El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 138 de 2009, norma que establece a La Paz como sede obligatoria para juzgar delitos como terrorismo y sedición. La decisión paraliza inmediatamente el proceso judicial contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, vinculado al paro cívico de 36 días en 2019, y pone en suspenso su situación legal.
La demanda, presentada por los abogados Reinerio Vargas y José Luis Santistevan, argumenta que el decreto vulnera el derecho al juez natural y otras garantías constitucionales, al obligar que el juicio se realice en La Paz pese a que los hechos ocurrieron en Santa Cruz. El TCP, mediante el Auto Constitucional 0032/2025-CA, consideró válidos los planteamientos y suspendió el proceso penal mientras analiza la compatibilidad de la norma con la Constitución.
La resolución afecta directamente el caso del paro cívico cruceño, donde Camacho es uno de los principales imputados. Con el proceso paralizado, su detención queda técnicamente sin sustento legal. «Mientras no se resuelva la constitucionalidad del decreto, no hay base para mantener activo el juicio», explicó una fuente jurídica cercana al caso.
El TCP también ordenó notificar al presidente Luis Arce para que, en un plazo de 15 días, presente sus argumentos sobre la norma cuestionada. La medida reabre el debate sobre la descentralización judicial y si el decreto facilita la judicialización política al concentrar casos sensibles en la sede de gobierno.
El Tribunal deberá emitir un fallo definitivo sobre la constitucionalidad del decreto. La defensa de Camacho celebró la decisión, calificándola como un avance hacia un «juicio justo». Mientras tanto, sectores oficialistas defendieron la norma, argumentando que evita «impunidad por influencias regionales».
El caso marca un nuevo capítulo en la pugna judicial y política que rodea a Camacho, cuya situación legal podría cambiar radicalmente dependiendo del veredicto final del TCP. La resolución también sienta un precedente sobre la aplicación de garantías constitucionales en procesos con alto contenido político.
