TCP admite acción de inconstitucionalidad contra el delito de terrorismo en caso de Luis Fernando Camacho
La Paz, 8 de marzo de 2025. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la acción de inconstitucionalidad presentada por la defensa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, contra el delito de terrorismo, figura penal por la cual está siendo juzgado en el caso relacionado con la crisis política de 2019. Esta decisión revoca un auto previo del Tribunal de Sentencia de La Paz, que había negado la admisión del recurso. El abogado de Camacho, Martín Camacho, explicó que el TCP ahora evaluará el fondo de la acción de inconstitucionalidad, un proceso que podría demorar hasta ocho meses. “El TCP admitió nuestro recurso, revocó el auto del Tribunal de Sentencia y ahora corresponde que ingrese a valorar en el fondo nuestra petición”, manifestó el defensor. Además, consideró que lo más adecuado sería suspender el juicio en el Tribunal de Sentencia, ya que gran parte de las pruebas presentadas por el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía están relacionadas con el delito de terrorismo. El recurso de inconstitucionalidad fue presentado en octubre de 2024, argumentando que el artículo 133 del Código Penal, que tipifica el delito de terrorismo, vulnera la Constitución Política del Estado y los derechos humanos, al no ajustarse a los estándares internacionales. Esta acción recibió respaldo de figuras como el exministro de Justicia, Iván Lima, quien recordó que la CIDH ya había recomendado modificar la tipificación de este delito. El auto constitucional 0538/2024-CA, emitido el 2 de diciembre de 2024 y firmado por los magistrados René Espada, Isidora Jiménez y Karem Gallardo, admitió la acción de inconstitucionalidad y señaló que el TCP deberá evaluar si el delito de terrorismo es compatible con los artículos 13.IV, 14.III, 21.3, 4 y 5; 109.11, 116.II, 256.1 y 410.II de la Constitución, así como con los tratados internacionales de derechos humanos. Mientras el TCP analiza el recurso, el juicio en el Tribunal de Sentencia podría continuar, aunque la defensa de Camacho insiste en que lo más adecuado sería paralizarlo hasta que se conozca la resolución final. Este caso podría marcar un precedente en el sistema jurídico boliviano, similar a lo ocurrido con el delito de sedición, que fue declarado inconstitucional y excluido del ordenamiento jurídico.