Aníbal Abel Aguilar Gómez, un hombre de 72 años recluido en el penal de San Pedro de La Paz, denunció mediante un comunicado público las irregularidades en su proceso judicial y el deterioro crítico de su salud durante los nueve meses que lleva detenido. El adulto mayor, con diagnósticos de pólipos, quistes, hernias, gastritis y antecedentes de pre-cáncer, asegura que su encarcelamiento vulnera sus derechos fundamentales.
En el documento, Aguilar Gómez revela que aceptó un proceso abreviado bajo «engaños, presiones psicológicas y amenazas», pero que ahora retira esa solicitud para reafirmar su inocencia. «Nunca tuve participación en los hechos del caso Plaza Murillo que se me imputan», sostiene, mientras denuncia que nunca se presentaron pruebas ni su declaración vinculante de forma pública.
El detenido exige tres medidas urgentes: garantías de protección para él y su familia contra posibles represalias, acceso a un proceso judicial justo con toda la documentación necesaria para su defensa, y atención médica especializada acorde a sus múltiples condiciones crónicas.
El dramático llamado incluye un pedido de intervención a organismos de derechos humanos y a la opinión pública, en lo que se perfila como un nuevo caso cuestionado de administración de justicia en Bolivia. La situación pone en evidencia las condiciones del sistema penitenciario para adultos mayores con graves problemas de salud, mientras las autoridades judiciales no se han pronunciado sobre las graves acusaciones de coerción en el proceso.
