A través de un comunicado, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) expresó su preocupación ante la reciente detención del exmandatario boliviano Luis Arce Catacora, y calificó estos acontecimientos ocurridos en el Estado Plurinacional de Bolivia como el «inicio de un proceso de judicialización de la política dirigido» contra el expresidente.
Desde la plataforma latinoamericana advierten que se ha puesto en marcha un patrón ya conocido en la región, con el que históricamente se ha instrumentalizado el sistema judicial «con fines de persecución política», vulnerando el Estado de Derecho, la soberanía del pueblo y la convivencia democrática.
Su advertencia eleva la gravedad del asunto, alertando que este tipo de prácticas se asocian con procesos de lawfare, cuyo fin es «deslegitimar, neutralizar y perseguir a líderes y fuerzas políticas populares», por lo que no responde a voluntad democrática alguna, y sí a la acción de los lobbys y oligarquías nacionales contrarias a las decisiones del pueblo.
Con su mensaje, ALBA denuncia lo que califican como una estrategia promovida por sectores derechistas extremistas de la región, que pretende «revertir conquistas sociales, desmantelar proyectos soberanos y quebrantar la voluntad de los pueblos mediante mecanismos no electorales».
Este viernes, Luis Arce se declaró inocente este viernes ante un juzgado boliviano, y rechazó las acusaciones de presunto desfalco en un fondo estatal destinado a comunidades indígenas. El pasado miércoles, un juez dispuso la detención preventiva de Arce por cinco meses en una cárcel de La Paz, una medida que se enmarca en una investigación por supuestos malos manejos en ese fondo mientras el exmandatario fungía como ministro en el Gobierno de Evo Morales.
El equipo legal del expresidente defendió su inocencia, invocando el principio de presunción y lo establecido en el artículo 6 del Procedimiento Penal. La defensa se comprometió, además, a asegurar la presencia del exmandatario en todas las diligencias de investigación fiscal y judicial que las autoridades determinen.
De acuerdo con la Fiscalía boliviana, los hechos denunciados corresponden al periodo en el que Luis Arce fungía como ministro, antes de asumir la jefatura del Estado. De acuerdo con el Ministerio Púbico de ese país, el caso sobre el ex Fondo de Desarrollo Indígena incluye “supuestos hechos de corrupción en los que se habrían dispuesto recursos económicos en montos significativos”, en los que estarían implicados también otros funcionarios.
