Urbanismo

Del PDE, resbalando por la Política de Ciudades, a la Política de Vivienda

R. Martha Arébalo Bustamante En nuestro país se está discutiendo persistentemente sobre la abrogación de la Ley que aprueba el Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025, “Reconstruyendo la economía para Vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones” (PDES 2021-2025), con el argumento de que el mencionado instrumento vulnera las autonomías departamentales, municipales y de las universidades. Estas afirmaciones no dejan de causar sorpresa, pues es el tercer plan nacional que el Estado Plurinacional de Bolivia ha determinado aplicar. Si bien el primer Plan aprobado el 2006 no fue promulgado bajo el marco de la Constitución Política del Estado del 2009; el posterior, aprobado el 2016, ya se encuadraba en esta norma, además de en La Ley Marco de Autonomías y descentralización “Andres Ibañez” (2010), La ley de Derechos de la Madre Tierra (2010), la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien (2012), la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (2014) y la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE (2016). En consonancia, los Gobiernos Departamentales, Municipales y Universidades, durante el 2016, elaboraron y gestionaron la aprobación de sus respectivos planes. Desde el 2020 están encaminando sus acciones a la formulación de los planes 2021-2025, retrasados por la reciente promulgación del PDES 2021-2025. Por lo dicho, en momentos de convulsión derivados de la promulgación de la norma de legitimación de las Ganancias Ilícitas, la suma del PDES a las exigencias de abrogación es claramente un pretexto para dar continuidad, a las muestras de descontento. Con estos antecedentes, es una pérdida de energías discutir sobre un instrumento que con pocas variaciones ya ha sido aplicado en el país prácticamente a partir del 2006, y sin causar “sobresaltos” a las autonomías. Lo que se hace importante, en función de los resultados que puede traer su aplicación, no solo sobre la economía nacional, sino también sobre las condiciones de vida de la población, es analizar sus componentes sustantivos, entre ellos, la educación, la salud, la vivienda u observar su orientación central hacia la planificación territorial, teniendo como horizonte el “Vivir Bien”. Entre las políticas definidas por el gobierno de facto de Janine Añez, en el transcurrir del nefasto período 2019-2020, se tiene una Política de Vivienda aprobada por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y se conoce que en la actualidad existe un documento sustitutivo. En paralelo, Añez aprobó la Política Nacional de Ciudades, consolidada actualmente como la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades – PNDIC. La primera, como su nombre lo indica, orienta sus acciones hacia la vivienda, un componente trascendental, no solo por su importancia dentro de los indicadores de pobreza, sino también por ser parte de las condiciones de vida, tanto afectivas como materiales de los seres humanos, en su condición de individuos, hombres y mujeres, la satisfacción de sus necesidades básicas de habitar, sus lazos familiares y el establecimiento de relaciones de convivencia social y con la Madre Tierra. Poniendo en el foco a la vivienda, la segunda, al atender a las ciudades, otorga el marco contextual de la problemática de la vivienda. Debemos poner en la escena del debate, a la luz del PEDES ambas políticas e intentar buscar nuevas alternativas de solución al hábitat de los grupos más vulnerables. Cabe recordar que Nuestra Constitución en su Artículo 19, Parágrafo 1, expone: Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria; en tanto que en su Parágrafo 2 complementa: “[E]l Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad. Estos planes se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural”. El PDES 2021-2025 traduce esto en forma implícita, al plantear “[d]evolver a la Política Social el carácter prioritario para el Estado, reduciendo las Desigualdad Económica, Social y de Género en el marco de la Pluralidad”. Es tarea nuestra, del pueblo boliviano, recuperar la validez social de la política de vivienda. Buscar que se acerque al paradigma del Vivir Bien y se aleje del “desarrollo sostenible” propugnado por las Políticas de Vivienda de Añez y la de Ciudades en sus dos versiones, siguiendo a organismos internacionales como las Naciones Unidas, quitándole fuerza a nuestro nuevo horizonte civilizatorio, el Vivir Bien. Siguiendo al PDES en su orientación hacia el Modelo Económico Social Comunitario, debemos dejar de considerar central a la propiedad privada de la vivienda y priorizar el acceso seguro bajo diferentes modalidades: alquiler solidario, propiedad colectiva cooperativa, comunitaria u otros. Potenciar los sistemas autogestionarios y de producción social del hábitat, sobre el negocio inmobiliario y de la construcción, permite construir lazos de solidaridad que pueden reforzarse con modos más amigables de financiamiento ligados a la capacidad de pago antes, que a los costos y ganancias financieras. La política de vivienda debe abandonar su giro individualista y centrarse en la vida en comunidad asentada en la propiedad colectiva del suelo y la vivienda para efectivamente construir un otro mundo posible. La autora es Doctora en Diseño, línea Estudios Urbanos, docente de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la Universidad Mayor de San Simón y miembro de la Comunidad de Estudios Pacha

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Coordenadas de cambio en lo cotidiano urbano en nuestras ciudades

Rosa Martha Arébalo Bustamante Observar las transformaciones urbanas de los municipios bolivianos problematizando la realidad a partir de una mirada inclusiva, es la única manera de cimentar la construcción de utopías de equivalencia social y de género en torno a la relación espacio-sociedad. Las practicas diferenciadas de hombres y mujeres en la construcción de la vida cotidiana en general y durante la pandemia COVID 19 en particular y sus diferentes maneras de sentir, apropiarse y usar el territorio, permiten abrir los ojos a las franjas etareas, a los comportamientos femeninos y masculinos dentro de ellas y a la presencia de diferentes grupos sociales y culturales con intereses distintos en el territorio municipal y en el uso activo del espacio público. La mirada de la mujer en el análisis urbano, no supone mirar la ciudad a través de “los ojos de las mujeres», sino más bien escudriñar los roles de ellos y ellas en la construcción del diario vivir, en las formas de uso y manejo de los espacios de vida públicos y privados, relativizando la identificación de la esfera pública como un área del dominio exclusivo del hombre y la privada como dominio de la mujer, más aún como resultado de lo ocurrido en nuestras vidas y ciudades durante la pandemia COVID 19. En el transcurrir de los dos últimos años, tanto la esfera privada, definida por el hogar, la familia y la vivienda; como la pública, precisada espacialmente por el barrio, la ciudad, el territorio plurinacional, han sufrido transformaciones sustanciales que incluyen a las formas de articulación entre ambas. Si bien el “hábitat urbano”, sugiere la media y gran escala, los grandes espacios, en cuya historia de gestación había sido negada la existencia de las mujeres como sujetos, los últimos tiempos traen consigo la reducción de este entorno ampliado a algo muy próximo al “tengo la ciudad a mi alrededor”. Estas nuevas constataciones, refuerzan la afirmación que sostiene que la ciudad, al igual que los comportamientos y relaciones entre hombres y mujeres, son una construcción social, un proceso cambiante, sometido a una interacción recíproca de fenómenos y actores sociales. Dentro del contexto de la pandemia, como emergencia de sus obligaciones domésticas tradicionales, es innegable que las mujeres duplicaron y hasta triplicaron sus tareas al interior del hogar, y los hombres se hicieron conscientes, aun cuando mantuvieron su menor participación, de la importancia de los trabajos de cuidado de la familia, del espacio de convivencia y de las incursiones al espacio inmediato de abastecimiento, salida ocasional y toma de aire y sol. Pese a ello, es evidente que las formas espaciales marcadas y moldeadas por las desigualdades sociales y la dominación de género, acentuaron sus características de fragmentación social y dominación patriarcal. Es innegable que habitar en una vivienda y un barrio mejor dotado, significó y significa el vivir bien dentro de lo adecuado, en tanto que reproducir la vida en unidades habitacionales que mal se pueden llamar “casa” y en barrios deteriorados, implica el vivir mal y pasar peor cualquier tipo de cuarentena La mujer, supuesta consumidora pasiva de los modelos espaciales (casa, ciudad, etc.), vio diluirse sus tiempos de vida en la articulación de formas “flexibles” de trabajo, quehaceres domésticos, correteos para apoyar niños/as, adolescentes, jóvenes y ancianos en labores escolares y de cuidado de la vida, en la consecución (generalmente de las camionetas “mercado”) de bienes de consumo para la familia y, en muchos casos, en el realizar actividades ligadas a trabajos remunerados de distintos tipos. Pero… ¿cuál fue el papel masculino en ese orden de cosas? Quien más y quien menos fue convocado a cumplir con las actividades que le exigía la vida, más esto pasó a ser un pesado deber que se expresó en la mayoría de las situaciones en la elevación de las tensiones internas, en la casa. En paralelo, niños, adolescentes, jóvenes y ancianos de ambos sexos, descansaron dificultades en las madres y en menor medida en los padres. En los hechos para las mujeres este encierro fue agotador, no solo en términos de trabajo, sino también en lo que hace al deterioro psicológico de la sobrecarga, situación que se agravó notablemente en las casas con enfermos/as. Sin entrar en un debate que puede causar mucho ruido, las acciones de los gobiernos autónomos municipales”, son las que podrían haber posibilitado mayores elementos de adecuada convivencia en la vivienda y en el espacio ciudad. El proceso de elaboración o de ajuste de los Planes Territoriales de Desarrollo Integral Municipal tendría que ser la llave que permita introducir cambios en el modelo territorial de las ciudades. Así, Bolivia refleja un proceso de desarrollo urbano no inclusivo en el que puede observarse: Ciudades caracterizados por su forzada adecuación a las exigencias de la pandemia, sin centralidades que garanticen una atención múltiple a las necesidades de reproducción de la vida de sus entornos, con una gravitación no reconocida del peso de las tiendas de barrio, con calles cuyo uso se redujo al tránsito de los vehículos “mercado”, con ausencia de circuitos de bicicletas que acorten distancias, con recorridos peatonales en aceras con problemas de tratamiento, continuidad, iluminación y sombra, actuando como barreras urbanas permanentes, entre otras. Grandes diferencias en las dotaciones urbanas que se reflejan en las inexistentes posibilidades de resiliencia de los barrios de las zonas periféricas poco densas con viviendas asentadas en la nada o en la precariedad; en comparación con los barrios de grupos sociales altos, medio altos y medios atendidos por los grandes malls o las “camionetas mercado”, trabajando en función de la “clientela”. Municipios que reaccionaron lentamente a su papel de impulsores de las condiciones básicas para el controlado retorno a la normalidad, sin normar el transporte, el uso incrementado necesario de las ciclovías, la combinación de formas presenciales y virtuales para la educación necesarias de cubrir con instalaciones educativas adecuadas, sin mecanismos institucionalizados de participación ciudadana con equidad de género de respuesta organizada a la cuarentena y en general a la pandemia, sin acciones medianamente innovadores y creativas de reconocimiento

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