de Luis Arce, el pasado 17 de octubre en El Alto, no solo desconoció las resoluciones del Congreso de Lauca Ñ de la facción “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS), sino que determinó otras demandas, entre ellas la de ajustes en el gabinete ministerial. A casi un mes de la celebración de este encuentro y cuando se cumplen tres años de gestión, en el Gobierno nacional no se contempla la idea de cambiar ministros. Así lo indicó el vocero presidencial, Jorge Richter. “No hemos conocido absolutamente ni comentarios ni intenciones de que puedan existir cambios en el gabinete”, señaló Richter, en una entrevista con radio El Deber. Apuntó que el único movimiento previsto en la administración de Arce se realizará en la Cancillería. “Ustedes sí saben que el actual Canciller va a tomar funciones en la CAN (como magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina) y está pronto a asumir las mismas, entonces, seguramente allí el Presidente tomará una decisión para determinar quién será la persona que sustituya al canciller Rogelio Mayta», agregó. Al margen de esta situación, Richter indicó que “un cambio mayor en el gabinete, pues, es algo que seguramente el Presidente evalúa en forma muy reservada y en absoluta reflexión personal”. “Nosotros no tenemos conocimiento, no le podría informar, salvo esto que le acabo de mencionar (del Canciller)», añadió el Vocero. Correo del Sur

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Richter recuerda a cívicos que deben “fundamentar” pedido de revocatorio y cuestiona que lo hagan argumentando «ley de impunidad»

Los cívicos cruceños buscan impunidad con la exigencia de amnistía para quienes consideran “perseguidos políticos” y admiten la comisión de hechos al margen de la legalidad desde octubre 2019, afirmó el portavoz presidencial Jorge Richter, quien recordó que el pedido de revocatorio también debe estar, como plantea la Constitución Política del Estado, acompañado de fundamentos. “Vienen buscando impunidad desde noviembre de 2021, con acciones -a través de lo que ellos llaman paros cívicos- que tienen un trasfondo de impunidad, una suerte de chantaje, de violencia para exonerar de responsabilidades a las personas que actuaron en el golpe de Estado”, afirmó en una entrevista con el programa No Mentiras. Los cívicos le recordaron al Gobierno que quedan tres días para que declare la amnistía en favor del excívico y gobernador Luis Fernando Camacho, encarcelado por el caso Golpe de Estado I, y de otros que consideran presos políticos, porque de lo contrario activarán un referéndum revocatorio. Richter les recordó que la solicitud de un revocatorio debe también estar “fundamentado con informes”, y consideró que por el momento solo está el argumento de una amnistía para gente vinculado con el golpe de Estado de 2019. “¿Qué van a señalar como el argumento mayor? Que quieren una ley de impunidad contra gente que es responsable o está siendo investigada por las muertes ocurridas en el golpe, por subvertir el orden constitucional”, cuestionó. El parágrafo 5 del artículo 242 de la Constitución Política del Estado establece: “Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución y la Ley”. Calvo envió una carta al presidente Arce en el que pide amnistía para todos “los presos, perseguidos y procesados por actos que hubiesen realizado como consecuencia del accionar políticos desde el 20 de octubre de 2019 hasta el día de hoy”. Para Richter, es importante el espacio de tiempo que fija Calvo, porque es una referencia sobre el inicio del proceso de violencia que acabó con el golpe de Estado, la toma del poder por parte de Jeanine Áñez y la posterior masacre de Sacaba y Senkata. Camacho fue uno de los principales actores de la crisis de 2019. Ahora se encuentra encarcelado en Chonchocoro de manera preventiva. A partir de su detención y procesos a los que participaron de la crisis y violencia de 2019, desde la oposición se impulsó el pedido de amnistía, que lo hicieron aprobar en un cabildo en Santa Cruz. “En este caso lo que se está buscando es un perdonazo, una exoneración de responsabilidades; se está buscando impunidad, que equivale a lo mismo, impunidad significa que aquella persona que ha cometido alguna violación a las leyes, a la Constitución Política del Estado, a las normas de convivencia de una sociedad, de un Estado, queda exonerado de esa responsabilidad, liberado de esas responsabilidades, y eso es lo que están buscando ellos”, insistió en relación al pedido cívico. Fuente: ABI

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Richter afirma que la “vieja añoranza” de sectores hegemónicos por el poder impide superar las tensiones

El portavoz presidencial Jorge Richter consideró la noche de este jueves que la permanencia de esa “añoranza” de sectores hegemónicos por el control del poder imposibilita superar las tensiones en Bolivia. “Todavía hay una vieja añoranza de parte de los sectores hegemónico muy urbanos de clases medias que históricamente se impusieron y administraban el Estado y ese otro segmento social, las mayorías bolivianas, lo que Borges decía el anonimato de toda esa gente gris que no tenía posibilidades ni siquiera de una ciudadanía digna, menos de ser partícipes, el Proceso de Cambio les ha bridando eso”, afirmó en el programa Dialogando con… de la estatal Bolivia TV. La oposición política de derecha fue marginada del poder desde 2006, por el voto mayoritario de los bolivianos. Desde entonces intenta retomar el poder, pero fracasó en elecciones y en varios momentos trató de hacerlo a través de la violencia como en 2008, 2021 y 2022. Richter insistió en que “hasta que el país no encuentre que ya no hay espacios para las miradas hegemónicas de dominancia, donde unos se puedan imponer sobre los otros, pues vamos a seguir con mucha tensión”. “Esperemos que, en algún momento, sus actores sociales comprendan que, si rehabilitamos el ejercicio del diálogo para comprendernos y nos aceptamos distintos, pues ahí tendremos posibilidades de pacificar el país y de mirar los temas mayores”, afirmó. En Bolivia está en marcha la “reconstrucción económica”, que necesita la población después del gobierno de facto y la pandemia del Covid-19, expresó. Fuente: ABI

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Richter: El pedido de revocatoria a Arce devela que la derecha busca impunidad con los responsables del golpe de Estado

El vocero Presidencial, Jorge Richter, denunció que el pedido de revocatoria al mandato del presidente Luis Arce, en el cabildo cruceño de anoche, devela que la derecha busca lograr impunidad a los responsables del golpe de Estado de 2019.   En contacto con la red PAT, el portavoz explicó que está claro que, con el pedido de revocatoria, la derecha develó que tiene el objetivo de abreviar el mandato del presidente Luis Arce, electo democráticamente en octubre de 2020. “Primero para ver si de esa forma podrían ellos encontrar algo que hoy le han llamado amnistía, pero que en los hechos reales es impunidad, esta búsqueda de impunidad entienden que solamente la van a poder garantizar en la medida en que el bloque social y popular y democrático no se encuentre gobernando el país”, señaló. Según Richter, querer revocar el mandato del Presidente, que “es complicado como objetivo político”, demuestra la esencia “profundamente antidemocrática” del comiteísmo, de la Gobernación de Santa Cruz. “La revocatoria por supuesto que está contemplada (en las leyes), pero también fíjese usted el argumento dice: ‘constituye un régimen dictatorial y antidemocrático’. Los que mataron nuestro país hablan hoy en día de justicia, es una paradoja de nuestra historia política, pero es la realidad con la que hoy estamos confrontando”, cuestionó. Insistió que es la derecha “profundamente antidemocrática, que no respeta los mandatos populares”, a través de un ejercicio electoral en octubre de 2020, que definió quién debería gobernar el país para el ciclo constitucional de cinco años. El cabildo de anoche en Santa Cruz, liderado por el cívico Rómulo Calvo, pidió un revocatorio a Luis Arce, exigió cambiar la justicia y la liberación de los “presos políticos”, según reportes de medios locales. Los asistentes al cabildo cruceño exigieron la liberación de Luis Fernando Camacho, quien se encuentra detenido preventivamente, desde el 30 de diciembre de 2022, en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el marco de las investigaciones por el caso golpe de Estado I. Fuente: ABI

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Richter: Uno de los logros del Estado Plurinacional fue la inclusión social, ahora debe construirse una nueva agenda de Estado

El Estado Plurinacional de Bolivia cumple este 22 de enero 14 años de vigencia y uno de sus logros importantes es la inclusión social de sectores que estuvieron marginados y “condenados a vivir por la periferia de la vida social, de la acción política, del hecho económico y de la cuestión cultural”, aseguró el portavoz presidencial Jorge Richter. Ahora se debe avanzar hacia la construcción de una nueva agenda en vista a profundizar el Estado Plurinacional, para “resignificar, repensar las entidades y las instituciones que posibilitan el andamiaje de este Estado”, entre ellos de la Justicia, de las Fuerzas Armadas y de la Policía, perfiló en una entrevista en Radio Kawsachun Coca. En 2009 fue puesta en vigencia la Constitución Política del Estado redactada en una Asamblea Constituyente y aprobada en un referéndum constituyente. Sentó las bases de la construcción de un nuevo Estado que reconoció, por primera vez, a sus 36 nacionalidades indígenas, un modelo de administración con autonomías y amplios derechos, entre otros pilares. “La inclusión social significa que una población que antes estaba marginada y excluida fue incorporada a la ciudadanía y que ahora, este 2023, se puede hacer escuchar desde un lugar que antes no tenía”, explicó en una evaluación de los avances logrados en este tiempo de vigencia de un nuevo pacto social legitimado en una referéndum. Este domingo 22, el gobierno del presidente Luis Arce y los diferentes sectores sociales y laborales participarán en la Plaza Murillo, centro del poder político de Bolivia, de un acto, justamente, para recordar y celebrar el nuevo Estado que dejó atrás aquel republicano que invisibilizó a lo que se llegó a denominar las “grandes mayorías”. Los pueblos indígenas originarios campesinos y las clases populares tienen ahora la posibilidad de ser parte de la toma de decisiones desde los diferentes órganos del Estado, lo que representó que se generen –explicó- “resistencias grandes y fuertes” de aquellos sectores que perdieron el poder que tomaron de la República. “Hay una resistencia grande y fuerte a esta inclusión y emergencia desde lo popular y plebeyo que se ha incorporado a las decisiones de nuestro país. Donde existe pérdida de privilegios existe reacción”, afirmó en alusión a la crisis de 2019 cuando grupos de poder incentivaron acciones violentas que acabaron en un golpe de Estado al gobierno de Evo Morales. Para Richter, ahora se debe apuntar a construir una agenda orientada a profundizar el Estado Plurinacional con la mirada en “resignificar los poderes del Estado, porque una Constitución es un equilibrio de los poderes, para que no hayan asimetrías, para que no hayan autoritarismos” y en “ese equilibrio de los poderes necesitamos resignificar, repensar y darle nuevas formas a poderes que desequilibran nuestro ordenamiento social, político y democrático”. En la agenda perfiló el “pensar y repensar el rol, la dimensión de las Fuerzas Armadas, porque no pueden ser el factor dirimidor de la democracia y la definición de lo que son las voluntades populares”, como ocurrió en 2019, cuando “quebraron ese mandato y desequilibraron ese ordenamiento político y social en favor de un determinado sector, eso no puede ocurrir”. Durante la crisis de 2019, los mandos de la Policía y de los militares pidieron la dimisión de Morales. En la Policía, además, hubo un amotinamiento. Después, el excívico Luis Fernando Camacho reveló que su padre, José Luis, “arregló” con militares y policías para que quiten su respaldo al gobierno. “Tenemos que resignificar el rol de la Policía nacional, y tenemos que resignificar las instituciones de régimen penitenciario; tenemos que resignificar la justicia, las formas de la justicia para Bolivia. Tenemos que resignificar una agenda de propuesta nacional y de mirada de Estado Plurinacional más extensa, la educación y sus estructuras, sus unidades educativas, las lógicas que hoy en día forman el magisterio. Tenemos que resignificar todo el concepto de salud pública en el Estado”, proyectó. Richter afirmó que el nuevo Estado implicó también consolidar un inédito modelo económico que actualmente hace de Bolivia un referente mundial respecto a sus positivos indicares en un contexto internacional adverso. Arce dará este domingo un mensaje a los bolivianos que estará orientado a cumplir con los desafíos en materia económica, social y productiva en vista al Bicentenario. Fuente: ABI

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Richter afirma que protestas del Comité Pro Santa Cruz son parte de una “lucha por la impunidad”

El portavoz Presidencial, Jorge Richter, afirmó este sábado que las protestas promovidas por el Comité Pro Santa Cruz en defensa del gobernador Luis Fernando Camacho, recluido en Chonchocoro, son parte de una lucha por la impunidad para no rendir cuentas a la justicia por el golpe de Estado de 2019. “Los cívicos dicen que su lucha es democrática, cuando el país entero sabe que no es así. Esta en una lucha por la impunidad, para no tenerle que rendir cuentas a la justicia, no quieren que se investigue el golpe de Estado. Estos son los esfuerzos que hacen para que no se investigue el golpe. ‘Nunca hubo golpe’, dicen, pero impiden que se investiguen los hechos”, afirmó Richter en el programa Taypi de radio Kawsachun Coca. La autoridad afirmó que Camacho sabía que en octubre de 2022 el Ministerio Público había ordenado su aprehensión porque no se presentó a declarar en al menos cuatro ocasiones. Fue por ello, según Richter, que el gobernador de Santa Cruz extendió de forma deliberada el paro por el Censo de Población y Vivienda por más de 36 días y que concluyó pese a no conseguir el objetivo de que esa tarea se efectúe el año 2023. “El Gobernador de Santa Cruz extendió el conflicto del Censo para evitar ser detenido. Había una orden de detención contra su persona, como el conflicto estaba exacerbado, el Ministerio Público no podía aprehender a una persona que se resiste a declarar”, explicó el portavoz. Aprehendido el 28 de diciembre de 2022, Camacho fue enviado con detención preventiva por cuatro meses al penal de Chonchocoro acusado por el presunto delito de terrorismo al “subvertir el orden constitucional” en 2019. El proceso se sustenta en las conversiones que el padre del excívico, José Luis Camacho Parada realizó para que los policías y militares no salgan a reprimir a la población en las protestas de 2019. Las investigaciones establecieron, de manera preliminar, que Camacho tenía protección de la Policía y de las Fuerzas Armadas antes de que Evo Morales renuncie a la presidencia el 10 de noviembre de 2019, que dio lugar a la ruptura del orden constitucional con la autoproclamación como presidenta del país por parte de la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez. Pero además se conoció que entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019, Camacho hizo movimientos bancarios por al menos Bs 4,5 millones, los cuales habrían ido a financiar el golpe de Estado. La aprehensión de Camacho llevó a sus adeptos a movilizaciones que se tornaron violentas con el ataque y quema de unas 27 entidades públicas, además de atentados a la casa del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, a la casa del alcalde Jhonny Fernández y a la clínica odontológica Orest, de propiedad del gobernador de Beni, Alejandro Unzueta. Además, 45 vehículos fueron quemados por los movilizados que exigen la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho, dijo Richter. “Tenemos una cantidad de hechos delincuenciales, esto no es una forma pacífica de manifestación. Por un lado, el comiteísmo habla de paz, de marchas pacíficas, de lucha por la democracia, por la justicia, pero dañan 27 infraestructuras, destruyen 45 vehículos. Santa Cruz parecía esas películas donde han bombardeado y encuentras las estructuras calcinadas de los vehículos. Han herido a 27 policías y, por supuesto, se tenido que detener gente”, refirió. De acuerdo con Richter, “todas estas movilizaciones con quemas, toma de instituciones, sabotaje a la economía” tienen una “misma mecánica para desordenar el debate y crear un clima y unas condiciones que impidan que la justicia pueda investigar y pueda avanzar”. Fuente: ABI

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Richter asegura que derechos de Camacho se respetan y se hará conocer a organismos como la CIDH

Los diferentes requerimientos de salud del excívico Fernando Camacho fueron atendidos y el Gobierno responderá en ese sentido de llegar solicitudes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó el portavoz presidencial Jorge Richter. “De acuerdo a lo que corresponde se responderá y, por supuesto, siempre vamos a esperar los resultados de lo que señalen, en este caso, los organismos internacionales como la CIDH, pero confiados en que la razón va a asistir a lo que está tramitando y haciendo Régimen Penitenciario”, afirmó en Radio Panamericana. Camacho tiene a su disposición en la cárcel de Chonchocoro un equipo de 18 médicos generales y especialistas, además de equipamiento médico e, incluso, una ambulancia. Además, tiene un ambiente acondicionado para que reciba a familiares, como su esposa. Recibe su medicación de manos de una enfermera enviada por su familia. En lo legal acudió a diferentes recursos legales. Fue aprehendido el 28 de diciembre en Santa Cruz y luego trasladado vía aérea a La Paz, donde es procesado por el caso Golpe de Estado I. Richter aseguró que “no hay ahí ningún miramiento, ni consideración despectiva que haya que hacer” desde la defensa del excívico. «Se tiene información de que todos aquellos requerimientos, fundamentalmente, en lo que hacen a la salud y el bienestar de esta persona, el señor Camacho en el recinto de Chonchocoro se han ido atendiendo de forma tal que pueda garantizar toda la seguridad que una persona como él requiere”, destacó. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó el jueves que el Gobierno respeta los derechos de Camacho y que goza de privilegios frente al resto de privados de libertad de Chonchocoro. Fuente: ABI

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Richter denuncia que violencia en Santa Cruz busca “impunidad” para responsables de la crisis de 2019

 La violencia generada en Santa Cruz “busca preservar la impunidad” del excívico Fernando Camacho y de todos quienes participaron en los hechos que derivaron en el golpe de Estado de 2019 con una estrategia asentada en la violencia, en listas de opuestos a grupos de poder y en mentiras, afirmó el portavoz presidencial Jorge Richter. Para la autoridad, la violencia que se arrastra en Santa Cruz pretende “acorralar” a la Justicia para impedir que se lleven a cabo las investigaciones, no solo por 2019 sino también por los hechos de muerte, violencia y pérdidas económicas del paro de 36 días liderado también por Camacho y el cívico Rómulo Calvo. “Puede demorar un poco más o menos, pero eso no va a ocurrir (impunidad)”, insistió en una conferencia de prensa sobre los hechos de violencia desatados tras la aprehensión, por orden fiscal, y detención preventiva de Camacho por el caso Golpe de Estado I. Desde hace seis días en Santa Cruz, aunque con una violencia focalizada en inmediaciones del Cristo Redentor, actúan grupos vinculados a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) quemando instituciones y vehículos públicos. Además, siembran el terror y la zozobra entre quienes no comulgan con las acciones que se asumen en defensa del excívico encarcelado en Chonchocoro, en el municipio de Viacha. En una extensa conferencia de prensa, Richter recordó la noche de este martes que hechos como los que están pasando se dieron ya en 2019, cuando grupos violentos quemaron edificios de instituciones públicas y elaboraron y publicaron listas de masistas y dirigentes sociales para direccionar la furia de grupos de extrema derecha. “El odio y el regionalismo son también otro de los elementos centrales con los cuales esta derecha radical, que está dañando profundamente nuestra democracia, actúa en el día a día desde el año 2019, de manera clara y palpable y por su puesto la violencia como el instrumento de atemorizamiento”, cuestionó. Como parte de esta lógica de la violencia, durante la conferencia de prensa se expuso discursos prenunciados en la reunión de los cívicos cruceños en los que amenazan que ahora deben “sufrir las madres de los masistas” o listas-mensajes, entre ellos uno que alude a familiares del presidente Luis Arce que radica en Santa Cruz. También se mostró que en esta estrategia entra la decisión de “cerrar” el envío de productos al resto de Bolivia, lo que -según Richter- muestra el nivel de reacción de los grupos de poder reunidos en lo que denominó el “comiteísmo”. A estos hechos se suma el acoso diario que grupos violentos ejercen en contra del edificio del Comando de la Policía en un afán de tomarlo. Richter explicó que el objetivo es tomar el edificio y generar condiciones para negociar la impunidad de quienes ahora deben responder ante la Justicia por lo ocurrido en 2019, cuando, recordó, no eran autoridades. “No puede haber posibilidad de que quede como anécdota o como travesura de un grupo que juega a hacer política, esto no va a ocurrir, por supuesto que va a tener responsabilidades legales”, insistió el portavoz presidencial, quien llamó a deponer la violencia porque no conseguirá lo que persigue. Sobre las versiones de la salud de Camacho, aseguró que se tejen una serie de mentiras para hacer ver un estado de salud crítico, como ocurrió en su momento con la exsenadora Jeanine Áñez. “Lo que no quieren es que se investigue, y como eso no lo pueden lograr en la justicia, no lo pueden impedir en la justicia y no se lo puede arrebatar al Gobierno nacional, porque no lo pueden negociar como un acuerdo político; entonces, violente usted una ciudad, genere pánico, miedo, terror, humillación pública, laceración de dignidades, etcétera, para que en medio de la convulsión, pues entonces tenga que venir un evento de pacificación y la impunidad para quien es investigado”, cuestionó Fuente: ABI

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Richter: Se ha instalado de parte de sectores radicales una conducta permanente de hacer caso omiso a todas las normas

El vocero Presidencial, Jorge Richter, indicó este sábado que en Bolivia se instaló una conducta permanente de desconocer las normas de parte de los sectores radicales, en relación a los últimos hechos de violencia suscitados en la ciudad de Santa Cruz. “En Bolivia se ha instalado, de parte de estos sectores radicales, una conducta permanente de hacer caso omiso a todas las normas, a toda la legalidad que tiene nuestro país, el sistema normativo a través de sus diferentes códigos, normas, leyes, CPE, etc., tiene un acatamiento soslayado, esto significa que hay una forma ya habitual de no obediencia a la normativa establecida en nuestro país”, señaló en el programa Taypi, de radio Kawsachun Coca. Richter cuestionó el accionar de grupos que sembraron violencia, desconociendo lo dictaminado por la justicia que determinó la detención preventiva de Luis Fernando Camacho por cuatro meses en el penal de Chonchocoro. “Esto es dramático, porque acá hay actores políticos que no tienen convicción democrática y que su camino, su metodología y su lógica de hacer política en Bolivia es a través de la ruptura, de la imposición y de la violencia”, lamentó. Camacho fue aprehendido el jueves y trasladado a la ciudad de La Paz para que declare sobre el caso Golpe de Estado I, proceso iniciado por la exdiputada Lidia Patty en busca de justicia por la crisis política de 2019. Tras el fallo, el Comité Cívico Pro Santa Cruz llamó a una asamblea y a un paro de 24 horas para el viernes, que concluyó con la quema de instituciones, vehículos y violencia ejecutada por la paraestatal Unión Juvenil Cruceñista (UJC). Fuente:ABI

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Richter afirma que con el debate de federalismo se quiere tapar la “derrota del comiteismo” y de sus responsabilidades

 En su condición de analista, Jorge Richter, afirmó este sábado que con el debate que proponen ciertos grupos políticos de Santa Cruz de revisar la relación de ese departamento con el Estado lo que se pretende es tapar la “derrota del comiteismo” cruceño que en 36 días de paro no logró su objetivo de que el Censo se realice en 2023, pero también que los hechos violentos, las cuatro muertes y las pérdidas económicas queden en la impunidad. En declaraciones al programa Taypi, de la Radio Kawsachun Coca, Richter dijo que luego de su fracaso en la movilización y aceptar que la encuesta nacional se realice en 2024, la dirigencia cívica y la Gobernación de Santa Cruz instrumentalizaron el cabildo del 13 de noviembre para instalar un nuevo debate que es la revisión de la relación de esa región con el Estado. Y esa labor se la delegó a un grupo “privado y corporativo” de personas anónimas que no fueren elegidas, pero que se le concede facultades constituyentes como para proponer modificaciones a la Constitución Política del Estado (CPE). Según el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, esa instancia trabajará “en reservas”, considerando una serie de propuestas desde profundizar las autonomías hasta el federalismo. Sus resultados serán presentados en septiembre de 2023. No obstante, Richert advirtió que esa comisión, que trabajará de forma “reservada y anónima”, planteará mecanismos para “mantener privilegios” de “un pequeño grupo” que pretende imponerse al resto de los bolivianos. Es por ello, que ciertos actores políticos empezaron a cuestionar la Constitución Política del Estado de 2009 arguyendo que “nació maltrecha” y que destruyó a las instituciones del Estado y que por eso es necesaria su modificación. Según Richter, esos pequeños grupos “hacen esfuerzo para anular la Constitución Política del Estado” con el fin de “retornar a otros privilegios”. “Este es un hecho absolutamente claro, mantener los privilegios por la vía de una idea que se llama federalismo, por una idea que se llama profundización de las autonomías, por una idea que se llama independencia, secesionismo, fragmentación del Estado boliviano, cualquier escenario es bueno si les permite mantener privilegios, ese es el tema central”, aseguró. Pero, además, según Richter, lo que pretende ese debate que relegó la “importancia trascendental e histórica del Censo, para ellos”, es que quede en el “olvido las personas que perdieron la vida en Santa Cruz, los hechos de violencia, la quema de la sede de los campesinos”, el asalto a la sede de la Central Obrera Departamental (COD) y la agresión de las mujeres del pueblo indígena Ayoreo. Lo que se quiere es “instalar un nuevo tema, darle mucha fuerza mediática para que todos los actores comprometidos con los 36 días tengan que salir” a explicar y a defender esta idea “marcando una coyuntura distinta para obviar los 36 días de paro, de muerte y daño económico”. “Ya no hablamos de los 1.200 millones de dólares de pérdida, ni de las personas muertas, que esas familias no encuentren justicia, que no haya responsabilidad sobre parar a una región, causar un daño inexplicable, inentendible e irracional y nos abocamos a discutir estas otras temáticas”, fundamentó. Refirió que bajo esa misma lógica se actuó para tratar de borrar del debate mediático y político las masacres de Senkata y Sacaba que se suscitaron luego de la ruptura del orden constitucional de 2019, cuando asumió de forma irregular la presidencia del país la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez. “Ahora van a intentar de que no debatamos, de que no analicemos, de que no pidamos cuentas sobre los 36 días. Tan rápido hay que quitar el tema de los 36 días porque ni siquiera quieren ver que los famosos 21 días del año 2019 han quedado de bajo de los 36 días, estos 36 días se sobreponen como una lucha perdida de parte del comiteismo de Santa Cruz”, aseguró. Entonces, dijo Richter, “ya no hay que hablar de esto (de los 36 días de paro) de la derrota sufrida, para no hablar de que los 21 días épicos que se extinguieron, que se esfumaron y quedaron subsumidos en 36 días de una derrota que ellos sufrieron en términos políticos” porque no consiguieron su objetivo de realizar el Censo en 2023. No obstante, a todo ello, Richter aseguró que los hechos de violencia y los daños causados a la economía no quedarán sin responsables porque no se dejará que “el manto de impunidad nuevamente haga su trabajo”. “Ellos tienen una responsabilidad por los 36 días por lo que han generado y eso no puede quedar en el olvido”, enfatizó. Fuente: ABI

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