La Paz, 27 de junio de 2025 – La agencia internacional S&P Global Ratings ha degradado la calificación crediticia de Bolivia de ‘CCC+’ a ‘CCC-‘, una de las más bajas a nivel mundial, y ha establecido una perspectiva negativa. Esta decisión se fundamenta en el creciente riesgo de que el país no pueda cumplir con sus pagos de deuda externa a partir de 2026, especialmente ante la limitación de acceso a los mercados de bonos externos y un clima político interno que agrava la situación económica.
S&P subraya que las intensas disputas políticas previas a las elecciones nacionales de agosto limitan la capacidad del gobierno para abordar desequilibrios macroeconómicos clave, como la creciente brecha en el tipo de cambio paralelo y el aumento de la inflación.
Factores clave de la degradación
La calificadora advierte sobre «riesgos crecientes» para que Bolivia honre sus compromisos, colocándolo en una «zona de alerta roja». Los principales factores que inciden en esta calificación incluyen:
- Falta de liquidez y reservas: Las reservas internacionales se encuentran en su nivel más bajo en dos décadas, y el acceso a financiamiento externo está prácticamente cerrado. Bolivia no puede emitir bonos como antes y debe afrontar elevados pagos de deuda.
- Conflictos políticos internos: Las tensiones políticas, los bloqueos y las pugnas dentro del oficialismo paralizan decisiones clave e impiden la implementación de reformas estructurales necesarias para estabilizar la economía. La inclusión del país en la lista gris del GAFI por debilidades en el control del lavado de dinero también ahuyenta a potenciales inversionistas.
- Retraso en aprobación de créditos: S&P destacó que las tensiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el boicot legislativo y los bloqueos han tenido un efecto directo en la salida neta de capitales, que sumó $us 1.337 millones hasta abril de 2025.
La agencia recomienda reformas urgentes como controlar el gasto, estabilizar la moneda y buscar acuerdos para reconstruir las reservas.
Postura del Gobierno y análisis de economistas
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) coincidió con S&P en que la polarización política y el bloqueo en la ALP son factores clave que agravan el deterioro económico. El ministro Marcelo Montenegro afirmó que esto confirma lo que el Gobierno ha señalado por más de dos años, haciendo hincapié en la «ingobernabilidad política».
Montenegro explicó que el Estado necesita alrededor de $us 2.600 millones para esta gestión y aseguró que, a pesar de las dificultades, se ha cumplido con el 38% de los pagos de deuda externa programados para esta gestión, sumando $us 585 millones. Reconoció que la falta de consenso legislativo pone en riesgo la llegada de nuevos recursos, aunque afirmó que el impago «no es nuestro escenario actual».
Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, afirmó que el país recibió un “pulgar abajo” de los mercados internacionales y que, sin correcciones profundas, el riesgo de impago es real. Esta calificación ubica a Bolivia entre los países más vulnerables de la región, con acceso al crédito cada vez más condicionado. Romero recordó que esta rebaja se suma a decisiones anteriores de Fitch y Moody’s. Subrayó que Bolivia enfrenta vencimientos importantes en 2026, como el pago de $us 400 millones en bonos soberanos, y que el país está perdiendo la confianza necesaria para colocar deuda en los mercados. Actualmente, Bolivia tiene el segundo riesgo país más alto del continente americano.
Romero concluyó que, a corto plazo, la única salida es la aprobación de créditos externos, mencionando que el Gobierno ha solicitado más de $us 1.800 millones para importación de combustibles y $us 800 millones para servicio de deuda, pero el bloqueo legislativo impide que esos recursos lleguen a tiempo.
El documento publicado por S&P Global Ratings a continuación:
Fuente: S&P Global Ratings y El Deber