Mediante la anulación de las condenas, Lula recuperó sus derechos políticos, aunque todavía le quedan algunos procesos judiciales. Durante los últimos meses se han ido diluyendo hasta casi desaparecer mediante un goteo de decisiones en los tribunales que ya suma 19 victorias, según su defensa.
“La verdad vencerá”, ha sido su mantra desde las primeras sospechas. Siempre se mostró convencido de que era víctima de una persecución judicial y de que, al final, la justicia le daría la razón. “Sé que fui víctima de la mayor mentira jurídica en 500 años”, proclamó en el discurso de su regreso a la primera línea política celebrado el pasado marzo en la sede del sindicato de los metalúrgicos, detalla El País.
Solo uno de los casos penales sigue abierto, explica su abogado, Cristiano Zanin, que recalca que “el 100 % de los procesos” revisados hasta ahora han resultado favorables al expresidente. “Lula fue condenado sobre la base de hechos indeterminados, sin tener en cuenta las pruebas de inocencia que presentamos en forma de peritajes, declaraciones y documentos”, afirma Zanin.
Condenado a 20 años de cárcel, estuvo preso casi 19 meses, lo que le apartó de la carrera electoral que finalmente ganó el actual presidente, Jair Bolsonaro. La independencia del juez Moro, principal instigados de las condenas contra Lula, se vio muy perjudicada cuando aceptó entrar en el Gobierno del ultraderechista como ministro. La difusión de los mensajes que intercambió con los fiscales del caso fue demoledora para él.
Hasta el momento, Lula aventaja en las encuestas para las próximas elecciones al mandatario de extrema derecha por unos 20 puntos, pero todavía es rechazado por más de un tercio del electorado, cifra alta pero menor a la del presidente Bolsonaro.
Las acusaciones de los casos contra el expresidente, ahora cerrados, eran diversas: liderar una banda criminal que pretendía drenar los activos de la petrolera estatal Petrobras; recibir un soborno de la constructora Odebrecht en Angola; unas donaciones irregulares para el Instituto Lula; haber favorecido vía decreto a una factoría industrial a cambio de favores para el PT, el cobro ilegal por dar unas conferencias…
Sonada fue también la divulgación de la carta manuscrita en la que el contratista Leo Pinheiro se retractó. Este escribió una misiva en la que negaba haber sobornado a Lula, desmintiendo lo declarado cuando firmó un acuerdo de cooperación con la justicia para reducir su pena. Es lo que se conoció como la delación premiada, uno de los instrumentos de presión que junto a la prisión preventiva impulsaron los espectaculares resultados del caso Lava Jato. Métodos después cuestionados porque en ocasiones fueron usados de manera abusiva.
Lula dejó la presidencia de Brasil en 2011 con unos índices de apoyo popular del 80 % para después sufrir las acusaciones de corrupción, que cristalizaron también en la destitución de su sucesora, Dilma Rousseff, y un fuerte clima de odio popular al PT que Bolsonaro capitalizó.
El idilio entre el militar retirado y el antiguo juez Moro fue mucho más breve de lo que nadie predijo. Acabó con la estrepitosa dimisión de Moro como ministro de Justicia. Poco tardó el actual presidente en desoír el discurso de lucha implacable contra la corrupción que impulsó a su llegada al poder. Desmanteló los equipos de investigación de la Lava Jato y, en cuanto se vio en peligro ante la acumulación de peticiones de impeachment, se alió con políticos salpicados por lo que había anunciado combatir.
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