El presidente Luis Arce abrió la discusión nacional esta semana al advertir que “el tiempo del litio se nos puede escapar de las manos”, refiriéndose a la urgencia de aprovechar este recurso estratégico para Bolivia. Sin embargo, su declaración provocó una rápida respuesta del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, quien observó y cuestionó la falta de transparencia y consulta en la gestión del litio bajo la administración actual.
En su cuenta en la red social X, Rodríguez Veltzé recordó que el gobierno de Arce firmó convenios para la explotación del litio sin transparentar sus términos, alegando que se trataba de “convenios” y no de “contratos”. “A título de que se trataba de ‘convenios’ y no ‘contratos’, el gobierno procedió a su firma y no transparentó sus términos”, escribió el expresidente.
Además, criticó que no se agotaron las consultas previas e informadas con las comunidades afectadas, ni se realizaron todos los estudios ambientales e hídricos necesarios antes de avanzar con los proyectos.
El expresidente también señaló que el gobierno anunció las “mayores reservas mundiales” de litio y las ofreció a países como Rusia y los miembros de los BRICS, sin contar con una certificación oficial ni políticas transparentes aprobadas. “Se criminalizaron las gestiones anteriores y las protestas de los dirigentes comunitarios que reclamaban información a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB)”, agregó Rodríguez Veltzé.
Uno de los puntos más álgidos de su crítica fue la falta de respuestas a las observaciones que organizaciones de la sociedad civil, comunidades de los salares y representaciones ante la Asamblea Legislativa formularon sobre los contratos. “Su ‘bancada’ acelera en Comisiones la aprobación legislativa de los ‘convenios’, ya convertidos en ‘contratos’, y tardíamente optó por la ‘socialización’ de sus alcances”, denunció.
Rodríguez Veltzé advirtió que los riesgos de perder oportunidades para aprovechar el litio o cualquier otro recurso estratégico “siempre estuvieron y estarán presentes”, pero subrayó que es responsabilidad del Estado y de los sucesivos gobiernos advertirlas y plantear políticas de consenso y transparentes para definir las condiciones de su mejor aprovechamiento.
La discusión surge en un momento clave, ya que la Asamblea Legislativa analiza la aprobación de los contratos de litio, que ya generan controversia por su falta de claridad y consulta previa. Si los contratos se aprueban y firman sin atender las observaciones de las comunidades y organizaciones civiles, podría desencadenarse un escenario de conflictividad social y ambiental, además de poner en riesgo la viabilidad a largo plazo de los proyectos.
Mientras el gobierno insiste en la urgencia de avanzar con la explotación del litio para no perder oportunidades económicas, las observaciones de Rodríguez Veltzé y otros sectores ponen en evidencia la necesidad de mayor transparencia, participación ciudadana y rigurosidad técnica en la gestión de este recurso estratégico. El litio representa una oportunidad histórica para Bolivia y su explotación debe basarse en consensos y políticas claras que garanticen beneficios para el país y sus comunidades, sin sacrificar el medio ambiente ni los derechos de las poblaciones afectadas.
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