Estados Unidos, 4 de junio de 2025. Una investigación conjunta de ProPublica, The Texas Tribune y medios venezolanos reveló que el gobierno de Donald Trump conocía que la mayoría de los 238 inmigrantes venezolanos deportados y enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador no contaban con antecedentes penales en Estados Unidos.
Pese al conocimiento de la información, la administración los expulsó bajo acusaciones de representar una amenaza vinculada al grupo criminal Tren de Aragua.
El informe, sustentado en datos del Departamento de Seguridad Interna (DHS), contradice la narrativa oficial de que los deportados eran “terroristas peligrosos”. De los 238 hombres trasladados, solo 32 habían sido condenados por delitos en territorio estadounidense, en su mayoría por faltas menores como robos o infracciones de tránsito. Únicamente seis de ellos tenían antecedentes por delitos violentos.
Más de la mitad de los detenidos carecían de cualquier antecedente penal o cargo pendiente y habían sido clasificados únicamente por infracciones migratorias. Asimismo, el reporte muestra que apenas 20 tenían antecedentes fuera de EE.UU., y solo 11 de esos casos estaban relacionados con delitos violentos. Ninguno figuraba en las bases de datos de pandilleros de Interpol ni de las autoridades venezolanas.
La expulsión fue amparada por una ley de 1789, invocada por el expresidente Trump para llevar adelante esta acción, la cual ha sido ampliamente cuestionada por organismos de derechos humanos. La Corte Suprema ha prohibido la continuidad de este tipo de deportaciones mientras se resuelven demandas judiciales, en un contexto donde ya se confirmó que al menos 50 de los venezolanos retornados habían ingresado legalmente a EE.UU.