2025

La Paz, Bolivia, 26 de marzo de 2025. La Cámara de Diputados definió el orden del día para su sesión ordinaria del jueves, sin incluir el tratamiento de créditos o financiamientos. En su lugar, la agenda legislativa se centrará en la aprobación de proyectos de ley relacionados con la transferencia y enajenación de bienes inmuebles a instituciones educativas, cooperativas y la Policía Boliviana. Entre los puntos a tratar está el Proyecto de Ley N° 112/2024-2025, que busca modificar la Ley 026 del Régimen Electoral para establecer el debate público y obligatorio entre candidatos a cargos electivos. También se debatirá la transferencia de un inmueble del Gobierno Autónomo Municipal de Atocha a favor de la Federación Regional de Cooperativas Mineras del Sur, además de la cesión gratuita de una escuela municipal de enfermería en Huachacalla a la Universidad Técnica de Oruro (UTO). Otra de las normativas en agenda es el Proyecto de Ley N° 134/2024-2025, que dispone la transferencia de un terreno en Monteagudo a favor de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA) para la implementación de una industria de productos del Chaco. Del mismo modo, se analizará la cesión de un lote de terreno en Uyuni para la construcción del Instituto Técnico Superior “Daniel Campos”, así como la entrega de bienes inmuebles a la Policía Boliviana en Colcapirhua y Montero. Pese a que el Gobierno insistió en la necesidad de debatir créditos para impulsar proyectos de infraestructura y desarrollo, la sesión de este jueves estará enfocada en la reasignación de terrenos y la actualización de normativas electorales.

La Paz, Bolivia, 26 de marzo de 2025. La vicepresidenta del Concejo Municipal de La Paz, Roxana Pérez Del Castillo, anunció que en los próximos días se promulgará la “Ley de Congelamiento de Tarifas”, la cual pretende “mejorar” la calidad del servicio del transporte público, eliminando los trameajes y garantizando el cumplimiento de las tarifas diferenciadas antes de aplicar cualquier incremento. Ante las declaraciones de la asesora jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), Amparo Morales, quien acusó a los concejales que aprobaron la norma de usurpar funciones, Pérez Del Castillo rechazó la afirmación y la calificó de politizada. Según la autoridad, esta postura refleja un desconocimiento de la ley y los procesos penales anunciados representan un intento de amedrentamiento que no será aceptado ni por el Concejo ni por la población paceña. El Concejo Municipal aprobó la normativa el 5 de marzo con el objetivo de revertir el incremento en las tarifas del transporte público, autorizado por el alcalde Iván Arias el 25 de febrero. Según Pérez Del Castillo, la decisión del Ejecutivo edil no tomó en cuenta la mejora de las condiciones del servicio ni el cumplimiento de la normativa vigente, que obliga a la alcaldía a supervisar el transporte y proponer mejoras. La concejala aclaró que la nueva ley no impone tarifas adicionales, sino que mantiene vigentes las establecidas en la Resolución Ejecutiva 051/2016. Esta norma, aprobada durante la gestión del exalcalde Luis Revilla, fija el costo del pasaje en Bs 2 para tramos cortos y Bs 2,60 para tramos largos, hasta que se cumpla el acuerdo firmado en ese entonces entre la alcaldía y el sector de transporte. A un mes de la promulgación de la Resolución Municipal de Iván Arias, que aumentó las tarifas a Bs 2,40 para tramos cortos y Bs 3 para los largos, Pérez Del Castillo afirmó que no se observó ninguna mejora en el servicio. Por el contrario, aseguró que aumentaron los trameajes y no se respetan las tarifas diferenciadas, lo que atribuyó a la falta de control municipal. Organizaciones vecinales, escolares y otros sectores expresaron su malestar por estas irregularidades. Además, criticaron la ausencia de socialización del estudio técnico que justificó el incremento tarifario, el cual establecía un rango entre Bs 2,17 y Bs 2,40.

Santa Cruz, Bolivia, 26 de marzo de 2025. La expresidenta de la Cámara de Senadores Adriana Salvatierra reveló que en el reciente “Encuentro por la Estabilidad y la Democracia”, convocado por el Gobierno, los precandidatos Chi Hyun Chung y Manfred Reyes Villa intentaron incluir en las conclusiones del evento un pedido de inhabilitación de la candidatura de Evo Morales. Según Salvatierra, esta solicitud contó con la participación de ministros que buscaron oficiosamente redactar el punto, pero finalmente no prosperó. “Trataron de incorporar esto en las conclusiones dentro de los 12 puntos del encuentro”, afirmó Salvatierra en entrevista con El Central, de Abya Yala Tv. Añadió que el intento no tuvo éxito debido a la falta de sustento jurídico y a la resistencia de algunos participantes. “Hubo miembros que defendieron dignamente que esto corresponde a una decisión del Tribunal Supremo Electoral y no a un Tribunal Constitucional espurio que dañó la democracia”. En criterio de Salvatierra, el evento sirvió para favorecer a ciertos actores y condicionar el escenario electoral en beneficio de algunos sectores políticos alineados con el oficialismo. “Es extraño cómo el candidato Chi y el candidato Manfred entraron en sintonía con el ministro de Justicia para intentar plasmar una posición política dentro de las conclusiones del encuentro”, criticó. Además, recordó que el evismo, que —según dijo— representa al menos un tercio del electorado, no fue convocado a estas reuniones. Salvatierra insistió en que Morales cumple con todos los requisitos constitucionales y que cualquier intento de inhabilitación fuera del marco legal representa un atentado contra la democracia.

Santa Cruz, Bolivia, 26 de marzo de 2025. La expresidenta de la Cámara de Senadores Adriana Salvatierra criticó la constante realización de encuentros y cumbres políticas que, a su criterio, no dieron resultados concretos para el país. Además, denunció que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) trazó una ruta de “desinstitucionalización de la democracia”, lo que debilitó el equilibrio de poderes y, en consecuencia, afectó el funcionamiento de la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En entrevista con El Central, de Abya Yala Tv, Salvatierra advirtió que las decisiones del TCP provocaron un deterioro de la confianza en las instituciones del Estado y pusieron en riesgo la estabilidad democrática. De ese modo, cuestionó la realización del denominado “Encuentro por la Democracia”, impulsado por el gobierno y el TSE, en el que se buscó, entre otros puntos, reforzar el principio de preclusión para los procesos electorales. Según la exsenadora, esta normativa ya está contemplada en la Ley del Régimen Electoral y su reiteración es una muestra de la crisis de confianza en el sistema político. Además, reveló que en dicho encuentro hubo intentos de incluir la inhabilitación del expresidente Evo Morales como candidato presidencial en las conclusiones finales. “Fue una solicitud planteada por la alianza entre Chi Hyun Chung y Manfred Reyes Villa, con respaldo de ministros del Gobierno, pero finalmente no prosperó”. Salvatierra consideró este hecho como un intento de condicionar el escenario electoral y restringir la participación política de ciertos actores. En otro punto, criticó la falta de avances en las mesas de diálogo entre el gobierno y los sectores empresariales. Mencionó que los temas discutidos en febrero de 2024, como la escasez de dólares y combustibles, siguen siendo parte de la agenda en 2025 sin soluciones concretas. “Estos encuentros solo sirven para desactivar conflictos momentáneamente, pero no generan respuestas estructurales”, sostuvo. Respecto al panorama electoral, cuestionó la proliferación de encuestas promovidas por distintos sectores de la oposición, asegurando que buscan influir en la opinión pública más que fomentar un debate de propuestas. “El deterioro democrático se refleja en la falta de un debate real sobre soluciones para la crisis económica y política que enfrenta Bolivia”, indicó.