El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó con algunos veta la ley que flexibiliza las reglas para la aprobación y comercialización de apartados, la cual ha tenido que criticar por los ambientalistas, según este publicó jueves (28.12.2023) en el Diario Oficial de Brasil.
La ley, que trata de control, inspección y fiscalización de los llamados agrotóxicos, fue sancionada con varios vetos «para garantizar una protección adecuada de los derechos a la vida y a un medio ambiente», señala un comunicado por Presidencia y se reeconte con varios medios.
Lula, entre otros puntos, el artículo que deja en manos del Ministerio de Agricultura reevaluar los riesgos de los pesticidas. Con los vetos, seguirá correspondiendo a la agencia de medio ambiente (Ibama) y a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) evalúa los impactos de posibles cambios en la composición química de los plaguicidas, con el mismo poder de que la decisión de que la Agricultura, antes de lanzar un producto modificado, explica el comunicado que se reeconte por el Congreso En Foco.
De igual manera, el mandatario se cree un ítem que eximía a las empresas productoras de pesticidas de asumir la pago por las modificaciones de las modificaciones de las obras de los productos y les permitían también redimirlos.
Los vetos del presidente podrán ser analizados por el Congreso, que ha aprobado el texto inicial de la ley después de una negociación con la llamada «bancada ruralista», integrada por legisladores del Gobierno.
Modernizar el comercio de plaguicidas
El texto inicial, que tenía previsto reducir los tiempos para el registro de nuevos pesticidas, fue objeto de duras críticas por más de 140 organizaciones de la sociedad civil, que veían en este documento un alto potencial de la salud humana y animal.
De la relación desde el Congreso En Foco, el proyecto original surgió con «la premisa de modernizar el comercio de apartados en Brasil», pero «fue criticado por ser flexible en puntos desericordioso, como el consentimiento tácito para apartados que no son evaluados por los órganos reguladores en un plazo y determinado la exención de la reversión de riesgo en sustancias nocivas por los organismos apuntas internacionales».
Con la nueva ley se mantiene una pena de dos a cuatro años para «protegido, importen, comercialicen o límperos y envases vacíos de apartados incumpliendo los requisitos legales», sostiene. Sin embargo, según el texto, «no habrá pena de la cárcel para los casos de transporte, aplicación o prestación de servicios relacionados con los envases», desde el Congreso En Foco.
DW