Argentina, 11 de julio de 2025. El expresidente de Argentina Alberto Fernández fue procesado por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos durante su mandato entre 2019 y 2023. La decisión judicial fue tomada por el juez federal Sebastián Casanello, quien también ordenó un embargo por más de 14.600 millones de pesos argentinos —equivalentes a unos 10 millones de dólares al cambio oficial— sobre bienes y cuentas del exmandatario.
Fernández, de 66 años, enfrenta cargos por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, una figura legal que apunta a situaciones en las que un funcionario toma decisiones que pueden beneficiarlo directa o indirectamente.
La causa investiga la contratación de seguros estatales a través de un intermediario, cuando legalmente podían haberse gestionado de forma directa por medio del Banco Nación Seguros, la aseguradora estatal. Las comisiones pagadas al corredor estarían en el centro del presunto perjuicio económico al Estado.
De acuerdo con la investigación, el intermediario es el esposo de la exsecretaria personal de Fernández, cuyo teléfono celular proporcionó las pruebas utilizadas en el proceso judicial. No solo se encontraron datos que vinculan a Fernández con los contratos cuestionados, sino también información que abrió otra línea de investigación en su contra.
Durante el peritaje del teléfono, surgieron evidencias que derivaron en una denuncia por violencia de género contra el expresidente, interpuesta por su expareja y madre de uno de sus hijos, Fabiola Yáñez. En este segundo proceso, Fernández deberá enfrentar un juicio oral por los delitos de “lesiones graves” y “amenazas coactivas”.
La defensa del exmandatario, encabezada por la abogada Mariana Barbitta, sostuvo que no existieron sobreprecios ni direccionamiento ilegal, y acusó a los denunciantes de instalar sospechas sin fundamentos sólidos. “No hay delito”, afirmó Barbitta en una entrevista con la emisora Fénix 951.
AP News y Abya Yala