Aprehenden a exfuncionario de YPFB por presunta corrupción en millonaria contratación

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aprehendió en las últimas horas a un exfuncionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), investigado por presuntos actos de corrupción vinculados a un proceso de contratación en Cochabamba.

El coordinador de la Fiscalía Anticorrupción, Kevin Fuentes Sempertegui, informó que la intervención se realizó en el municipio de Challapata, Oruro, donde se ejecutó el mandamiento emitido por el Ministerio Público. “En Oruro, en el municipio de Challapata, se procede a la ejecución del mandamiento de aprehensión fundamentada en contra del señor Luis Alberto G. V., quien era funcionario de YPFB y tenía el cargo de jefe de unidad de aseguramiento de la producción”, señaló.

De acuerdo con la Fiscalía, el exservidor público, de 52 años, habría favorecido a una empresa adjudicataria del “Servicio de Catering” destinado al complejo Río Grande y a la Planta de Amoníaco y Urea en 2021. La contratación, que manejaba un presupuesto aproximado de Bs 17 millones, habría sido utilizada para beneficiar de manera irregular a terceros a cambio de depósitos económicos.

Fuentes explicó que el acusado “habría participado como unidad solicitante y en diferentes etapas de un proceso de contratación específico”, y que durante ese periodo recibió montos de dinero de la empresa beneficiada y de otras personas, además de mostrar un incremento patrimonial que no pudo justificar.

El exfuncionario es investigado por los delitos de negociaciones incompatibles, cohecho pasivo y uso indebido de influencias. Actualmente permanece en las celdas de la Felcc ubicadas en la Laguna Alalay, en Cochabamba, mientras el Ministerio Público ya presentó la imputación formal en su contra.

Las oficinas de YPFB en Cochabamba fueron intervenidas el 1 de diciembre tras denuncias sobre cobros irregulares en procesos de licitación. En ese marco, la Fiscalía anunció que solicitará la detención preventiva del acusado por un periodo de seis meses mientras avanzan las investigaciones.

Fuente: Correo del Sur