El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli Monrroy, superó un intento de censura la noche del miércoles (09.04.26) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), luego de una interpelación que se extendió por más de 16 horas y estuvo centrada en la cuestionada importación de combustibles por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La votación final registró 58 votos a favor de la censura y 84 en contra, resultado que no alcanzó los dos tercios requeridos para la destitución de la autoridad.
Con ello, Medinaceli se mantiene en el cargo en medio de una creciente presión política y social por la calidad de la gasolina distribuida en el país.
UN DEBATE ATRAVESADO POR LA CRISIS DE COMBUSTIBLES
La sesión legislativa estuvo marcada por acusaciones de la oposición, que atribuyó responsabilidades políticas al ministro por la importación de gasolina contaminada, que provocó daños en vehículos del transporte público y privado en distintas regiones del país.
Legisladores opositores cuestionaron la cadena de decisiones dentro del sector hidrocarburífero, señalando fallas en los mecanismos de control y supervisión estatal, así como la falta de respuestas oportunas ante las denuncias de usuarios afectados.
Desde el oficialismo, en tanto, se cerró filas en defensa del ministro, argumentando que la interpelación respondía a intereses políticos y que no existían elementos suficientes para establecer responsabilidad directa de la autoridad en los hechos denunciados.
DEFENSA BASADA EN EL MARCO LEGAL
Durante su intervención, Medinaceli sostuvo que su actuación se enmarca estrictamente en la normativa vigente. Citó el Artículo 22 de la Ley Nº 3058 de Hidrocarburos, que establece la naturaleza autárquica de YPFB y le confiere la responsabilidad exclusiva sobre la suscripción y ejecución de contratos de compra y venta de petróleo y derivados.
Bajo este argumento, el ministro enfatizó que su rol se limita a la definición de políticas energéticas y la supervisión estratégica del sector, sin injerencia directa en las decisiones comerciales de la estatal petrolera.
“No intervengo en la firma de contratos petroleros; esa es una atribución propia de YPFB en el marco de su autonomía”, sostuvo la autoridad, al rechazar las acusaciones en su contra.
TENSIONES POLÍTICAS Y ESCENARIO ABIERTO
El resultado de la interpelación refleja la actual correlación de fuerzas en la ALP, donde el oficialismo logró bloquear la censura pese a la intensidad del debate y la duración de la sesión.
No obstante, el tema de los combustibles continúa abierto y con potencial de escalar políticamente, dado el impacto directo en la ciudadanía y el transporte que ha provocado un paro de dos días en La Paz y bloqueos de carreteras en Oruro y otras regiones.
Sectores afectados han anunciado que mantendrán sus demandas, mientras que desde la oposición no se descarta insistir en acciones de fiscalización sobre la gestión del sector hidrocarburífero.
La jornada legislativa deja, así, a un ministro fortalecido en lo inmediato por el respaldo político, pero bajo permanente escrutinio en un área sensible para la economía y la vida cotidiana del país.
