Abya Yala

La Paz, Bolivia, 6 de noviembre de 2025. La expresidenta Jeanine Áñez abandonó este jueves el penal de Miraflores tras casi cinco años de reclusión, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulara la sentencia de 10 años dictada en su contra por el caso Golpe II. Al salir del recinto penitenciario, agradeció a su familia por su libertad y dijo esperar un tiempo nuevo “con esperanza y justicia imparcial”. “Ha sido un tiempo duro y doloroso, no solo para mí, sino para mis hijos, que llevaron este calvario”, expresó Áñez. Denunció que durante su detención fue tratada “como una delincuente sin compasión” y que su salud se deterioró significativamente. “Tengo lagunas mentales”, reveló. Pidió perdón a sus hijos “porque no merecían pasar este viacrucis” y sostuvo que jamás se arrepintió de sus actos como mandataria. “Serví a mi patria”. Áñez asumió la Presidencia del Estado en noviembre de 2019, tras la salida del expresidente Evo Morales, y permaneció en el cargo durante 361 días. En su calidad de segunda vicepresidenta del Senado, Áñez se proclamó presidenta de la Cámara Alta y, posteriormente, del Estado, en actos que, según la sentencia, se realizaron sin quórum ni participación de la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Cochabamba, Bolivia, 6 de noviembre de 2025. El senador saliente del ala evista Leonardo Loza cuestionó la decisión del presidente electo Rodrigo Paz y del vicepresidente Edmand Lara de invitar a los mandatarios de Argentina y Ecuador a la ceremonia de investidura prevista para este 8 de noviembre. Loza señaló que la presencia de estos jefes de Estado no representa un respaldo significativo para la reactivación económica de Bolivia, y calificó las invitaciones como una “estrategia política más que diplomática”. “Estos presidentes no aportarán en gran medida al fortalecimiento económico del país. Bolivia necesita aliados que acompañen procesos productivos, no solamente saludos protocolares”, manifestó el legislador. Asimismo, el senador evista recomendó al expresidente Evo Morales no asistir al acto de posesión, argumentando que el nuevo gobierno mantendría una línea de persecución política en su contra. “Mientras sigan abiertos los procesos judiciales contra Evo Morales, su presencia podría ser utilizada políticamente. Lo más prudente es no exponerse”, añadio. La posesión de Rodrigo Paz se llevará a cabo este sábado en el nuevo hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en un evento que contará con la presencia de autoridades nacionales e internacionales.

La Paz, Bolivia, 6 de noviembre de 2025. A días de su salida del gobierno, el presidente Luis Arce promulgó la Ley de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio y Otros Delitos Contra la Vida, que dispone asistencia económica, atención psicológica, apoyo legal y acceso prioritario a la salud y la educación para los menores que perdieron a sus madres en hechos de violencia. La norma, aprobada la pasada semana por la Asamblea Legislativa, fue impulsada durante más de dos años por colectivos de mujeres, organizaciones civiles y la Defensoría del Pueblo, que acompañó el proceso y destacó que su aplicación marcará un antes y un después en la atención a las víctimas indirectas de los feminicidios. Entre sus principales disposiciones, la ley establece un bono mensual equivalente al 20% del salario mínimo nacional, atención integral en el Sistema Único de Salud (SUS), asesoría legal gratuita, apoyo psicológico especializado y prioridad en programas de vivienda social. El beneficio alcanzará a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, y se extenderá hasta los 25 años en los casos de jóvenes que cursen estudios superiores.

La Paz, Bolivia, 6 de noviembre de 2025. La plaza Murillo de La Paz, epicentro político del país, amaneció este jueves bajo resguardo policial y cerrada al público. El operativo forma parte del último ensayo previo al acto de transmisión de mando presidencial previsto para este sábado 8 de noviembre. Desde la madrugada, efectivos policiales instalaron tres anillos de seguridad que bloquean el acceso de peatones y vehículos al corazón del poder político. En el interior del perímetro, unidades militares y bandas oficiales realizaron los últimos ajustes logísticos del acto que marcará el inicio del gobierno de Rodrigo Paz. El vicecanciller Elmer Catarina confirmó que la jornada está dedicada al ensayo general en plaza Murillo, mientras en el Aeropuerto Internacional de El Alto se prueban los dispositivos de seguridad para el arribo de delegaciones internacionales y mandatarios invitados. Las denominadas “cápsulas de seguridad” fueron desplegadas para coordinar los traslados oficiales. De forma paralela, avanzan los trabajos de refacción en los edificios de la Casa Grande del Pueblo y la Asamblea Legislativa, donde se afinan los detalles del protocolo oficial. La Cancillería confirmó que la ceremonia contará con la presencia de 52 delegaciones internacionales, incluidos los presidentes Gabriel Boric (Chile), Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay), además del secretario general de la OEA, Albert Ramdin.

Cochabamba, Bolivia, 6 de noviembre de 2025. El expresidente Evo Morales denunció este jueves que continúa siendo víctima de una “guerra judicial” motivada por racismo y odio, y advirtió que existe un consorcio de jueces y fiscales que ya habría decidido su condena por razones políticas. El exmandatario afirmó, en sus redes sociales, que sufre desde hace años una persecución política con acciones judiciales y campañas de difamación. “Soy víctima desde hace tiempo de una brutal persecución política, guerra judicial, proscripción electoral, difamación e insultos cargados de violencia, racismo y odio”. Morales aseguró que los procesos en su contra carecen de sustento probatorio y que detrás de ellos opera un “consorcio de jueces y fiscales” alineado con intereses políticos. “Los que me acusan no tienen pruebas, pero cuentan con un consorcio que ya redactó mi condena”, expresó. Por ello, pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) demostrar imparcialidad y aplicar el principio constitucional de presunción de inocencia. “El TSJ debe garantizar para todos los bolivianos el debido proceso y la presunción de inocencia”.

Cochabamba, Bolivia, 6 de noviembre de 2025. Efectivos policiales que fueron dados de baja durante el conflicto político de 2019, tras el repliegue policial, solicitaron al gobierno del presidente Rodrigo Paz y al ministro de Gobierno Edmand Lara su restitución en la institución verde olivo. El mayor Edwin Morales, en conferencia de prensa, informó que los policías fueron sancionados sin pruebas durante el anterior gobierno nacional y que, a nivel nacional, más de 100 efectivos se encuentran en la misma situación. “Fuimos juzgados injustamente y sin pruebas. Lo único que pedimos es volver a cumplir nuestro deber como policías”, expresó Morales. Según el oficial, al menos 50 de los afectados ya cuentan con amparos constitucionales ganados, lo que respalda su solicitud de reincorporación. Los exefectivos esperan que el nuevo gobierno escuche su demanda y restituya sus derechos laborales, permitiéndoles regresar a la institución policial tras seis años de lucha legal y administrativa.

Cochabamba, Bolivia, 5 de noviembre de 2025. El diputado saliente del ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS) Héctor Arce calificó como una decisión política el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anuló la sentencia de 10 años de cárcel contra la expresidenta Jeanine Áñez y dispuso su libertad inmediata. Arce manifestó que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres Saucedo, actuó con intereses políticos y no en favor de la justicia ni de las víctimas del conflicto de 2019. “Esta decisión no responde al clamor de los cientos de víctimas del golpe de Estado de 2019, sino a intereses políticos que buscan beneficiar a quienes vulneraron el orden constitucional”, expresó Arce. El legislador agregó que este fallo representa un retroceso en la búsqueda de justicia y pidió que las instituciones judiciales actúen con independencia y transparencia para garantizar el respeto a la memoria de las víctimas y a los principios democráticos del país.