Andrés Huanca Rodrigues
El debate en torno a la Ley 218 Contra Legitimación de Ganancia Ilícitas (…) hubiera estado en su contenido si continuáramos en la “socialización”, abierta por el Senado la semana pasada para superar la amplia desinformación diseminada por la oposición política y mediática. Sin embargo, el jueves pasado se detuvo con freno mano el proceso de socialización y el cercano tratamiento de la Ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), haciendo de lo que queda de la reflexión un debate político en torno a las lecciones que nos deja esta semana. En ese sentido, vale la pena hacer algunos apuntes.
Primero, impulsada por la derecha, la disputa por la norma no tuvo como fondo el contenido de la misma. Por lo tanto minimizar su anulación aludiendo a que no era relevante la Ley en sí, es un error. Desde el 2016 las agrupaciones de la derecha se montaron del descontento de sectores urbanos y gremiales -en particular el Colegio Médico- para tirar sistemáticamente, mediante movilización, una serie de medidas del gobierno. El caso más recordado fue el nuevo Código Penal del 2017-2018, pero también estuvo el Proyecto de Ley del Artista del 2017 y la Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud del 2019, entre otros. En todos los casos, más allá de las posibles enmiendas que se podrían hacer a los proyectos de ley, quiere decir a ocuparse del contenido en sí mismo, lo que se impuso fue una campaña de rechazo total y anulación sin medias tintas. Más recientemente, durante el encuentro del bloque opositor en Santa Cruz que determinó el bloqueo nacional fallido del lunes 11 de octubre, se demandaron desde la liberación de Áñez, hasta “restituir los ⅔ de la ALP”. La Ley 218 fue una entre otras. Quiere decir, el rechazo a la Ley fue político y por lo tanto la consecuencia de retirarla es política.
Segundo, vinculado a lo primero, la sucesión de presiones vía movilización señala lo que tanto viene repitiendo el gobierno nacional a propósito de la anulación de la Ley 218; independientemente de la ley en cuestión y su contenido, la oposición busca desestabilización. Sin embargo, de allí se puede desprender un mar de profundidad en torno al cómo y al por qué. Por cuestión de espacio solo se mencionan dos aspectos. Sobre la oposición, es importante ir indagando en esta peculiar capacidad de asentar su agenda legislativa en contra de la mayoría parlamentaria que goza el MAS. Estamos hablando de que gozando de más del 50% de la ALP y habiendo mostrado mayor presencia en calle con el “wiphalazo” del martes, la minoría parlamentaria se impone. Su rechazo absoluto a mediar el tratamiento de las leyes y su vergonzoso número de propuestas de ley en un año -tan solo 12- confirma lo evidente: la oposición no está apuntando a la gestión, sino al desgaste fuera y dentro del parlamento.
Por el lado del gobierno, la semana pasada se publicó en la revista marxista Jacobin una entrevista a Álvaro García Linera (acortar.link/jL8WIz). Entre varios tópicos, el ex vicepresidente mencionó la estrategia del gobierno ante la movilización pitita del 2019, “acciones que hagan las veces de «colchón de contención» para esas movilizaciones, a la espera de que se agoten (…) Y, a medida que fuera agotándose, desarrollar la movilización social hacia el lugar”. Esta estrategia parece acercarse a la decisión tomada de retirar la Ley 218, en particular a lo de establecer un “colchón de contención”, de quitar la medida antes de que provoquen mayor convulsión. Viendo las cosas con frialdad y realismo, la medida del gobierno es la correcta a corto plazo. Sin embargo, queda en duda si a largo plazo se podrá seguir con la misma estrategia, cuando se den la sucesión de movilizaciones opositoras y que auguran la paradoja del 2016-2019: Suspendes el tratamiento de leyes para evitar la ingobernabilidad proveniente de la movilización, pero entras en una especie ingobernabilidad al no poder legislar. En ese sentido, más allá de si esto perjudicará o no los intereses electorales futuros ¿qué pasará, qué harás, cuando tengas que implementar una medida más transendental en relación a los intereses populares? ¿Bastará la estrategia de la contención? A tiempo que se cierra la redacción de este escrito, parte del sector gremial ya anunció más movilizaciones, ahora por la Ley 1386 y, como era de esperar, la derecha afirmó que respaldará la medida.
Tercero, la convocatorio orgánica de la oposición liderada por el Comité Pro Santa Cruz, y que tiene de furgón de cola a Carlos Mesa, esta mermada. Es un dato relevante que cooperativistas mineros y gremiales hayan decidido políticamente no acatar el paro convocado por los cívicos y llamar a medidas autónomas de protesta en contra de la Ley 218. Sin embargo, así como toma prestado el “voto castigo”, “voto útil”, “voto crisis”, “voto odio”, la derecha puede e intentará tomar prestada la movilización de los grupos corporativos, diseminándose en su interior y montándose en la cresta de su ola. El gobierno tendrá que asumir que al igual que la reciente Marcha Indígena que se plegó al paro de los cívicos, o ciertos sectores de cocaleros en los Yungas que reciben “capacitación” de la derecha, el rostro del descontento no será el pitita promedio, sino de sectores populares. En ese sentido, valdría la pena problematizar qué es ser un “gobierno de los sectores populares” en tanto que, como la basta y truculenta historia enseña, una demanda proveniente de un sector popular no necesariamente es en beneficio de las clases populares. Bástese con mencionar el triste rol que juegan gran parte de los médicos como un sector trabajador, en contra de la gran mayoría de los trabajadores. ¿Qué es ser un gobierno de los sectores populares y cuál es el costo?
Y por último, cuarto. Se ha brindado como explicación y autocrítica del retiro de la Ley 218 que el gran problema fue su socialización previa. Puede ser. Sin embargo, poco sabemos qué quiere decir en la práctica dicha socialización, dada su abrupta suspensión. ¿Es una cuestión de comunicación política? ¿Trabajo en medios? Es importante mencionar que hubieron leyes que fueron tiradas a pesar de estar “socializadas” y contar con decidido apoyo popular: la Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud, por ejemplo, fue apoyada y celebrada por la Central Obrera Bolivia. Y por otro lado, también hay leyes que son aprobadas con total ignorancia de la población, sin que eso suponga una sublevación. Quiere decir, la socialización previa y masiva para legislar no es condición. La socialización, como ahora vemos, es en realidad una respuesta a la enorme capacidad de desinformación de ciertos actores, en particular de los grandes medios de comunicación privados. Pero siendo realistas, el aparato mediático de la izquierda en general, aún habitando el Estado, es incapaz de competir con el cartel mediático que opera con total holgura en nuestro país. Sería necesaria una Ley de Medios que democratice la difusión y acceso a la información, sin embargo, en las condiciones actuales los mismos medios tirarían sin mucho esfuerzo el proyecto de Ley. Por lo pronto, librados de la ilusión de competir mediáticamente con la oposición para cumplir lo que el voto le otorgó al gobierno, se tendrá que echar mano de la creatividad y las ventajas propias. En ese sentido, retomando la reflexión de un buen compañero, asumir la potencialidad del aparato, de la militancia, de los orgánico, da apertura a posibles salidas. Quiere decir, avanzar en la socialización como un despliegue organizativo, más que mediático. Pero bueno, habrá que seguir pensando.
El autor es antropólogo.