En un foro debate organizado por el Tribunal Agroambiental, las máximas autoridades del Órgano Judicial declararon una emergencia presupuestaria y anunciaron su retiro de la comisión de la Ley 898, argumentando que sin recursos económicos no es posible avanzar en reformas ni garantizar el funcionamiento de la justicia en Bolivia.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, junto a representantes del Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, explicó que el Órgano Judicial enfrenta un déficit de 140 millones de bolivianos en comparación con el año pasado, lo que ha impedido la contratación de personal eventual, consultores de línea y otros recursos necesarios para atender a la población.
“Sin presupuesto, sería irresponsable hablar de reformas normativas o creación de juzgados. Necesitamos que el Ministerio de Economía asigne los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento del Órgano Judicial”, señaló el presidente del Tribunal Supremo.
Además, las autoridades exigieron que se reconozca constitucionalmente un presupuesto mínimo del 3 % para el Órgano Judicial, tal como lo recomiendan estándares internacionales y estudios respaldados por Naciones Unidas. “El presupuesto es un indicador de la voluntad política y debe ser garantizado incluso en tiempos de restricciones económicas”, leyó una de las autoridades durante el evento, citando un libro auspiciado por la ONU.
La declaratoria de emergencia presupuestaria fue suscrita por las tres instancias del Órgano Judicial (Tribunal Supremo, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental) y será enviada formalmente al presidente del Estado Plurinacional para su atención inmediata.
Este anuncio se produce en el marco de la comisión de la Ley 898, que buscaba abordar reformas legislativas, como la reforma a la Ley 025 y la creación de un código de ética para el Órgano Judicial. Sin embargo, las autoridades decidieron abandonar la comisión, alegando que no existe seriedad ni compromiso con la administración de justicia.
“Si no se atiende nuestra emergencia presupuestaria, no participaremos en ninguna otra convocatoria. La comisión 898 ya cumplió su ciclo y necesitamos encarar la administración de justicia de otra manera”, afirmó el presidente del Tribunal Supremo. Esta situación pone en evidencia la crisis financiera que atraviesa el Órgano Judicial y genera preocupación sobre su capacidad para garantizar el acceso a la justicia y el Estado de derecho en Bolivia.
Ley 898: tiene por objeto crear la Comisión de Seguimiento de las conclusiones de la Cumbre de Justicia
