El Tribunal Supremo Electoral (TSE) admitió su impotencia frente a la inacción de la Asamblea Legislativa para aprobar normas clave que garanticen la transparencia de los comicios del 17 de agosto. Francisco Vargas, vicepresidente del organismo electoral, confirmó que solo dos de las cinco leyes propuestas lograron media sanción en Diputados, mientras que las más críticas —como la preclusión electoral y el financiamiento para el voto en el exterior— siguen varadas sin agenda de tratamiento.
«Pareciera que no existe voluntad política para blindar el proceso», declaró Vargas en EL DEBER Radio, revelando el giro de estrategia del TSE: al no contar con respaldo legal, apelarán a veeduría internacional y presión social. El vocal admitió que sin la ley de preclusión —que evitaría suspensiones arbitrarias del proceso— y sin fondos para habilitar el voto de bolivianos en el extranjero, el organismo opera con las manos atadas.
El paquete abandonado incluye también la reforma a la Ley 044 para proteger a vocales ante juicios políticos, una demanda histórica del TSE tras la crisis de 2019. En contraste, las únicas normas avanzadas —TREP y debates obligatorios— duermen en el Senado. Mientras la clase política ignora el calendario electoral que se revelará el 2 de abril, el tribunal recurre a un plan B riesgoso: sustituir garantías jurídicas con observación internacional y «control social», en un país donde la polarización amenaza cada comicio.
«Si no hay blindaje legal, lo haremos con los ciudadanos y la comunidad internacional», insistió Vargas, aunque omitió explicar cómo evitarán conflictos sin herramientas legales. La advertencia expone la crónica desconfianza entre poderes del Estado y deja a Bolivia al borde de otro proceso electoral bajo la sombra de la ingobernabilidad.
