Un nuevo capítulo de tensiones se ha abierto en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia, donde los magistrados elegidos en 2024 han exigido explicaciones a los magistrados «prorrogados» por emitir una sentencia sin su consentimiento. El conflicto surgió tras la anulación de la «Ley excepcional de conformación y funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Supremo de Justicia», una decisión que ha generado controversia y divisiones al interior del órgano judicial.
La sentencia fue firmada por los magistrados Gonzalo Hurtado, Yván Espada, Isidora Jiménez, Elizabeth Cornejo y Karem Gallardo. Sin embargo, los magistrados electos en 2024 aseguran que no fueron consultados ni informados sobre el proyecto de sentencia, lo que ha llevado a cuestionar la transparencia y legitimidad del proceso.
Los nuevos magistrados han solicitado una enmienda o la nulidad de la sentencia y advierten que, de no ser atendida su solicitud, iniciarán acciones legales y constitucionales. «El TCP carece de un mecanismo transparente», afirmaron, refiriéndose a la falta de claridad sobre los plazos y la conformación de la Sala Plena para tomar decisiones.
El conflicto se enmarca en un escenario complejo, donde las elecciones judiciales de 2024 no lograron completar la elección de magistrados en varios departamentos. En Pando y Beni no se eligieron magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia ni para el TCP, mientras que en Santa Cruz, Cochabamba y Tarija no se designaron integrantes del TCP. Estas vacancias han sido atribuidas a decisiones del propio TCP, lo que ha generado críticas y desconfianza en el sistema judicial.
La «Ley excepcional», ahora anulada, buscaba terminar con el mandato de los magistrados prorrogados y garantizar el funcionamiento de ambas instancias con nuevos magistrados. Sin embargo, su derogación ha reavivado el debate sobre el verdadero poder de los magistrados prorrogados y su influencia en las decisiones del TCP.
Este enfrentamiento refleja una lucha más amplia por el control del poder judicial en Bolivia, donde la transparencia, la legitimidad y la independencia de los órganos judiciales están en entredicho. Mientras los magistrados electos exigen cambios y mayor claridad en los procesos, los prorrogados defienden su autoridad y continuidad en el cargo.
