La Paz, Bolivia, 5 de junio de 2025. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, advirtió este jueves que el país se encuentra nuevamente bajo la amenaza de ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), debido a la falta de aprobación de una norma para las técnicas especiales de investigación. Atribuyó la responsabilidad de este riesgo a sectores de oposición que, según afirmó, frenaron deliberadamente el tratamiento de esta legislación en la Asamblea Legislativa.
Montenegro alertó que el impacto no será solo simbólico. “El ingreso a la lista gris implica mayor vigilancia y presión internacional. No bastan decretos, ni resoluciones ministeriales; se necesita una ley, como lo exigen los manuales del GAFI”, sostuvo. Recordó que Bolivia ya estuvo en esa lista entre 2011 y 2013 y que salir de ella solo fue posible gracias al plan impulsado entonces por el actual presidente Luis Arce, cuando era ministro de Economía.
En ese sentido, insistió en que la Asamblea Legislativa no podrá evadir esta responsabilidad en el siguiente periodo. “Tarde o temprano tendrán que aprobarla, porque no se puede reemplazar una ley por una norma de menor jerarquía”, sentenció.
El ministro también se refirió al contexto político que, a su juicio, busca nuevamente llevar al país a un escenario de convulsión. Sin nombrarlo, aludió a Evo Morales y su entorno, señalando que se pretende generar caos para forzar una habilitación electoral. “No podemos permitir que se pretenda tomar el país por asalto bloqueando caminos y generando violencia solo porque no se cumplen los requisitos legales para una candidatura”, afirmó.
Recordó que los bloqueos en Cochabamba de la pasada gestión generaron un perjuicio económico superior a los 3.000 millones de dólares, con pérdidas diarias estimadas entre 150 y 200 millones. Aseguró que cualquier intento de repetir estos hechos afectaría a todo el país y no solo a una región.
Finalmente, Montenegro destacó que, pese a las dificultades, el Banco Central de Bolivia ya viene ejecutando operaciones que garantizan el flujo de pagos, conforme a las leyes vigentes. Aclaró que el país ha cumplido el 90% de los requisitos exigidos por el GAFI y que ha recibido reconocimiento por sus avances. Sin embargo, enfatizó que el último paso pendiente —la aprobación de la ley de técnicas de investigación— recae exclusivamente en la responsabilidad de quienes bloquearon su tratamiento. “Si Bolivia cae nuevamente en la lista gris, el país sabrá a quién responsabilizar”.