La Paz, Bolivia, 3 de julio de 2025. Cinco instituciones de la sociedad civil denunciaron que el Gobierno intenta acelerar la aprobación de dos contratos con empresas extranjeras para explotar litio en el Salar de Uyuni, sin garantías técnicas ni respaldo económico claro. Aseguran que las normas que avalarían estos acuerdos se tramitan con premura en el Legislativo, a pocas semanas de las elecciones nacionales.
La Fundación Jubileo, Milenio, Solón, el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y el Club de Ginebra firmaron un comunicado conjunto en el que expresan su rechazo a los proyectos de ley 197 y 170, actualmente en tratamiento parlamentario. Alertan que estos documentos permitirían la firma de contratos con la empresa china CBC y la rusa Uranium One Group, sin contar con información suficiente sobre la tecnología que usarían ni con estudios que respalden su sostenibilidad.
Las organizaciones consideran que los convenios comprometerían no solo el futuro del litio, sino también la economía y el medio ambiente del país. Cuestionan que se impulsen contratos “mal estructurados” en un contexto político frágil y con precios internacionales del litio en caída.
Uno de los puntos más preocupantes, según el pronunciamiento, es que el Estado asumiría el riesgo financiero de las inversiones a través de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), que se vería obligado a devolver costos y gastos a las compañías extranjeras. Este modelo, según el análisis, se apoya en proyecciones económicas que no se ajustan al comportamiento actual del mercado.
El pronunciamiento también menciona la falta de estudios ambientales independientes, así como la omisión del derecho a la consulta previa con comunidades afectadas. Además, advierte que estos contratos dificultarían renegociaciones futuras sobre las regalías que recibe Potosí, actualmente establecidas en 3%.