R. Martha Arébalo Bustamante
En nuestro país se está discutiendo persistentemente sobre la abrogación de la Ley que aprueba el Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025, “Reconstruyendo la economía para Vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones” (PDES 2021-2025), con el argumento de que el mencionado instrumento vulnera las autonomías departamentales, municipales y de las universidades. Estas afirmaciones no dejan de causar sorpresa, pues es el tercer plan nacional que el Estado Plurinacional de Bolivia ha determinado aplicar.
Si bien el primer Plan aprobado el 2006 no fue promulgado bajo el marco de la Constitución Política del Estado del 2009; el posterior, aprobado el 2016, ya se encuadraba en esta norma, además de en La Ley Marco de Autonomías y descentralización “Andres Ibañez” (2010), La ley de Derechos de la Madre Tierra (2010), la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien (2012), la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (2014) y la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE (2016).
En consonancia, los Gobiernos Departamentales, Municipales y Universidades, durante el 2016, elaboraron y gestionaron la aprobación de sus respectivos planes. Desde el 2020 están encaminando sus acciones a la formulación de los planes 2021-2025, retrasados por la reciente promulgación del PDES 2021-2025. Por lo dicho, en momentos de convulsión derivados de la promulgación de la norma de legitimación de las Ganancias Ilícitas, la suma del PDES a las exigencias de abrogación es claramente un pretexto para dar continuidad, a las muestras de descontento.
Con estos antecedentes, es una pérdida de energías discutir sobre un instrumento que con pocas variaciones ya ha sido aplicado en el país prácticamente a partir del 2006, y sin causar “sobresaltos” a las autonomías. Lo que se hace importante, en función de los resultados que puede traer su aplicación, no solo sobre la economía nacional, sino también sobre las condiciones de vida de la población, es analizar sus componentes sustantivos, entre ellos, la educación, la salud, la vivienda u observar su orientación central hacia la planificación territorial, teniendo como horizonte el “Vivir Bien”.
Entre las políticas definidas por el gobierno de facto de Janine Añez, en el transcurrir del nefasto período 2019-2020, se tiene una Política de Vivienda aprobada por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y se conoce que en la actualidad existe un documento sustitutivo. En paralelo, Añez aprobó la Política Nacional de Ciudades, consolidada actualmente como la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades – PNDIC. La primera, como su nombre lo indica, orienta sus acciones hacia la vivienda, un componente trascendental, no solo por su importancia dentro de los indicadores de pobreza, sino también por ser parte de las condiciones de vida, tanto afectivas como materiales de los seres humanos, en su condición de individuos, hombres y mujeres, la satisfacción de sus necesidades básicas de habitar, sus lazos familiares y el establecimiento de relaciones de convivencia social y con la Madre Tierra.
Poniendo en el foco a la vivienda, la segunda, al atender a las ciudades, otorga el marco contextual de la problemática de la vivienda. Debemos poner en la escena del debate, a la luz del PEDES ambas políticas e intentar buscar nuevas alternativas de solución al hábitat de los grupos más vulnerables.
Cabe recordar que Nuestra Constitución en su Artículo 19, Parágrafo 1, expone: Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria; en tanto que en su Parágrafo 2 complementa: “[E]l Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad. Estos planes se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural”.
El PDES 2021-2025 traduce esto en forma implícita, al plantear “[d]evolver a la Política Social el carácter prioritario para el Estado, reduciendo las Desigualdad Económica, Social y de Género en el marco de la Pluralidad”.
Es tarea nuestra, del pueblo boliviano, recuperar la validez social de la política de vivienda. Buscar que se acerque al paradigma del Vivir Bien y se aleje del “desarrollo sostenible” propugnado por las Políticas de Vivienda de Añez y la de Ciudades en sus dos versiones, siguiendo a organismos internacionales como las Naciones Unidas, quitándole fuerza a nuestro nuevo horizonte civilizatorio, el Vivir Bien.
Siguiendo al PDES en su orientación hacia el Modelo Económico Social Comunitario, debemos dejar de considerar central a la propiedad privada de la vivienda y priorizar el acceso seguro bajo diferentes modalidades: alquiler solidario, propiedad colectiva cooperativa, comunitaria u otros.
Potenciar los sistemas autogestionarios y de producción social del hábitat, sobre el negocio inmobiliario y de la construcción, permite construir lazos de solidaridad que pueden reforzarse con modos más amigables de financiamiento ligados a la capacidad de pago antes, que a los costos y ganancias financieras.
La política de vivienda debe abandonar su giro individualista y centrarse en la vida en comunidad asentada en la propiedad colectiva del suelo y la vivienda para efectivamente construir un otro mundo posible.
La autora es Doctora en Diseño, línea Estudios Urbanos, docente de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la Universidad Mayor de San Simón y miembro de la Comunidad de Estudios Pacha
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