Este domingo, los ecuatorianos acudirán a las urnas para manifestar su apoyo o rechazo a las 11 preguntas de la consulta popular impulsadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. La mayoría de los interrogantes están relacionados con el ámbito de la seguridad, como el rol de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, el incremento de las penas en delitos graves y la posible extradición de ecuatorianos. Ecuador está pasando por una profunda crisis de seguridad pública, registrando alrededor de 8.000 muertes violentas en 2023, la mayor tasa de homicidios en América Latina. Pero también hay otras preguntas que han generado polémica como la de contratos de trabajo por horas y el arbitraje internacional para inversiones y asuntos comerciales. El asalto a la embajada de México en Quito (que ocurrió el viernes 5 con el fin de capturar al exvicepresidente Jorge Glas) le trajo algunos costos importantes, como el quiebre de relaciones diplomáticas con el país liderado por Andrés Manuel López Obrador, la condena de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el cierre por parte de Venezuela de su embajada y consulados en Ecuador. Además, la nación andina está sufriendo una grave crisis energética que ha llevado a Noboa a declarar emergencia en el sector eléctrico, a realizar “racionamientos temporales” (con cortes de hasta 5 horas al día), y a suspender durante dos días la jornada laboral (jueves 18 y viernes 19 de abril). Aquí te contamos qué está en juego con la consulta popular y qué podría implicar para Ecuador la aprobación de las reformas que se plantean. 1. Militarización, extradición y endurecimiento de las penas Desde que se intensificó la violencia en Ecuador, hace unos cinco años, las autoridades de ese país han decretado estados de excepción de forma regular con el fin de que las fuerzas armadas puedan apoyar a la policía a combatir el crimen organizado. Una de los objetivos de la consulta popular es que se permita el apoyo complementario de los militares a las policías sin la necesidad de decretar estados de excepción. Para ello, se necesitaría una reforma parcial de la Constitución ecuatoriana. De aprobarse, las Fuerzas Armadas podrían dar su apoyo por un período de 180 días (más otros 30 prorrogables). En palabras de Noboa, los ecuatorianos requieren «reformas urgentes que nos permitan blindar nuestra seguridad». «Este proceso solamente puede continuar, puede sostenerse si le damos a la policía y a las fuerzas armadas el respaldo claro y firme que estamos planteando en la consulta popular», señaló el presidente Sin embargo, la medida ha generado ciertas dudas. Jorge Núñez, cofundador del centro Kaleidos en la Universidad de Cuenca -que en 2021 elaboró un diagnóstico de las cárceles ecuatorianas-, asegura que es “un error”. “En los últimos meses hemos visto que la militarización de las ciudades no funciona. Es tratar de apagar el fuego con gasolina”, le dice a BBC Mundo. Por su parte, el sociólogo e investigador del programa de sociología política de Flacso en Ecuador, Franklin Ramírez, plantea preocupación desde la perspectiva de los derechos humanos. “Me parece complicadísimo. Desde el 9 de enero de 2024, cuando se decretó el conflicto armado interno en Ecuador, se han multiplicado las denuncias en contra de las policías y fuerzas armadas con respecto al uso de la fuerza y la violencia en contra de las poblaciones más empobrecidas”, advierte en conversación con BBC Mundo. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, también ha manifestado preocupación por esta medida, advirtiendo que los militares en las calles pueden hacer “lo que se les dé la gana”. En una declaración pública, la Conaie señaló que «el uso habitual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna podría llevar a una militarización de la sociedad, lo cual puede tener implicaciones negativas en términos de derechos humanos y libertades civiles». Una mirada distinta tiene Matías Abad, columnista y académico de la Universidad del Azuay, quien asegura que los militares sí pueden ser un buen apoyo para las policías en estos momentos convulsos que vive el país. “Las fuerzas armadas pueden hacer un aporte positivo al trabajar de manera conjunta con la policía en temas como inteligencia. Pueden hacer equipo, compartir información, trazar estrategias y operativos de trabajo conjunto en contra de los grupos delincuenciales organizados”, le explica a BBC Mundo. Otra de las preguntas de la consulta popular relativa a la seguridad tiene que ver con las penas de los delitos. Los ecuatorianos deberán responder si están o no de acuerdo con que se incrementen estas penas en casos como terrorismo, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas o tráfico de armas, entre otros. Para ello, el país tendría que reformar el Código Orgánico Integral Penal. Una vez más, para Jorge Nuñez, quien también es codirector del Observatorio de Prisiones de Ecuador y profesor asistente de la Universidad de Ámsterdam, esta medida es equivocada. “Sabemos que el incremento de las penas no necesariamente soluciona o disminuye la criminalidad”, dice. “Lo que realmente hace es poner mucha más presión en los sistemas de cárceles y hacerlos más costosos. Si el Ecuador no tiene control de sus cárceles, ¿por qué esta podría ser una buena medida?”, se pregunta. “Lo único que estamos haciendo es agravar el problema”, añade. Del otro lado, hay quienes defienden la medida indicando que podría ser efectiva para cierto tipo de delitos. “Hay gente que señala que se trata de un tema de populismo penal, pero creo que si sumamos todos los elementos, es decir, le damos más competencia a las fuerzas armadas y fortalecemos el sistema penitenciario, el aumentar las penas podría tener un impacto positivo, sobre todo en cierto tipo de delitos que hoy son mucho más frecuente como el lavado de activos y la minería ilegal”, indica Matías Abad. Por otra parte, los electores deberán decidir si aceptan que algunos de sus compatriotas puedan ser extraditados por delitos tipificados en la legislación ecuatoriana. La extradición ya fue rechazada en la anterior consulta popular promovida por el expresidente Guillermo Lasso en febrero de 2023, pero la situación en Ecuador se ha agravado aún más en el último año. Daniel
